OPINIÓN EXPERTA
Entre el
Congreso y el Tesoro
En los próximos tres meses, Puerto Rico se juega la vida.
Soy consciente de que amplios sectores del País aún no lo ven porque están entretenidos con el último chisme del momento o con las primarias.
A pesar del intento de enajenación colectiva, en los próximos tres meses el Gobierno enfrentará el vencimiento de varios pagos de obligaciones financieras ascendentes a $1,800 millones, la posibilidad de un impago y la posible imposición de una Junta de Control Fiscal Federal.
Tuve la oportunidad de visitar nuevamente el Congreso durante la primera semana de marzo. En esta segunda visita, tuve reuniones con funcionarios claves de los comités de Recursos Naturales y Finanzas de la Cámara baja. Precisamente es en el comité de Recursos Naturales que preside Rob Bishop (R-Utah), donde se trabaja un proyecto de ley para atender la crisis fiscal de la Isla, y que posiblemente incluya una Junta de Control Fiscal.
El “speaker” Paul Ryan estableció al comienzo de la presente sesión legislativa que para el 31 de marzo habría alguna pieza legislativa para atender la grave situación financiera del Estado Libre Asociado (ELA).
En mis reuniones tuve la oportunidad de entregar un documento de mi autoría que lleva como título “A path to recovery: A fiscal board and chapter 9 for Puerto Rico” en el que establezco mi visión de lo que debería incluir una acción congresional sobre la Isla.
Los cuatro puntos o parámetros de un programa de apoyo a la Isla deben incluir una Junta Fiscal fuerte en el corto plazo, que permita tomar las acciones en materia fiscal y de reestructuración del Gobierno. Una vez estabilizada la situación, esta junta puede ir transitando hacia un rol de supervisión estableciendo ciertos parámetros a cumplirse por el Gobierno local.
El segundo punto propuesto, es permitir el capítulo 9 limitado a ciertos emisores de deuda, particularmente las utilidades públicas. En tercer lugar, recomendé atender el tema de las pensiones de los empleados públicos que están al borde de la insolvencia y que, de colapsar, provocarían una verdadera crisis social.
El cuarto punto, es incluir algún instrumento o incentivo fiscal para reactivar la economía local. Aquí enfaticé que el problema de fondo de la actual crisis fiscal, es el colapso de la capacidad productiva de Puerto Rico. Fui claro en que los manejos fiscales o de reestructuración, fracasarán sino se atienden los problemas estructurales que impiden que la economía recupere su capacidad de crecimiento y que este aspecto hay una responsabilidad compartida con el Congreso.
Hubo receptividad a mis planteamientos, sin embargo, es difícil precisar cuál será el destino legislativo de la ayuda a la Isla en los dos cuerpos legislativos.
Lo que sí puedo afirmar es que la falta de unidad de propósitos de la clase política local y la falta de transparencia financiera del Gobierno, han debilitado las posibilidades de que se atienda con rapidez y determinación la situación de Puerto Rico. El peor error que se ha cometido es que en el peor momento histórico se han trasladado a Washington las micro-agendas políticas.
EL PLAN B. Como indiqué al principio, en los próximos tres meses Puerto Rico enfrenta un abismo fiscal provocado por la falta de liquidez para pagar los vencimientos y mantener el Gobierno funcionando.
El otro reto es cómo el Gobierno actual confeccionará el presupuesto para el período fiscal 2016-17 bajo esta incertidumbre.
De hecho, la segunda parte de ese presupuesto la hereda el Gobierno entrante, independientemente del partido que gane en noviembre. He aquí un incentivo para que la oposición política colabore, pues si esto sale mal, va a afectar los primeros seis meses de un posible nuevo Gobierno bajo el Partido Nuevo Progresista.
La segunda pregunta es ¿Cuál es el plan B si el congreso no pasa legislación? Claramente la única opción efectiva para evitar los impagos y un posible impago, es que, por una orden ejecutiva presidencial,el Departamento del Tesoro, habilite algún mecanismo que permita a este organismo federal comprarle deuda al Gobierno local mediante notas de anticipación (TRANS) o el Tesoro actuar como garantizador de esa deuda para que el ELA pueda acceder al mercado y levantar capital para atender el problema de liquidez.
Bajo este plan, el Tesoro pudiera implementar algún tipo de mecanismo de supervisión menos intrusivo que la Junta de Control Fiscal que se prepara mediante legislación.
Esta supervisión será esencial para asegurar el buen uso de los recursos generados, particularmente porque estamos en época de elecciones. De igual manera, la supervisión permite mitigar un posible efecto político ante la percepción de que el Gobierno federal ha salido al rescate de Puerto Rico, cuando no salió al rescate de Detroit antes de su quiebra en el 2013.
No se puede perder de perspectiva que allá también están en período eleccionario y todas las acciones tendrán un efecto político. Hay más preguntas que respuestas, pero parece que nos espera un verano largo y caliente.