Crítica vista hoy en el Supremo de EE.UU.
En la víspera de la audiencia oral del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre la quiebra criolla, expertos y políticos hicieron sus pronósticos y debatieron en Washington sobre la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla
WASHINGTON.- Cuando siete jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos se enfrenten hoy en una sesión oral a la constitucionalidad de la ley puertorriqueña de quiebras, tendrán ante sí el debate sobre la desprotección de Puerto Rico frente al sistema federal.
Pero, aunque el debate de fondo sea el status, en términos prácticos, tendrán que decidir si confirman la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que declaró inconstitucional la ley criolla de quiebras, o deciden que es inconstitucional la exclusión de la Isla del capítulo 9 de la ley federal de bancarrota o validan el estatuto puertorriqueño, según expertos y autoridades de la Isla.
Debido a la muerte del ícono de los conservadores Antonin Scalia y la inhibición del juez Samuel Alito, serán cuatro liberales -Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer y Elena Kagan-, y tres conservadores – Anthony Kennedy, Clarence Thomas y el juez presidente, John Roberts-, los que harán las preguntas en la sesión de hoy, prevista para las 11:00 A.M..
El caso llega ante el máximo foro judicial estadounidense después de que un panel de jueces del Primer Circuito declaró inconstitucional la ley criolla de quiebras, por entender que cuando el Congreso excluyó a Puerto Rico del capítulo 9, ocupó el campo e impidió a la Isla legislar su propio estatuto.
En una opinión concurrente, sin embargo, el juez Juan Torruella, el único puertorriqueño en el foro judicial que revisa las decisiones del Tribunal Federal de San Juan, mantuvo que declararía inconstitucional la exclusión del capítulo 9, convencido de que viola la cláusula de uniformidad de las leyes que tiene la Constitución y define el sistema de quiebras.
“Me inclino por la teoría del juez Torruella, pues -la exclusión de la Isla del capítulo 9-, irrita los propósitos de la ley de quiebras, que es que haya procesos racionales para manejar esos asuntos”, indicó el constitucionalista Carlos Gorrín Peralta, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, quien participó ayer en un foro en la American University de Washington D.C..
Por escrito, el comisionado residente Pedro Pierluisi, sostuvo que el Tribunal Supremo de EE.UU. tiene dos opciones: “invalidar la ley de quiebra criolla o invalidar la exclusión de Puerto Rico del capítulo 9 federal”.
Manuel Rivera, abogado boricua radicado en Washington D.C., recordó que nace de la propia Constitución de EE.UU. el reclamo de que deben existir normas federales uniformes tanto para fines de naturalización como de “bancarrota”.
En el foro de American University, organizado en colaboración con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el constitucionalista Gorrín Peralta, quien ha sido parte de la dirección del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Luis Vega Ramos y el precandidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a comisionado residente en Washington, Carlos Pesquera, coincidieron en que el problema de fondo de la ausencia de un mecanismo de bancarrota para reestructurar por lo menos una parte de la deuda pública de Puerto Rico, es la autoridad plenaria del Congreso sobre la Isla.
“La Isla permanece tal y como fue era en 1898; un territorio de EE.UU.”, dijo Pesquera, al indicar que gobiernos de Puerto Rico han sido irresponsables en el manejo de la cosa fiscal, pero también el “Congreso y la Rama Ejecutiva han fallado en ejercer su poder de supervisión”.
LA JUNTA FEDERAL. Como legislador, Vega Ramos reiteró su rechazo a cualquier junta federal de control fiscal que persiga arrebatar los poderes sobre el presupuesto de la Isla a los funcionarios electos.
“Mi voto será en contra”, si el Congreso quiere que la Legislatura de Puerto Rico ratifique la creación de una junta, dijo Vega Ramos, al indicar que presume que otros legisladores también se opondrán en la Legislatura de Puerto Rico a una junta fe-
“No hace falta y es ofensiva una junta federal de control
fiscal”
LUIS VEGA RAMOS
Representante del PPD
deral de control fiscal.
A minutos de distancia, en otro foro, auspiciado por el grupo de estudio American Security Project (ASP), el desarrollador puertorriqueño Alejandro Brito dio la bienvenida a una junta federal de control fiscal.
Brito afirmó que los políticos del PNP y PPD, que se han turnado en el poder durante el último medio siglo, son igualmente responsables de evitar tomar las decisiones fiscales difíciles y sucumbir al “populismo”.
“Como los alcohólicos”, la clase política de la Isla en general pide una nueva oportunidad porque dicen que “esta vez sí lo voy a poder lograr”, indicó Brito, quien rechazó el argumento de que el problema es el status, pues considera “que mala administración es mala administración, sea bajo un Estado Libre Asociado mejorado, estadidad o independencia”.
En en el foro de ASP, el exgobernador Luis Fortuño, también defendió la creación de una junta federal de control fiscal, pero mantuvo que debe ir acompañada por iniciativas del Congreso para mejorar la economía, como una “reforma regulatoria”.
Fortuño, quien favorece la inclusión de las empresas públicas en el capítulo 9, sostuvo que sería un error “igualar” a todos los acreedores en un proceso de reestructuración. “Puerto Rico tiene opciones para negociar con los acreedores y evitar un impago”, dijo Fortuño, bajo cuyo gobierno la deuda pública aumentó en cerca de $17,000 millones, la cifra más alta para un solo cuatrienio.
MORATORIA. Como Vega Ramos en la American University, en el foro de ASP, el representante PPD Rafael “Tatito” Hernández, abogó también por una moratoria en el pago del principal de la deuda pública.
Hernández sostuvo que en las conversaciones con los acreedores, incluidos los que tienen bonos de obligaciones generales, se ha hablado de decretar una moratoria de un año, como propone específicamente el proyecto del senador demócrata Robert Menéndez (Nueva York).
“Tiene que haber un acuerdo de moratoria con los acreedores para una reestructuración de las corporaciones y una inversión de desarrollo económico, sin cambiarles el marco jurídico. Todo el mundo está de acuerdo en que el gobierno de Puerto Rico no puede cumplir con el servicio de la deuda como está acordada”, dijo Hernández, al señalar que la misión actual es “cómo lo hacemos”.
“Hemos pasado de lo mejor de dos mundos a lo peor de todos los
mundos”
CARLOS GORRÍN PERALTA
Constitucionalista de la Inter