A compensar el justo valor
Buscan fijar los criterios para que el Gobierno no pague terrenos a sobreprecio
Q Las dudosas compras que completó el Gobierno por terrenos privados que forman parte del Corredor Ecológico del Noreste (CEN) dejaron al descubierto la necesidad de establecer parámetros más rigurosos que regulen este tipo de transacción.
A tales fines, el senador Cirilo Tirado presentó el Proyecto del Senado 1568, que busca establecer la “Ley de Principios de Tasación para la Adquisición de Propiedades Inmuebles para fines públicos por parte del Estado Libre Asociado (ELA)”.
“Busca establecer garantías en cuanto al estimado valorativo de estos bienes y otorgar así el valor justo de los mismos. Es necesario que las adquisiciones estén cobijadas por unos criterios de valoración claros, transparentes”, sostuvo Tirado.
Ejemplo de esas transacciones a sobreprecio han sido las adquisiciones por parte del Estado de los terrenos donde se proponían los proyectos residenciales-turísticos San Miguel Resort y Dos Mares Resort. El DRNA compró los terrenos a los proponentes de ambos desarrollos en los años 2007, 2008, 2010 y 2013.
En el caso de San Miguel Resort, la agencia pagó la suma de $32.5 millones por tres propiedades pertenecientes al abogado Juan Ramón Zalduondo. Mientras, pagó $3.5 millones a los empresarios Luis Alberto Rubí, Efraín Kier y Mark Green, proponentes de Dos Mares Resort, por la compra de 90 cuerdas en la reserva natural, en mayo de 2013.
Una de las mayores irregularidades en estos acuerdos económicos fue asumir que los proyectos propuestos se llevarían a cabo cuando ninguno contaba con los permisos de construcción, denunció entonces Luis Jorge Rivera, asesor del CEN.
El mismo escenario es el que se está dando en los tribunales por la adquisición de los terrenos donde estuvo propuesto el proyecto Costa Serena, de PFZ Properties, en Piñones, Loíza. La empresa exige que el Estado pague por las tierras $32.5 millones, monto en el que se estimó su valor en una tasación realizada durante el cuatrie- nio pasado bajo la premisa de que el proyecto iba a ser construido. Sin embargo, una última tasación hecha por el DRNA establece que su valoración no sobrepasa los $7 millones. El litigio permanece ante los foros judiciales.
“Cualquier gestión que haga la Legislatura o cualquier organismo del Estado para velar por el uso responsable de los limitados fondos públicos debe ser más que bienvenida. Una legislación como esta pudiera llenar ese vacío que existe al momento. Es tratar de darle rigor a un proceso que actualmente aparenta ser completamente subjetivo”, expresó Rivera.
Los terrenos de Costa Serena , como la mayoría de las demás tierras adquiridas por e DRNA, fueron clasificadas como áreas inundables por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).
“Lo más importante aquí es que si no hay permisos, si no hay consulta de ubicación, ni Declaración de Impacto Ambiental, tú no puedes valorar unos terrenos por un precio que pudiera alcanzar en un momento”, planteó el senador Tirado.
COMPLETADA. Debido a las irregularidades identificadas en estos acuerdos económicos, la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Asuntos Energéticos del Senado realizó una investigación sobre las transacciones dentro del CEN, desde el 2007 al presente.
Tirado indicó que el análisis realizado a través de la Resolución del Senado 177, de la autoría de Larry Seil- hamer, ya culminó y debe ir a votación de la Comisión la semana próxima.
“No podemos continuar tasando las propiedades para fines de conservación basados en supuestos. Lo más justo para el Gobierno, y máximo en la crisis económica, es establecer unos principios de tasación”, dijo Tirado.
“Una legislación como esta pudiera llenar ese vacío que existe al momento. Es tratar de darle rigor a un proceso que actualmente... es subjetivo”
LUIS JORGE RIVERA
Asesor del CEN “Entendemos que lo
más justo para el Gobierno, y máximo en la crisis económica
que está, es establecer unos principios de tasación”
CIRILO TIRADO
Senador del PPD