RENUNCIA ZARAGOZA A LA JUNTA DEL BGF
Dimitió tras recibir un informe que detalla de la precaria situación económica de la institución. Si el cuadro se agrava, el mismo secretario de Hacienda podría tener que solicitarle al tribunal que lo ponga en sindicatura
El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza confirmó ayer que renunció a la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) luego de recibir el viernes un informe en el que se le notificaba que la institución bancaria “no está una buena situación económica”.
Zaragoza indicó que este informe no implica el comienzo del proceso para solicitar a los tribunales el nombramiento de un síndico. No obstante, admitió que su dimisión es una medida cautelar ante la posibilidad de ese tipo de escenario.
“El BGF me notificó que no está en una buena situación económica, lo que es de conocimiento público, lo han reseñado los medios y responde a préstamos inescrupulosos concedidos sin fuente de repago y a las notas a corto plazo que se emitieron en el mercado por pasadas administraciones”, dijo.
“En respuesta a dicha notificación formal renuncié a la Junta de Directores del BGF para evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses”, añadió el titular de Hacienda en declaraciones escritas.
La ley orgánica del BGF (ley 17 del 23 de septiembre de 1948), en el artículo 11, establece funciones para el secretario de Hacienda como parte del proceso de nombramiento de un síndico.
El estatuto sostiene que "si a consencuencia de un examen o informe hecho por un examinador el secretario de Hacienda de Puerto Rico tuviera razón para creer que el Banco no está en buena situación económica... después de haber tenido 30 días de aviso... informará de los hechos al gobernador".
El estatuto sigue estableciendo que "el gobernador podrá entonces ordenar al secretario de Hacienda acudir a la sala del Tribunal de Primera Instancia" ente que determinaría nombrar un síndico para "suspender las operaciones y liquidar las obligaciones del banco" si los hechos alegados por Hacienda están bien fundados.
El viernes, el gobernador Alejandro García Padilla indicó en una conferencia de prensa en La Fortaleza que su administración ha descartado cerrar el BGF. No obstante, afirmó que están evaluando el resto de las op-
“El BGF me notificó que no está en una buena situación económica, lo que es de conocimiento público, lo han reseñado los medios y responde a préstamos inescrupulosos concedidos sin fuente de repago y a las notas a corto plazo que se emitieron en el mercado por pasadas administraciones” “En respuesta a dicha notificación formal renuncié a la Junta de Directores del BGF para evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses”
JUAN ZARAGOZA
Secretario de Hacienda
ciones que el gobierno tiene a su alcance, incluyendo el establecimiento de una moratoria. La secretaria de la Gobernación, Grace Santana, afirmó que han estado en conversaciones con los acreedores del BGF auscultando esa posibilidad.
Zaragoza era miembro de la Junta del BGF no por el puesto que ocupa sino por un nombramiento hecho por García Padilla.
EL FUTURO DEL BGF. Dos economistas, consultados en entrevistas separadas por El Nuevo Día, coincidieron en que el futuro, el BGF estaría limitado a sus funciones como agente fiscal y asesor financiero.
Precisamente, según el economista José Joaquín Villamil, esas eran las tareas originales del BGF. “Con el tiempo le fueron añadiendo funciones como la de prestamista del gobierno”, explicó. El BGF en la actualidad también sirve como banco donde está gran parte de las cuentas de las instrumentalidades del gobierno.
“No creo que se le pueda quitar al banco ese rol de asesoría financiera y de fiscalización”, opinó, por su parte, el economista José Alameda.
Alameda indicó que en cierto modo esa reducción en las funciones del BGF ha estado ocurriendo en los últimos años puesto que los problemas de liquidez han limitado la capacidad de dar préstamos a los municipios, las agencias y las corporaciones públicas.
Además, el plan del gobierno de abrir nuevas cuentas en la banca privada, eventualmente podrían reducir la función del banco como custodio del dinero del gobierno, dijo Alameda. Esto es, si en algún momento no se revierten estas acciones, afirmó.
“Ya la función del BGF como prestamista paró. Por eso tenemos que pensar que va a ser un banco más pequeño con responsabilidades más limitadas y es lo que debe ser”, sostuvo Alameda.
EL TORMENTOSO CAMINO. Esta no es la primera vez que el BGF se ha enfrentado a problemas de liquidez. De hecho, durante el inicio de todos los cuatrienios a partir del 2001, el BGF ha tenido problemas de liquidez que se han subsanado en su mayoría mediante la emisión de nuevos bonos. De hecho, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que emite bonos usando como fuente de repago el impuesto al consumo, fue creado para atender brechas deficitarias y para refinanciar en el mercado de valores, las prestamos dados por el BGF a las instrumentalidades del gobierno.
Villamil precisó que desde el 2001 al 2012 el gobierno emitió alrededor de $42,000 millones en deuda nueva. Cerca de la mitad de ese dinero prestado fue a subsanar las deficiencias presupuestarias que absorbía el BGF mediante préstamos a las agencias y las corporaciones públicas.
“Lo que pasó fue que las tres administraciones anteriores, encontraron básicamente el mismo problema cuando entraron a La Fortaleza. La diferencia es que las primeras tres pudieron emitir deuda (para devolverle la solvencia al BGF mediante refinanciamientos en el mercado de valores) y esta (administración) no pudo. Creo que había una actitud de que las cosas se podían resolver, porque se resolvieron antes pero no se pudo. Esa fue la receta al desastre”, dijo Villamil.
Alameda, por su parte, recordó que gran parte de las esperanzas de la actual administración gubernamental giraban sobre el refinanciamiento de unos $2,000 millones que el BGF le dio prestado a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), corporación pública que no tenía capacidad para repagar esa deuda puesto que gran parte de sus ingresos diezmaron con la privatización de las autopistas PR-22 y PR-5. Para poder lograr una fuente de repago que viabilizara un refinanciamiento, el gobierno legisló dos aumentos al arbitrio sobre el petróleo y sus productos derivados –tributo popularmente conocido como "la crudita"-. No obstante, los problemas crediticios del gobierno ya habían llegado al punto que los mercados estaban prácticamente cerrados al gobierno de Puerto Rico y las tasas de interés que pedían los posibles inversionistas eran excesivamente altas.