Tela para cortar
Todos hablan de la debacle financiera del gobierno de Puerto Rico, que tiene una deuda de unos $70,000 millones, pero nadie destaca que el principal salidero de fondos públicos lo representa la otrora “tarjetita de Rosselló”, conocida ahora como el Plan de Salud del Gobierno (PSG).
En ocasiones anteriores hemos señalado la barbaridad que se cometió, bajo la administración de Pedro Rosselló, de cambiar el probado sistema Arbona, que garantizaba el servicio de salud a todos los ciudadanos en cualquier entidad pública de la Isla.
Pero como bien decía el fenecido exlegislador y comentarista político Benny Frankie Cerezo, el gobierno de Rosselló echó al zafacón un sistema eficiente, que había servido de modelo a países de Europa y América Latina, para instaurar la tarjeta de salud, que implicó la venta “a precio de pescao abombao” de los hospitales y centros de tratamiento y diagnóstico (CDT) a los que los ciudadanos antes podían acudir libremente para recibir atención de salud.
La “tarjetita de Rosselló”, que ha cambiado varias veces de nombre y ahora es el PSG, se ha convertido en un hoyo infinito en las finanzas públicas.
Ese barril sin fondo actualmente se traga unos $3,000 millones anuales, entre dinero estatal y federal, para servir a un millón y medio de ciudadanos, alrededor del 40% de la población, y ya prácticamente consumió los $6,300 millones que le asignó a la Isla el Obamacare y que debían durar hasta 2019.
En fondos estatales nada más, el PSG se lleva un presupuesto anual estimado en $1,800 millones, sin contar los costos adicionales provocados por la pérdida de $300 millones en fondos de Medicare recortados este año.
Hemos visto los problemas que confrontan los ciudadanos de la tercera edad con los planes Medicare Advantage, que cada año suben sus cuotas y prestan menos servicios a un estimado de 250,000 personas que se anticipa seguirá aumentando debido al envejecimiento poblacional que reflejan las estadísticas.
El derecho a la salud debe defenderse siempre, pero honrarlo se ha convertido en un negocio para unas aseguradoras a las que el gobierno contrata y que lo miden todo en dólares y centavos.
Por eso hay que reiterar la necesidad de un seguro de salud universal que le daría a Puerto Rico el control financiero y de los servicios para todos los ciudadanos.
Con una deuda impagable y las arcas públicas saqueadas por contratistas inescrupulosos, expolíticos que no saben vivir si no es de fondos públicos, y los alcaldes, que actúan como reyecitos en sus feudos y gastan a diestra y siniestra, los contribuyentes responsables están indefensos, carentes de mecanismos efectivos para detener tales desmanes.
A propósito de los alcaldes, este diario publicó esta semana sendas investigaciones sobre los municipios de Barranquitas y Canóvanas que reflejan una profusión de contratos de parientes y allegados políticos, muchos de ellos con dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental, que parece haberse convertido en una puerta giratoria.
Ayer, viernes, venció el término para la radicación de las planillas contributivas de 2015.
En este punto debemos reconocer los esfuerzos del secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, para allegar recaudos, incluida la publicación de una primera lista de negocios con deudas de gran cuantía (algunas millonarias) por concepto del Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU).
Aquí no solo se desfalca al fisco, sino también a los consumidores que pagaron el IVU y el comercio no lo remitió a Hacienda.
Pero, nos preguntamos si esta agresividad que está demostrando el Departamento de Hacienda habría existido si el gobernador Alejandro García Padilla fuera candidato a la reelección.
Sabemos que, en el pasado, un mandatario se vio obligado a paralizar una ofensiva de Hacienda en las marinas del País, en busca de evasores contributivos, debido a las presiones de grandes contribuyentes de su partido.
¿Podrá Zaragoza retomar esta iniciativa fallida sin consecuencias políticas, ahora que tenemos un gobernador que se retira?
La Junta de Control Fiscal que se debate en el Congreso, si finalmente se concreta, tendría mucha tela para cortar, en parte debido a que las administraciones de gobierno de las últimas décadas no han sabido, o no han querido, ponerle freno al despilfarro.
Es triste que no se haya podido poner la casa en orden antes de que vinieran otros a hacerlo a la cañona. (irene.garzon@gfrmedia.com)