INCIERTO EL FUTURO DE LA JUNTA
Un encuentro entre republicanos del Congreso concluyó sin acuerdos y se esfuman las posibilidades de una legislación antes del 1 de mayo
WASHINGTON.- El liderato republicano de la Cámara baja reajustaba ayer el calendario y el contenido del proyecto que busca imponer una junta federal de control fiscal por encima del Gobierno de Puerto Rico, ante la oposición a la medida que persiste entre sus colegas conservadores.
Tras una inusitada conferencia del caucus de la mayoría dedicada a Puerto Rico, encabezada por el speaker Paul Ryan, los proponentes del proyecto 4900 confiaron en haber logrado aclarar dudas sobre una legislación que esta semana fue bloqueada en el Comité de Recursos Naturales.
Pero, las críticas de sectores conservadores no cesan, la campaña publicitaria en contra de la medida incrementa y las posibilidades de tramitar la legislación por la vía rápida, antes del probable impago masivo del 1 de mayo, son lejanas. La meta más realista es tratar de aprobarla en el pleno de la Cámara baja antes de junio.
“No va a cambiar sustancialmente. Pero, si podemos hacer unos retoques que le otorguen un nivel de comodidad a algunos, lo haremos”, indicó el presidente del Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop (Utah).
La conferencia de política pública dedicada al proyecto 4900 –según una fuente cercana al liderato republicano que estuvo presente en la reunión, que se extendió por hora y media–, “fue una discusión inicial y las conversaciones continuarán”.
El speaker Ryan abrió la reunión, en el sótano del Capitolio y celebrada a puertas cerradas. Bishop y el autor de proyecto, Sean Duffy (Wisconsin), defendieron la medida. En por lo menos las últimas tres décadas nadie recuerda una reunión del caucus de la mayoría cameral para tratar solo un asunto sobre Puerto Rico.
Para la número tres de la mayoría, Cathy McMorris, al rechazar que la rebelión en contra de la medida sea un reto al liderato de Ryan, dijo que “solo estamos comenzando”.
“Es imperativo tener más reuniones. Va a haber muchos cambios, Hay mucha desinformación, por lo que me alegro de que tuvimos la reunión”, indicó, por su parte, el republicano boricua Raúl Labrador (Idaho), quien, aunque indeciso, está “inclinado” a favorecer el proyecto.
Labrador –miembro del Comité de Recursos Naturales– considera que puede tardar unas tres semanas terminar con el trámite en la Cámara baja, que tiene un próximo receso del 29 de abril al 10 de mayo.
“Creo que el próximo borrador va a atender muchas de las preocupaciones. Buscamos que no haya un rescate financiero, que haya medidas pro desarrollo económico y que permita una reestructuración consensuada de la deuda entre acreedores y el gobierno, que trate de evitar forzar la reestructuración al estilo del capítulo 9”, indicó, por su parte, el presidente del Comité de Estudio Republicano (RSC) Bill Flores (Texas), quien afirmó que probablemente la conferencia de ayer debió celebrarse antes de tratar de llevar la medida a votación en comité.
En el RSC, que reúne a 171 de los 246 republicanos de la Cámara, comenzó la oposición al proyecto de ley.
John Fleming (Luisiana), miembro del Comité de Recursos Naturales y uno de los que frenaron la aprobación de la medida el jueves, sostuvo que aunque el liderato republicano dice que el proyecto “no es una bancarrota, luce, huele y camina como una”.
“Antes de que el Congreso actúe deberían adoptarse (en Puerto Rico) reformas en el gobierno. Lo que ha llevado a Puerto Rico a estos problemas son sus políticas públicas socialistas”, sostuvo Fleming, quien aún piensa que al final del camino lo que puede haber es “un rescate financiero”.
Mick Mulvaney. de Carolina del Sur
y, como Labrador, integrante del “Freedom Caucus” –el grupo más conservador del GOP– salió convencido de que el proyecto no es un rescate financiero y de que el liderato está dispuesto a considerar enmiendas.
Desde San Juan, a donde viajó de regreso ayer en la mañana, el comisionado residente, Pedro Pierluisi, indicó que sigue optimista . “Es probable que la Comisión de Recursos vote sobre la medida antes del próximo fin de semana”, indicó.
El propio Bishop sostuvo, sin embargo, que aunque quisiera tenerla la semana próxima, la votación en su comité puede quedar para mayo, según The Hill. El retraso hace más probable que nunca un impago masivo. EMERGENCIA EN SAN JUAN.
Tomando en cuenta esa realidad, “precisamente se aprobó la ley de moratoria local”, indicó ayer la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, quien tendrá reuniones el lunes en Nueva York con bonistas de su dependencia gubernamental en busca de un acuerdo de indulgencia que minimice o evite un impago masivo.
Con cerca de $480 millones a pagar en el servicio de la deuda el 1 de mayo, miembros del Consejo de Finanzas se reunieron ayer en la tarde en La Fortaleza con el gobernador Alejandro García Padilla –a su regreso a la Isla– para delinear las próximas acciones.
Por un lado, el secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, estableció las estrategias legales para la vista del 19 de abril en el Tribunal Federal de San Juan por la demanda que presentaron varios acreedores, encabezados por Brigade Capital, en contra del BGF. El grupo reclama que se emita un interdicto para evitar que se transfieran depósitos de agencias, corporaciones públicas y municipios en el BGF a bancos privados.
Suárez indicó que también se le rindió un informe al gobernador sobre la liquidez del BGF. Según el secretario, el BGF desembolsa entre $10 millones y $13 millones a la semana. Cuando estaba estable, desembolsaba unos $10 millones diarios. “La situación sigue siendo delicada”, señaló Suárez.
En cuanto a la negociación con bonistas para la deuda que vence el 1 de mayo, indicó que buscarán un acuerdo de indulgencia de $120 millones del pago de $422 millones. De lograrse, habría una moratoria limitada.
LOS DEMÓCRATAS. Tras la reunión republicana, el portavoz de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva (Arizona), advirtió que poner nuevos obstáculos a un proceso de reestructuración de la deuda, lo que puede hacer es alejar más a los demócratas de la medida.
Entre los demócratas hay consenso de que la junta federal no debe limitar más la autonomía local de Puerto Rico y que exigir dos tercios de los acreedores para poder reestructurar la deuda de una entidad gubernamental es una vara muy alta.
Los republicanos han invocado en el pasado la regla “Hastert”, que requiere que la mitad más uno del caucus apoye un proyecto para llevarlo a votación. Pero, Luke Messer, elegido por Indiana y presidente del Comité de Política Pública del caucus, indicó que tienen la opción de limitarse a pedir que la mitad más uno esté a favor de que se lleve el proyecto a votación en el pleno, aunque una mayoría decida votarle en contra.
“Pienso –subrayó, no obstante, el congresista Fleming– que muchos no están listos para votar sobre esta medida”.