Lejos de un pacto
A semanas de un impago, el antagonismo prevalece entre las ofertas y contraofertas del Gobierno y los bonistas
El Gobierno ha entrado en el último tramo del año fiscal 2016 como anticipó El Nuevo Día en la edición especial “Puerto Rico en quiebra” del 3 de febrero de 2015: inmerso en un proceso para renegociar la deuda, sin dinero y sin un marco legal claro para pactar un nuevo acuerdo con su plétora de bonistas.
El calendario avanza –con la relativa celeridad que caracteriza a la primavera– hacia dos mentadas fechas. El 2 de mayo y el 1 de julio próximos, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y el Gobierno central deben pagar, en conjunto, unos $1,202 millones a sus acreedores.
En contraste, el tiempo para frenar un impago que convertiría a Puerto Rico en la primera jurisdicción estatal estadounidense en no honrar su deuda constitucional se agota. Sobra, al parecer, el antagonismo.
Bajo la tesis de que el Gobierno no puede dedicar el 36% de sus ingresos al pago de la deuda, el gobernador
Alejandro García Padilla anunció que renegociaría la deuda pública en julio de 2015. Desde ese momento, en que aseguró que “la deuda es impagable”, el Gobierno tardó ocho meses en presentar el llamado “superbono”.
La propuesta inicial perseguía reducir el servicio a la deuda de Puerto Rico a un 15% de los ingresos, pero esta no recibió el aval de los acreedores. En respuesta, los dueños de casi la mitad de las obligaciones generales (GOs, en inglés) y de cierta parte de los bonos de la Corporación para el Financiamiento del Impuesto a la Venta y Uso (Cofina) han puesto en la mesa sus propias soluciones a la crisis fiscal. Lo mismo han hecho las principales cooperativas de ahorro y crédito, denominadas como el G25, que representan el único grupo de bonistas residentes en la Isla en la mesa de negociación.
El mes pasado, el Gobierno regresó a la mesa de dibujo para afinar el “superbono”, pero no fue hasta ahora –por supuestos acuerdos de confidencialidad– que hizo pública su nueva oferta.
Según la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, y los asesores en reestructuración, Jim Millstein y Richard Cooper (de Cleary Gottlieb), si se llega a un acuerdo en términos monetarios, el Gobierno está dispuesto a modificar la estructura legal. En el esfuerzo de negociación, el banco de inversiones Citigroup completa el trío de asesores en reestructuración.
El objetivo ulterior de la administración García Padilla, aparte de reducir lo que paga anualmente a los bonistas, es unificar en un solo crédito, los bonos de unas 11 instrumentalidades públicas.
LA PROPUESTA DEL GOBIERNO. Acosta Febo, Millstein y Cooper aseguran que los nuevos términos del “superbono” atienden las objeciones iniciales de los acreedores.
Por ejemplo, en lugar de una moratoria de principal e interés por dos años, la nueva propuesta pagaría intereses, aunque reducidos, desde que se complete el intercambio de deuda.
Además, el recorte de principal promedio en el bono base rondaría un 26% en lugar de 46%, como se pensó
en principio.
Pese a los ajustes, al menos tres manejadores de fondos que poseen bonos de Puerto Rico aseguran que la propuesta del Gobierno todavía no es aceptable. Para Acosta Febo y Millstein, inaceptables son las condiciones que reclaman los acreedores, pues estos no están dispuestos a reducir el principal que adeuda el Gobierno o sus entidades y darían apoyo restringiendo la capacidad del Estado para nuevas transacciones.
FALTA PRAGMATISMO. “Pienso que la estrategia del Gobierno de tener una sola propuesta que intente abarcar a los diferentes tipos de bonistas no es práctica con el poco tiempo que hemos tenido para negociar y el desastre que tenemos encima para los pagos de mayo y julio de 2016”, indicó la economista Heidi Calero.
Según Calero, la propuesta de Puerto Rico ofrece una alternativa al bonista residente en la Isla, pero esta no es conveniente. Además, intentar que sobre una decena de créditos con contratos de bonos distintos se ponga de acuerdo hace que el “superbono” sea difícil de implementar.
De otra parte, Calero sostuvo que las contrapropuestas que hicieron los acreedores “no son las mejores”.
LA POLÍTICA Y LA NEGOCIACIÓN. Calero opinó que el retraso en las negociaciones puede responder a la apuesta de la administración García Padilla a una intervención del gobierno federal.
“Todos los huevos se han puesto en la canasta del Congreso de Estados Unidos cuando hay decisiones bien difíciles que la Rama Ejecutiva debió tomar desde enero 2013”, dijo Calero.
La economista, de paso, criticó que el Tesoro federal no otorgue un financiamiento de emergencia a Puerto Rico. Ese financiamiento, sostuvo, no sería a costa de los contribuyentes estadounidenses, pues Puerto Rico tendría que restituir el dinero al gobierno federal, de la misma forma en que se hizo para salvar a empresas privadas durante la Gran Recesión.
De acuerdo con el profesor de Finanzas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Antonio Fernós Sagebién, por años, “el Congreso siempre ha sido una fuente de amenaza creíble” –sea porque actúa o no lo hace– en los distintos temas que atañen a la Isla.
Pero ahora, según Fernós Sagebién, a medida que el Gobierno encara más dificultades para continuar operando y posee menos credibilidad para negociar con acreedores, queda a la luz el perpetuo dilema que ha acompañado la administración pública de Puerto Rico: convertir en un tema de política partidista lo que en realidad es un asunto económico, fiscal y financiero.
“No creo que haya el tiempo suficiente para preparar una buena estrategia a ejecutar y cada día que pase, es otro grado de libertad que se pierde”, manifestó Fernós Sagebién.
Así las cosas, en Puerto Rico se retasa el poco dinero que hay tras la declaración de emergencia en el BGF y en la capital federal no hay atisbos de una solución legislativa para Puerto Rico.
Mientras tanto, en la mesa de negociación en el bufete Cleary Gottlieb, en Nueva York, las alternativas financieras que Gobierno y acreedores impulsan son una retahíla de condiciones inaceptables para las partes y, al parecer, mayormente adversas para los puertorriqueños.
EL “SUPERBONO”. “Esa propuesta plantea que el residente de Puerto Rico va a cobrar su bono después de que nos hayamos muerto”, dijo Calero, al destacar una de las debilidades del “superbono” mejorado.
Según Calero, Puerto Rico extendería el pago de su deuda constitucional hasta el año 2070 sin que a la fecha se conozca de un plan económico que asegure tan larga viabilidad.
Aunque el bonista local no vería un recorte de principal si acepta la alternativa para residentes de Puerto Rico, el pago de 2% en intereses im- plicará, a la larga, no ganarle a la inflación, dijo Calero.
LAS OFERTAS DE ACREEDORES. De otra parte, las ofertas de los acreedores tampoco ofrecen muchas alternativas al Gobierno.
De entrada, los economistas coincidieron en que las iniciativas solo proveen alivio en el flujo de efectivo del Gobierno y no en principal, lo que a fin de cuentas es la razón básica para renegociar. En algunos casos, solo para viabilizar una transacción remediativa, el principal que debe Puerto Rico podría aumentar.
Calero y Fernós Sagebién creen que la propuesta del grupo Ad Hoc-GOs podría ayudar a evitar el impago de julio próximo. Pero aceptarla, implicaría un precio muy alto para la Isla.
De acuerdo con un análisis del Gobierno, el préstamo de $750 millones que se daría al Fondo General no sería suficiente.
“Aun con el componente de nuevo dinero, la propuesta (del grupo) GOs todavía resulta en una deficiencia de efectivo en los primeros dos años y no deja sobrante para pagar a ninguno de los demás acreedores”, reza un documento del BGF.
Fernós Sagebién subrayó que la propuesta del grupo GOs frena cualquier posibilidad de que Puerto Rico incurra en nueva deuda, lo que implicaría no tener recursos para inversión en obra pública futura. Además, la oferta podría considerarse inconstitucional.
“La letra de la Constitución es clara, en el artículo IV, sección 8 se establece como prioridad el pago de intereses y amortización de la deuda”, dijo Fernós Sagebién al señalar que suspender el pago de principal –lo que también ha planteado el Gobierno– implicaría no cumplir con esa disposición. Otro elemento de preocupación es que la carta magna habla de obligaciones de deuda a 30 años y la renegociación que se ha planteado obligaría a vencimientos de entre 40 y 50 años. Además, según Fernós Sagebién, continuar cediendo la jurisdicción de Puerto Rico a la de Nueva York es otro golpe adverso para la Isla.
En el caso de la propuesta del grupo Ad Hoc Cofina, esta afectaría particularmente al bonista local, dijo Fernós Sagebién.
La propuesta Cofina plantea que se pague a los bonistas principales (senior o en primera línea de cobro) y que luego, a partir del 2041, se pague a los subordinados.
Al presente, de los casi $16,000 millones en bonos Cofina, unos $4,000 millones fueron vendidos en Puerto Rico y la mayoría de estos fueron bonos subordinados.
“Para reestructurar Cofina, los bonistas principales sugieren que Cofina entre en default, lo que aceleraría el pago de la deuda para (ellos), antes que a los demás dueños de notas subordinadas”, destaca el documento de contraoferta del Gobierno, publicado por el BGF.
Según Calero, otro escollo en la propuesta del Ad Hoc-Cofina es que parte de la premisa de que los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) crecerán cada año 4.5%. “Desde el 2008 hasta el 2015, los recaudos del IVU solo han crecido anualmente un 3.1%”, subrayó Calero.
¿DÓNDE ESTÁ EL PLAN? Más alla de términos financieros o contractuales, Calero y Fernós Sagebién aseguran que la peor falla del proceso de renegociación de la deuda en curso es que se hace en ausencia de una ruta económica para Puerto Rico.
En ausencia de un plan, es poco probable que Puerto Rico pueda cumplir con los bonistas y con la gente.
Por ejemplo, Calero cuestionó cómo se permitió que Citigroup, antes dueño y promotor de la deuda de Puerto Rico, se convirtiera ahora en asesor de reestructuración.
“Todos estos consultores se benefician de que se extienda la negociación porque a la larga cobran más y los funcionarios del Gobierno de Puerto Rico siguen abrumados de estar haciendo malabares para ver qué pagan y qué no pagan”, expuso.
Desde la perspectiva de Calero y Fernós Sagebién, sin un plan que frene la migración, capitalice sobre las oportunidades en agricultura, turismo o manufactura y que indique hacia dónde se dirigirían los ahorros en el pago de la deuda, Puerto Rico y sus acreedores negocian en el vacío.