EL SENADO PIDE CASO CRIMINAL POR COMPRAS A SOBREPRECIOS

Informe dice que funcionarios, incluyendo un extitular del DRNA, pudieron haber violado la ley al adquirir a precios exhorbitantes los terrenos de Corredor Ecológico del Noreste

El Senado refirió al Departamento de Justicia a funcionarios públicos, organizaciones y profesionales de bienes raíces cuyas acciones llevaron al Estado -en plena crisis económica- a pagar cuestionables sumas de dinero por terrenos del Corredor Ecológico del Noreste (CEN).

La comisión senatorial de Recursos Naturales y Ambientales, presidida por el senador popular Cirilo Tirado, recomendó investigar criminalmente las actuaciones de funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), de la empresa McCloskey, Mulet & Bonnin (MMB) y de la organización Trust for Public Land (TPL), ya que “su proceder significó gastos aparentemente extraordinarios de fondos del erario en la compra de fincas”.

El informe final, aprobado por el pleno del Senado y ante consideración de Justicia, ordena investigar las actuaciones de los funcionarios del DRNA involucrados en las transacciones, incluyendo pero no limitándose, a las acciones del secretario auxiliar del área de Planificación Integral del DRNA, Vicente Quevedo Bonilla, del exsecretario del DRNA, Javier Vélez Arocho y del exsubsecretario, Javier Rúa Jovet.

“Una cosa era que se quisiera proteger los recursos naturales a perpetuidad pero no era loable regalar el dinero del pueblo y aquí ambas administraciones fallaron en proteger el dinero del pueblo, la de Aníbal Acevedo Vilá y la de Luis Fortuño”, dijo Tirado en referencia a los mandatos de los exgobernadores.

Entre las compras a sobreprecio bajo investigación -completadas entre 2007 y 2013-, están las tierras donde se proponían los complejos residenciales-turísticos San Miguel Resort y Dos Mares Resort, las que se tasaron bajo la presunción de que los proyectos se llevarían a cabo cuando no contaban con la aprobación necesaria para su desarrollo, disparando su valor. Por las 528 cuerdas donde se proponía San Miguel Resort, el DRNA pagó $32.5 millones y por las 90 cuerdas de terreno donde se iba a desarrollar Dos Mares Resort, invirtió $3.5 millones; al menos la mitad de estas tierras son humedales.

“Faltan todavía por adquirir 52 cuerdas y hemos gastado más en el CEN que en cualquier otra reserva natural en nuestra historia”, concluyó la investigación, que describe como “irrazonable” la suma invertida.

A través de comunicaciones electrónicas fue que estos funcionarios establecieron y aceptaron las condiciones que permitieron las nebulosas transacciones, establece el informe.

“Resulta incomprensible que los secretarios no levantaran bandera al notar los precios tasados de las fincas y ordenaran una tasación independiente del TPL o al menos una evaluación independiente de las tasaciones efectuadas. No podemos sino concluir que ambos secretarios no ejercieron al máximo su deber de salvaguardar fondos públicos”, concluyó la investigación.

TPL es una organización sin fines de lucro dedicada a levantar fondos federales para adquisición de terrenos privados para convertirlos en propiedad pública; también fue el intermediario en estas transacciones.

Las condiciones aceptadas por el secretario, de acuerdo a la investigación senatorial, dejan al descubierto su inacción al firmar y emitir una política pública irrazonable que se podía prever y que conllevó el encarecimiento de los terrenos.

El organismo senatorial tuvo acceso a comunicaciones entre TPL y los funcionarios públicos (las cuales incluyen en el informe) en las que se establecían las condiciones de las tasaciones a ser realizadas por MMB.

“Después de días de discusiones interminables con los tasadores sobre las condiciones bajo las cuales ellos pueden proceder con la tasación de la segunda etapa de la finca San Miguel, hemos llegado a un entendimiento sobre el lenguaje o específicamente, las suposiciones que se usarán en la tasación”, revela un fragmento del correo enviado por TPL a Quevedo Bonilla,

con copia a Vélez Arocho y Rúa Jovet.

“Adjunto envío la carta revisada, cuya refiera (sic) a la suposición que el proyecto del San Miguel Resort sigue vigente ante la JP, y la tasación será basada en el proyecto sometido a la JP”, continúa la comunicación.

Durante las vistas senatoriales celebradas como parte de la investigación, representantes de la firma de tasadores alegó que las “condiciones” bajo las cuales se prepararon las tasaciones le fueron provistas por TPL. Entre estas estaba considerar el supuesto de la continuación del proceso de permisos.

Sin embargo, la Comisión no aceptó en su informe la alegación de MMB de que fue un ente pasivo en el proceso debido al contenido de los correos electrónicos.

“No podemos creer completamente la aseveración de que el factor determinante en el desarrollo de estas tasaciones fue el alcance del trabajo solicitado por el cliente”, destaca.

Mark M. McCloskey, de MMB, sostuvo a El Nuevo Día que las tasaciones se hicieron en pleno cumplimiento con los estándares y leyes aplicables a esa fecha y con el alcance de trabajo que se les solicitó.

“Estamos en total desacuerdo con las conclusiones del mismo (el informe) y con algunas de las expresiones y opiniones consideradas por la Comisión para llegar a sus conclusiones”, apuntó McCloskey.

TPL no participó del proceso legislativo. Se desconoce cuál fue, si alguno, el beneficio económico obtenido en estas transacciones. Sin embargo, en el caso de Costa Serena (transacción que aun está ante los tribunales), existía un acuerdo a través del cual TPL recibiría una comisión del 8% del precio tranzado.

En el caso del CEN, una comisión similar representaría $2.8 millones para el TPL. El subsecretario del DRNA, Julio

Méndez, sin entrar en los hallazgos, dijo que en la agencia “hemos estado en la mejor disposición de colaborar con la investigación y continuaremos apoyando cualquier esfuerzo que lleve a la búsqueda de la verdad”. COMPROBADO. La investigación con- firmó que uno de los factores para la dramática inflación de los terrenos fue que la valoración de las tierras partió de “cuatro presunciones extraordinarias, innecesarias e inapropiadas”, según descritas.

La primera presunción asumida en el proceso de tasación fue que los terrenos en disputa iban a ser rezonificados por la Junta de Planificación.

Los predios sujeto a compra estaban zonificados “Agrícola 1” y “Conservación de Recursos 1” y el desarrollador proponía que fuera cambiado a “Desarrollo Turístico Selectivo”, lo que nunca ocurrió en el trámite de permisología, por lo que presumir que se harían los proyectos era incorrecto.

Otra presunción asumida fue alegar que los endosos de las agencias gubernamentales habían sido dados a la fecha en que se sometió la opinión del valor de la propiedad.

Ninguno de los proyectos contaba con los permisos de construcción, ni tan siquiera con el requisito mínimo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

En el caso de San Miguel, el documento fue rechazado en tres ocasiones consecutivas por la Junta de Calidad Ambiental (JCA); en el caso de Dos Mares fue repudiado por el Tribunal Supremo.

Los proponentes de San Miguel y Dos Mares estaban además imposibilitados de obtener la aprobación de las consultas de ubicación, ya que parte de los terrenos le pertenecían a la Compañía de Fomento Industrial y dependían de la aprobación de contratos de arrendamientos y opción a compras; al momento de las valoraciones, estos acuerdos habían sido cancelados.

Para determinar el valor de las tierras, se asumió que la parte de la parcela bajo zonificación de “Distrito de Conservación” se incluiría como parte del proyecto mediante aprobación del DRNA, cuando la única entidad facultada para aprobar cambios en zonificación es la Junta de Planificación. La transacción tampoco era posible sin la aprobación de la DIA.

La última y cuarta presunción alegada por la firma de tasadores fue que no se les proveyó una mesura sobre la distribución de humedales y terrenos firmes o desarrollables, lo que es calificado como falso en el informe, ya que MMB había recibido del TPL, “un mapa delineado de los humedales”.

“Se valoró la totalidad de la parcela como si toda fuera desarrollable, a pesar de que el 65% de la misma era inundable o consistía en humedales”, confirmó la investigación.

LAS COMPARABLES. El incremento en la valoración de las cuerdas fue impactado también por las comparables que utilizó la firma de tasadores para desarrollar una opinión de valor basada en ventas similares a la propiedad sujeta a evalúo.

Aquí la falla más significativa, según concluyó el informe, fue que las comparables utilizadas no tenían igual o similar zonificación a la propiedad evaluada, tal y como exigen las guías federales sobre los criterios que debe considerar un tasador al valorar una propiedad que será adquirida con dinero federal. (Uniform Appraisal Standards for Federal Acquisitions).

Todas las ventas comparables con las que se confrontó San Miguel tenían proyectos construidos o permisos aprobados, mientras que la propuesta “no tenía un solo permiso aprobado y era improbable que se aprobara uno”.

El resultado neto, tanto de la utilización de las presunciones extraordinarias como de las ventas comparables, fue que se tasaran las 264 cuerdas, donde se proponía San Miguel I, en $59,000 cada una, para un total de $15.6 millones.

El desembolso del Estado -al restarle una partida de fondos federales- fue de $12.5 millones.

Las parcelas en San Miguel II y San Miguel III siguieron la misma ruta.

En el caso de San Miguel II, la tasación rondó los $105,000 la cuerda; en San Miguel III, $102,500 la cuerda; Dos Mares se tasó a $45,277 la cuerda.

Sin embargo, las tasaciones que comisionó en el 2000 la Compañía de Fomento Industrial -cuando el panorama económico era más alentadorpara arrendar o venderle los terrenos a los proponentes de San Miguel y Dos Mares, valoró a $1,000 la cuerda de humedales y los terrenos firmes entre $15,000 y $20,000 por cuerda.

Las cuatro transacciones en disputa partieron de tasaciones hechas por la firma MMB y fueron revisados por la firma Urban Realty Solutions, en el estado de Florida, cuyo personal nunca visitó las parcelas.

COMPLACIDO. El asesor de la Coalición Pro CEN, Luis Jorge Rivera, se mostró complacido con los hallazgos de la investigación que confirman lo que por años han denunciado ante foros federales y estatales.

“Poniéndolo en el contexto de los ajustes que debe hacer el gobierno para recobrar o ganar credibilidad en la manera que administra sus finanzas, creo que es vital que todas las entidades o agencias concernientes tomen acción inmediata y lleven esto a sus últimas consecuencias”, sostuvo el científico.

Planteó la necesidad de “invalidar” las transacciones para evitar que se utilicen como comparables en cualquier futura transacción en terrenos para fines de conservación.

“La impunidad es el peor mal que tenemos ahora mismo”, puntualizó Rivera Herrera, quien ayer fue galardonado con el premio ambiental Goldman por su lucha por el CEN.

“En la medida que permites una transacción a sobreprecio establece una venta comparable que afecta el resto de las transacciones en todo Puerto Rico” LUIS JORGE RIVERA Asesor del CEN “Justicia tendrá que evaluar con sus recursos si hubo algún tipo de violación a política pública o si se actuó de mala fe en contra de los mejores intereses del Gobierno, si hubo intención de defraudar el Estado y si es necesario o no recobrar el dinero” CIRILO TIRADO Senador PPD