Contralora pinta horrible cuadro fiscal en Toa Baja
Toa Baja recibe opinión adversa de la Contralora tras auditoría de 4 años
Déficits presupuestarios y falta de consignación de dinero para cubrirlos, sobregiros, ingresos sobreestimados, emisiones de bonos para gastos operacionales y recursos invertidos en obras que no han tenido utilidad, son algunos de los 18 hallazgos de una auditoría de la Oficina del Contralor al Municipio de Toa Baja, que detectó serias fallas en las operaciones fiscales del ayuntamiento.
La auditoría, difundida ayer por la contralora Yesmín Valdivieso, supone un duro golpe para el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges ,a quien se le imputa no administrar responsable, ni eficientemente las finanzas municipales.
La auditoría también achacó responsabilidad por las fallas al presidente de la Legislatura Municipal, Francisco Díaz Cortés, y a los directores de Finanzas, Recursos Humanos y Planificación, entre otros.
De inmediato, Vega Borges señaló que “el informe (de auditoría) no señala actos de corrupción, ni apropiaciones ilegales en Toa Baja”.
Admitió, no obstante, que se hicieron señalamientos administrativos “de cosas que vamos a mejorar a la mayor brevedad posible”.
La auditoría cubrió del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.
DESVIACIONES. En lo que representan situaciones contrarias a la Ley de Municipios Autónomos (Ley 81-1991) y el Reglamento para la Administración Municipal, la auditoría reveló que Toa Baja tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional, correspondientes a los años fiscales 2011-12 al 2013-14, por $10.5 millones, $14.8 millones y $14.4 millones, respectivamente.
En el año fiscal 2012-13, se determinó un déficit corriente por $4.2 millones, y en el presupuesto del año fiscal 2014-15 no se consignaron fondos para eliminarlo.
Al 30 de junio de 2014, en el “Modelo 4-a, Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos”, se reflejaron sobregiros por $47,796 en dos fondos.
El gobierno municipal sobreestimó los ingresos de varias partidas presupuestarias (patentes, arbitrios de construcción, permisos, impuestos, multas e intereses) para los años fiscales 2011-12 al 2014-15 por $4.7 millones, $11.1 millones, $2.7 millones y $1.8 millones, respectivamente.
De enero de 2011 a diciembre de 2014, el banco depositario de los fondos municipales efectuó cargos bancarios por $25,722 en varias cuentas, que fueron por cheques pagados sin fondos ($14,175) y sobregiros en las cuentas ($11,547).
“Operar con déficit en un año fiscal determinado reduce los recursos dis- ponibles para el año fiscal siguiente. Los sobregiros en los fondos crean una situación fiscal indeseable para el Municipio. Al sobreestimar las cantidades correspondientes a los ingresos locales, las asignaciones de gastos resultan en exceso de los recursos disponibles”, reza la auditoría, en la que s expone que estas situaciones “afectan adversamente” los servicios que se prestan a las y los ciudadanos.
Cuestionado al respecto, Vega Borges indicó a El Nuevo Día que el Municipio ha hecho ajustes en su presupuesto operacional y tomado medidas para atajar el déficit, hasta el punto que “en los últimos dos años hemos cerrado en superávit por $475,000 y $375,000, respectivamente”.
Añadió que han reducido los gastos operaciones en $16 millones, congelado 579 plazas regulares, reducido el sueldo al personal de confianza en
10%, y reclutar “solo” 29 de las 50 plazas de confianza autorizadas.
“También hemos asumido responsabilidades del Gobierno central, como el recogido de neumáticos, fumigar, limpiar los caños, reparación de carreteras estatales y mejoras de las 23 escuelas”, dijo el alcalde.
PRÉSTAMOS. La auditoría reveló que en noviembre de 2011 y junio de 2012, el Municipio realizó dos préstamos con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por $31.8 millones para el pago de deudas con entidades gubernamentales y proveedores, pago de intereses y refinanciamiento de préstamos, y gastos operacionales.
“Las deudas con las entidades gubernamentales y proveedores se acumularon debido a que el Municipio le hacía los correspondientes descuentos de nóminas a los empleados, según lo requiere la ley, pero no remesaba los mismos a las agencias gubernamentales y a las entidades privadas”, reza la auditoría, que destaca, específicamente, que en las partidas presupuestarias no se habían separado los créditos necesarios para el pago de las deudas con la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y los planes médicos.
“Las situaciones comentadas propician que el Municipio se vea obligado a pagar intereses y penalidades por dichas deudas. Además, se afectaron los recursos que debieron recibir dichas entidades para cumplir con sus funciones”, agrega la auditoría.
Sobre esto, Vega Borges dijo que “el Municipio puede coger préstamos, como todos los demás y porque la ley lo provee, pero en tres años no hemos tomado ni uno”. Sostuvo que los préstamos que se tomaron “sirvieron al interés público”, al impedir que se paralizara el ofrecimiento de servicios y el despido de empleados.
“FALTA DE PLANIFICACIÓN”. Otro hallazgo de la auditoría fue la inversión de $1.1 millones en fondos públicos en proyectos “que no tuvieron utilidad ni redundaron en beneficio del interés público”.
Específicamente, en octubre de 2011, Vega Borges formalizó un contrato por $681,113 para “rehabilitación y mejoras” a la Escuela de Bellas Artes; en marzo de 2012 otorgó otro por $140,000 para instalar paneles fotovoltaicos en dicha escuela; y en octubre de 2010 había dado otro por $340,000 para la adquisición e instalación de 35 cámaras de seguridad en varios sectores del pueblo.
Sin embargo, tres inspecciones físicas revelaron que la escuela “se encontraba abandonada y en estado de deterioro. Esta nunca se había utilizado. La misma fue vandalizada en varias ocasiones”. En cuanto a los paneles solares, tampoco servían pues les fueron hurtados los cables eléctricos. Y sobre las cámaras, cin- co habían sido vandalizadas y 30 no eran monitoreadas.
“Esto contrasta con la situación económica crítica del Municipio. Además, denota una falta de planificación adecuada”, reza la auditoría.
Vega Borges objetó que el Municipio tenga responsabilidad sobre el estado actual de la escuela, las placas solares y las cámaras, y se lo atribuyó “a terceras personas”.
En el caso de la escuela y las placas solares, contó que fueron vandalizadas “a un mes de su inauguración; le notificamos a la compañía de seguros y esperamos poder ponerlas a funcionar en dos o tres meses”.
Sobre las cámaras, aseguró que las 35 “están operando” y así se les notificó la semana pasada a los auditores, “pero aun así mantuvieron el señalamiento en el informe”.
Otros hallazgos incluyen cuentas por cobrar atrasadas por las cuales no se realizaban gestiones de cobro; contratación de obras sin obtener previamente los permisos de construcción y utilización de obras sin obtener el permiso de uso; y fondos provenientes de resoluciones conjuntas de la Asamblea Legislativa utilizados para propósitos no autorizados.
“El informe no señala actos de corrupción, ni apropiaciones ilegales en Toa Baja” ANÍBAL VEGA BORGES Alcalde de Toa Baja “Las pruebas revelaron desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación en las operaciones relacionadas con el presupuesto” YESMÍN VALDIVIESO Contralora