Ojo al policía
Las impactantes imágenes de un policía abusando de una persona en silla de ruedas, que circularon días atrás, evidencian por lo menos dos cosas: el serio problema de brutalidad poliaca que persiste en este país y el poder que las redes sociales le dan a la ciudadanía para denunciar y fiscalizar a las instituciones públicas.
En este caso, el vídeo fue enviado por un ciudadano a la cuenta de Twitter de la Policía, a modo de denuncia, y luego de que las imágenes fueran difundidas, se recibieron múltiples llamadas de personas que colaboraron con la investigación preliminar, según reconoció el superintendente José Caldero López.
Ese poder que otorgan las redes sociales a la ciudadanía hay que utilizarlo más para mover al Estado a la acción. En este caso, la colaboración ciudadana permitió dar con los dos agentes involucrados. Uno fue suspendido sumariamente por abusar del hombre en silla de ruedas y el otro por dejar que su compañero abusara. El superintendente Caldero López también ordenó una investigación administrativa sobre esa intervención.
Aparentemente, el hombre en silla de ruedas estaba rompiendo cristales de autos en el estacionamiento de una cadena de farmacias en Santurce para robar artículos de su interior. Independientemente de que esto fuera real, la función de los agentes era la de velar por la seguridad y arrestar al joven si en verdad estaba en un acto delictivo.
Si el hombre puede caminar sin la ayuda de una silla de ruedas, como alegadamente se le ve en otro vídeo que circula en las redes, tampoco eso justifica la conducta de los policías. El uso desmedido de la fuerza, en especial, contra sectores marginados de nuestra sociedad como las personas sin hogar, los adictos a drogas, los pobres, las mujeres, y la comunidad Lgbtt, no tiene justificación bajo ninguna circunstancia.
No se trata aquí de buscar el otro lado de la moneda, como argumentan algunos sobre este caso, porque eso sería justificar el uso de la fuerza excesiva por parte de la Policía. Ese argumento se me parece al de algunos llamados periodistas que invitan a los presos a darle la “bienvenida” a criminales enviados a prisión por determinados delitos.
Tal parece que a los dos policías suspendidos, uno con 12 años de experiencia y otro con dos, nadie les ha dicho nada sobre la reforma de la que es objeto la Uniformada, luego de un devastador informe del Departamento de Justicia federal que concluyó que la Policía de Puerto Rico ha violentado los derechos constitucionales de amplios sectores de la población y creado una crisis de derechos civiles en el país.
La American Civil Liberties Union (ACLU), la más influyente organización pro derechos civiles en Estados Unidos, fue quien provocó la investigación del Departamento de Justicia federal luego de su informe sobre la violación de derechos civiles en Puerto Rico por parte de la Policía.
En este informe, la ACLU denunció que entre el 2010 y el 2011 ocurrieron en Puerto Rico, proporcionalmente, tres veces más muertes de civiles a manos de agentes policiales que en la ciudad de Nueva York.
No debe ser casualidad que el 2011 fue el año de mayor incidencia criminal en Puerto Rico; con el nivel de asesinatos más alto en mucho tiempo. La delicuencia en la Policía genera desconfianza en la ciudadanía; y la violencia pare violencia, según los expertos en conducta social.
La ACLU documentó también en el 2012 casos en los que la Policía mató a tiros a un muchacho desarmado de tan solo 14 años y disparó contra un anciano de 77 años cuando entró en su casa para entregar y ejecutar una orden de registro, agrega el informe.
“(Puerto Rico) es un lugar en el que ciudadanos estadounidenses e inmigrantes se enfrentan a un terrible abuso permanente a manos de su propia fuerza policial, mientras los gobiernos federal y local permiten que ocurra”, indicó el director ejecutivo de ACLU, el puertorriqueño Anthony Romero.
El informe de la ACLU fue parte de una investigación sobre el terreno que tomó seis meses, pero se basó en ocho años de trabajo de la oficina de ACLU en Puerto Rico, la cual dirige el abogado William Ramírez.
Probablemente uno de los casos que movió la investigación de la ACLU fue otro que también quedó grabado en vídeo gracias a la ciudadanía: la ejecución de Miguel Cáceres Cruz en Humacao a manos de la Policía, un estremecedor suceso ocurrido el 11 de agosto de 2007, en el que el agente Javier Pagán Cruz le disparó en cuatro ocasiones al hombre; la última vez directo a la cabeza, mientras era sujetado en el piso, boca abajo.
El informe de la División de Derechos Civiles de Justicia federal concluyó en septiembre de 2011 que por el uso excesivo de la fuerza, la supresión del derecho a la libre expresión y registros irrazonables, la Policía de Puerto Rico ha violentado los derechos constitucionales de amplios sectores de la población y creado una crisis de derechos civiles en la Isla.
Este informe dio paso a una reforma en la Policía que sabemos se viene trabajando.
Es justo reconocer que no todos los agentes son abusadores. Muchos han sido premiados precisamente porque van más allá del deber por salvar vidas y proteger la propiedad.
Pero mientras exista uno sólo que deshonre el servicio, mancha a los demás y vulnera la confianza del pueblo en un cuerpo que está llamado a cuidar del orden y la seguridad.
Esperamos que la reforma policiaca incluya una capacitación adecuada en cuanto a la importancia de preservar los derechos civiles.
La ciudadanía tiene una misión importante: no permitir tampoco los abusos de ninguna índole. Tienen el poder de las redes sociales. ¡A utilizarlas!
“...El uso desmedido de la fuerza, en especial, contra sectores marginados de nuestra sociedad como las personas sin hogar, los adictos a drogas, los pobres, las mujeres, y la comunidad Lgbtt, no tiene justificación bajo ninguna circunstancia”