La Junta y el colonialismo
La propuesta junta federal de control fiscal para Puerto Rico constituye otra imposición colonial más. Eso es cierto. Sin embargo, lo más importante no es la junta. El problema básico es la condición política que hace posible la creación de ese mecanismo dictatorial.
Sus autores no tienen ninguna duda de que el Congreso tiene la facultad para establecerla al amparo de los llamados poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico. Pero eso no debe sorprender a nadie. Esos poderes se han venido ejerciendo desde el momento mismo en que los Estados Unidos se apoderaron de Puerto Rico.
Fue al amparo de esos poderes que se aprobó la muy colonial Ley Foraker de 1900, se nos extendió la ciudadanía estadounidense en 1917, se nos concedió la prerrogativa de elegir a nuestro gobernador en 1947 y se nos autorizó, en 1950, a adoptar nuestra propia constitución interna, porque ellos entendían que necesitábamos autorización para ello.
También en virtud de esos poderes el Congreso creó, en 1976, la sección 936 del Código de Rentas Internas federal para proveer exenciones contributivas a las empresas estadounidenses argüiblemente dándole cierto estímulo a nuestra economía. Pero utilizando ese mismo poder, en 1996 el Congreso eliminó la Sección 936, causando un disturbio económico cuyas consecuencias se sienten todavía.
Igualmente, utilizando sus poderes plenarios, el Congreso ha declinado hacer extensivos a Puerto Rico programas de bienestar social como el Seguro Social Suplementario y le ha puesto tope a otros, como el Medicare y el Medicaid. Fue descansando en sus poderes plenos que el Congreso primero incluyó y luego excluyó, sin explicación, a Puerto Rico del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.
Y ahora, apoyándose también en sus poderes plenarios, miembros prominentes del Congreso proponen esta junta de control fiscal supuestamente para poner en orden el “caos” financiero vigente en nuestro País, según palabras del presidente de la Cámara, Paul Ryan.
Se puede argumentar que algunas de las decisiones pasadas del Congreso han sido beneficiosas para algunos sectores en Puerto Rico. Por supuesto, la evaluación en cada caso dependerá de la perspectiva con la que se aborde.
Pero esa tampoco es la cuestión central. Después de todo a veces los reyes, los dictadores y los gobiernos autoritarios pueden adoptar medidas que resulten en algún beneficio para sus súbditos o gobernados. Pero la condición en la que esas decisiones se toman son objetables desde el punto de vista democrático.
Lo mismo pasa con el colonialismo. Puede tener manifestaciones duras y otras menos ofensivas. Pero sigue siendo colonialismo. El colonialismo moderno, sobre todo, ha intentado suavizar sus aristas más crudas mediante el reconocimiento de algunos derechos y la extensión de algunos beneficios económicos y sociales a la población colonizada. La relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, particularmente a partir de mediados del Siglo 20, es un ejemplo primario de ese fenómeno. Pero sigue siendo colonialismo.
Más aun, cualesquiera ganancias que hayamos obtenido, tanto en términos de gobierno interno propio como de crecimiento económico, parecen estar deshaciéndose rápidamente como produto de la presente crisis y otros desarrollos claves. La pobreza, la desigualdad, el subempleo y la migración obligada crecen y los servicios públicos disminuyen.
La junta propuesta no solo secuestrará el poco gobierno propio que tenemos. Sus decisiones redundarán en la reducción de los servicios públicos, como la salud y la educación, y el achicamiento de los salarios, sobre todo para los más jóvenes. Las expresiones de sus autores en la Cámara dejan claro que su propósito principal es proteger a los acreedores y evitarle costos adicionales al fisco estadounidense. El bienestar de nuestro pueblo, particularmente de sus sectores más vulnerables, parece estar en lejísimo plano.
Por eso nuestra respuesta no puede ser meramente tratar de mejorar ese mecanismo draconiano. La única reacción digna y realmente pragmática es organizarnos para eliminar de una vez y por todas la condición política de fondo que hace posible que el Congreso actúe con semejante desparpajo.