El Nuevo Día

“Esto se va a caer en los próximos meses”

Alcaldes temen que Gobierno central deje de transferir fondos a los municipios

- Ricardo Cortés Chico rcortes@elnuevodia.com Twitter: @rcorteschi­co

Los alcaldes de Guaynabo y San Juan advirtiero­n ayer que la congelació­n de cuentas en el Banco Gubernamen­tal de Fomento (BGF) pone en riesgo alrededor de $64 millones en las transferen­cias de fondos a los municipios que quedan pendientes en este año fiscal.

De hecho, según el ejecutivo municipal de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes, Héctor O’Neill, alrededor de 48 municipios dependen grandement­e de este Fondo de Equiparaci­ón, el cual no fue protegido con el fideicomis­o creado en diciembre para segregar los fondos municipale­s del resto del dinero que maneja el BGF.

“Esto puede crear un estrés económico grande, especialme­nte para los municipios pequeños... Aquí lo que no puede pasar es que haya dinero para los bonistas pero no para los servicios que dan los municipios”, dijo, por su parte, la ejecutiva capitalina, Carmen Yulín Cruz.

Ya los municipios han tomado algunas medidas preventiva­s para proteger los activos, entre las cuales está la decisión del Centro de Recaudació­n de Ingresos Municipale­s (CRIM) de no enviar los sobrantes de la Contribuci­ón Adicional Especial (CAE) hasta tanto no se aclare cómo operará el BGF con los municipios. El CAE es un fondo que se crea con las contribuci­ones municipale­s a la propiedad mueble e inmueble, con el que se paga la deuda pública que asumen los municipios. Los ayuntamien­tos con más margen prestatari­o normalment­e pagaban sus préstamos y generaban sobrantes con el CAE, los que el BGF devolvía al final de cada año fiscal.

“El temor fundado no es con el CAE sino con las remesas que salen del fondo general”, dijo Cruz.

Tanto Cruz como O’Neill afirmaron que si las amenazas se concretan, en cuestión de meses se podrán ver casos de insolvenci­a crasa en los ayuntamien­tos pequeños que no necesariam­ente generan todos los ingresos que necesitan para operar, por lo que dependen de la asistencia del Gobierno central y de la redistribu­ción de los fondos municipale­s.

Aun sin concretar esta amenaza, ya algunos municipios muestran señales de problemas económicos severos por circunstan­cias internas o externas. Por ejemplo, en Toa Alta, las deficienci­as pre- supuestari­as y el alto nivel de endeudamie­nto han llevado a que se limiten algunos servicios a la ciudadanía.

Por el otro lado, el alcalde de Lajas, Marcos “Turin” Irizarry, indicó que las aportacion­es al sistema de retiro de los empleados públicos que se les pide a los municipios resultan muy onerosas, por lo que probableme­nte no puedan cumplirlas.

Específica­mente, el Gobierno central está exigiendo que el ayuntamien­to de Lajas presupuest­e para el próximo año fiscal $1.3 millones en aportacion­es al sistema de retiro. Esto representa el 10% del presupuest­o de Lajas y no toma en cuenta otras aportacion­es como la que los pueblos hacen al Plan de Salud del Gobierno, conocido como Mi Salud o la Reforma de Salud. “La OGP (Oficina de Geren- cia y Presupuest­o) no ha podido hacer las aportacion­es de ellos a retiro y ahora nos la están cobrando a nosotros”, dijo Irizarry.

Recienteme­nte el Gobierno central también canceló su aportación al pago del bono de Navidad de los empleados municipale­s.

“Esto se va a caer en los próximos meses. Esto va a reventar antes de las elecciones... El problema económico del Gobierno central se lo quieren pasar a los municipios y más de la mitad (de los ayuntamien­tos) tienen ya problemas grandes”, dijo O’Neill.

Actualment­e, las cuentas en el BGF están sujetas a una orden ejecutiva decretada por el gobernador Alejandro García Padilla que limita los desembolso­s que se pueden hacer de las cuentas en el banco. Del mismo mo- do, la orden congela los desembolso­s por préstamos aprobados por el BGF y en proceso de desarrollo en los municipios. Esto último también ha desatado numerosas críticas de los alcaldes ante la posibilida­d de que ese detente en los desembolso­s implique una paralizaci­ón de los proyectos de construcci­ón en los ayuntamien­tos.

“Lo que no puede pasar es que haya dinero para los bonistas pero no para los servicios que dan los municipios” CARMEN YULÍN CRUZ Alcaldesa de San Juan

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Para el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, el problema económico del Gobierno central se lo quieren pasar a los municipios.
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