Tras la herramienta para negociar la deuda

El acuerdo preliminar entre el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y un grupo de fondos de cobertura para evitar un impago el 1 de mayo, aunque aún requeriría el aval de otros “hedge funds”, evidencia que es posible alcanzar pactos para reestructurar la

Empero, este esfuerzo difícilmente pueda replicarse con cada uno de los grupos de acreedores con los que Puerto Rico tiene obligaciones de cerca de $70,000 millones. El hecho es que para que la Isla pueda cumplir ordenadamente con el pago de sus múltiples deudas, necesita de instrumentos federales que le ayuden a estabilizar sus finanzas, realizar negociaciones y encaminar su desarrollo económico.

Por ello recalcamos que el Congreso debe dar paso a la propuesta de la mayoría republicana para la creación de una Junta de Control Fiscal, pero añadiendo un balance de gobernanza con la participación con voto de Puerto Rico. De igual manera, esa medida debe enmendarse para eliminar la inmunidad que se otorgaría a ese organismo federal en caso de violar la ley o la Constitución. De la manera en que fue redactado, el proyecto otorga a la Junta un nivel de autoridad sobre Puerto Rico que estaría incluso por encima del Congreso.

Con las debidas enmiendas a la legislación propuesta, el Congreso debe moverse cuanto antes hacia la creación de la Junta de Control Fiscal, sobre todo ante la inminencia del vencimiento en mayo y en julio de plazos de la deuda para los que se anticipa un impago. Enfrentado a ese panorama, se estima que el gobernador Alejandro García Padilla haría entonces uso del poder que le confiere la Ley de Moratoria para retrasar unilateralmente el pago de los plazos vencidos.

Es obvio que ya no es posible alcanzar un acuerdo de consenso entre el gobierno de Puerto Rico y los bonistas para renegociar una reestructuración ordenada sin intervención del Congreso ni de los tribunales, principalmente debido a que los acreedores ahora aguardan por las medidas congresionales antes de acceder a negociar.

Ahora bien, para que la reestructuración sea efectiva, la Junta tendría que contar con autoridad legal para obligar a los bonistas a conceder un período de indulgencia mientras se avanza en las negociaciones, para impedir que estos acudan a los tribunales para obligar a los bonistas minoritarios a aceptar los términos que negocie la mayoría.

Otro elemento esencial para el éxito de ese organismo es que el Congreso apruebe incentivos contributivos federales que le permitan a Puerto Rico atraer inversión para su desarrollo económico.

Es necesario mantener el intenso cabildeo en Washington para que el proyecto de ley presentado por la mayoría republicana consiga los votos para ser aprobado en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, con las enmiendas pertinentes.

Después de todo, el posible acuerdo del BGF con sus acreedores ratifica que hay voluntad para negociar acuerdos de reestructuración. Lo mismo demuestran el plan de revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica y el esfuerzo similar que se trabaja para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

La voluntad nuestra y las herramientas con respaldo federal allanarán la ruta de la reestructuración de las obligaciones y la revitalización de Puerto Rico. Se trata de que todas las partes, incluido el Congreso, evidencien su determinación de salir adelante.