Asociaciones de residentes piden auxilio ante el caos de las reposeídas
Urgen acción del Gobierno para que instituciones financieras y fondos de inversiones paguen millones en cuotas atrasadas
El reciente asesinato de un padre de familia mientras se bañaba en su residencia en Cidra y un robo domiciliario en Gurabo que resultó en un ataque a puñaladas a un ginecólogo obstetra tienen un denominador común: la reducción de servicios de seguridad a causa de las deudas millonarias que arrastran cientos de asociaciones de residentes en cuotas de mantenimiento.
Eso aseguraron a El Nuevo Día cuatro integrantes de la Alianza de Comunidades con Control de Acceso, quienes plantean que urge tomar acción legislativa y gubernamental para evitar que más comunidades en Puerto Rico se conviertan en tierra de nadie, sea por inseguridad o por el rápido incremento de propiedades reposeídas, a medida que más personas pierden sus empleos o cansadas de luchar contra el sistema, optar por irse de la Isla.
“No fuimos nosotros los que cualificamos a la persona, fue el banco”, indicó la abogada Rhonda Castillo, al señalar que en la actualidad, cientos de asociaciones de residentes están contra la pared porque ya no pueden pagar los gastos de mantener las comunidades y los sistemas de acceso controlado.
Según Castillo y Ada Moledo, ambas residentes de la comunidad Sabanera en Cidra, las asociaciones vecinales de las urbanizaciones de Estancias del Bosque y Ciudad Jardín, en Cidra y Gurabo –donde acontecieron dos crímenes violentos que ocuparon titulares en días recientes– se vieron forzadas a reducir los servicios de seguridad porque han experimentado fuertes caídas en las cuotas de mantenimiento. Esto ha sucedido a medida que los bancos y otras instituciones o firmas de inversiones continúan ejecutando propiedades, pero no pagan las cuotas de mantenimiento acumuladas.
MILLONES EN PÉRDIDAS. “Esto no es un tema de urbanizaciones de alto costo. Esto está pasando en todos lados, en comunidades chiquitas, donde la cuota puede ser de $25 al mes”, dijo Moledo.
Según Castillo y Moledo, en el caso de Sabanera, la asociación de residentes se expone a por lo menos dos años de pérdidas en cuotas de propiedades reposeídas que rondarían casi $300,000, pero en comunidades con unidades de vivienda con precios bajos, las pérdidas por propiedades reposeídas que no pagan cuotas podrían fluctuar entre $10,000 y $15,000 al año.
FALTA CLARIDAD EN LA LEY. De acuerdo con Marco Rosado, quien administra unos 30 complejos residenciales, en el comienzo de la crisis económica, la falta de pago de cuotas en propiedades reposeídas era la excepción. Sin embargo, desde hace unos tres años, el tema se ha convertido “en la norma” y el asunto afecta a comunidades con viviendas unifamiliares, pero también en condominios y complejos tipo “walk-ups”.
No obstante, según Rosado, las comunidades que operan bajo la Ley de Control de Acceso parecen ser las más golpeadas por la falta de claridad en el tema.
A diferencia del régimen de propiedad horizontal donde la entidad que ejecuta el inmueble debe pagar cuota por los seis meses previos a la obtención de una sentencia de ejecución, la Ley de Control de Acceso no determina qué hacer en estos casos.
POLÍTICA PÚBLICA CONTRADICTORIA. Según Rosado, la mayor parte de las comunidades construidas en Puerto Rico por las pasadas dos décadas se han desarrollado con sistemas de control de acceso autorizados por el propio Gobierno. En tanto, Castillo recordó que la existencia de sistemas de acceso controlado forma parte de las estrategias de mercadeo de las instituciones financieras al financiar y promover tales desarrollos.
Partiendo de lo reportado antes por El Nuevo Día, podría decirse que el Estado posee políticas públicas contradictorias en torno a la tenencia de hogares.
En el caso de los condominios, por ejemplo, el estado de derecho obliga a los condóminos a mantener reservas para que continúen en cumplimiento,
En el régimen de vivienda cooperativa hay disputas en torno al verdadero alcance de la titularidad de los socios-dueños, mientras que en las comunidades de control de acceso, que se desarrollaron para complementar las funciones de seguridad que debe proveer el Estado, no se establecen responsabilidades en el caso de propiedades reposeídas.
Según Rosado, dado que el proceso de ejecución puede tardar entre dos a tres años en consumarse, el titular deja el inmueble y por ende, no paga sus cuotas, pero tampoco lo hace la institución financiera.
“Estás hablando de una comunidad que hizo un presupuesto contando con cuotas de 100 residencias y de repente, solo pagan cuota 90”, sostuvo Rosado.
“Esto tiene un efecto multiplicador porque si reduces el servicio, son menos empleos y eso es menos para la economía”, dijo por su parte el contador público Luis Quiñones, quien presta servicios a asociaciones de residentes y condóminos.
DOS AÑOS POR UN PROYECTO DE LEY. La Alianza ha puesto sus esperanzas en el proyecto de ley 456 del senador Ramón Luis Nieves –que lleva dos años sin aprobarse– que definiría las condiciones del adquiriente involuntario y, en esencia, establecería que los adquirientes involuntarios de propiedades pagarán cuotas contando seis meses antes a la fecha de sentencia para ejecutar el inmueble y hasta que el inmueble pase o un tercero.
El proyecto –que cuenta con informes positivos– permanece en la comisión de Calendario de la Cámara de Representantes.
De igual forma, el grupo impulsa que el proyecto se enmiende para que sea obligatorio que la institución financiera o fondo de inversiones divulgue la venta del inmueble a la asociación de residentes.
“Cuando esa propiedad esté disponible para la venta, debe darse a la luz pública para que lo sepa toda la comunidad y para que se abra a la competencia” Rhonda Castillo Abogada