La diáspora debate estrategias para la Isla
La diáspora discute en Nueva York la crisis fiscal de Puerto Rico El Tesoro insiste en que la solución la debe proveer el Congreso
QNUEVA YORK.- Aunque el representante del secretario del Tesoro les pidió ayer seguir apostando al Congreso, líderes de la diáspora exploran nuevos caminos para lograr que el gobierno federal mitigue la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla.
En la primera jornada de dos días de una reunión cumbre en Nueva York de medio centenar de organizaciones de la diáspora, dirigentes políticos y cívicos afirmaron que la desobediencia civil, una movilización de protesta a Washington y, sobre todo, mayores esfuerzos para inscribir electores puertorriqueños en estados claves deben estar en un plan de acción.
Hoy, una coalición de funcionarios electos boricuas en EE.UU. propondrá formalmente un plan de acción.
“Hay que considerar seriamente la desobediencia civil”, como se hizo durante el movimiento en contra de las antiguas maniobras militares en Vieques, dijo la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, al abrir los trabajos de la cumbre en el edificio de Trabajo Social del Hunter College, en el antiguo barrio boricua de Manhattan.
Con su mensaje, Mark Viverito, la segunda persona electa de más rango en la ciudad de Nueva York, marcó la incomodidad que grupos y funcionarios electos de la diáspora boricua expresan sobre la legislación federal que persigue crear una junta federal de control fiscal y consideran una nueva capa de colonialismo sobre la Isla.
La legislación 4900 ha quedado estancada en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal –por lo menos hasta mediados de mayo–, principalmente por la oposición de los republicanos a ofrecerle al Gobierno de Puerto Rico un mecanismo que permita una reestructuración abarcadora de su deuda pública. Los congresistas boricuas José Serrano, Luis Gutiérrez y Nydia Velázquez durante el foro que continúa hoy sábado.
En el inicio de la cumbre, que concluye hoy, el propio Antonio Weiss, consejero del secretario del Tesoro, escuchó las quejas de la comunidad en contra de los poderes de la junta y la falta de iniciativas para el desarrollo económico de la Isla.
Pese a que la medida 4900 del republicano Sean Duffy (Wisconsin) no provee iniciativas de desarrollo económico ni encamina la paridad en los programas federales de salud, Weiss afirmó que el proyecto republicano debe verse en este momento como una medida “de emergencia, necesaria pero no suficiente”.
“No debemos asumir que la legislación actual será la final”, señaló, al insistir que solo el Congreso puede proveer una reestructuración abarcadora, que permita resultados a corto plazo, poner en marcha una economía sostenible y evitar una litigación judicial de “10 años”.
Weiss defendió los poderes que la medida les otorgaría a siete personas expertas en finanzas –solo una de ellas con residencia o negocio principal en la Isla– para controlar el presupuesto, los planes fiscales y hasta revisar leyes.
Además, Weiss coincidió con el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop, en que la junta federal no debe ser considerada una autoridad que controlará al Gobierno de Puerto Rico, pues si los funcionarios electos cumplen con las órdenes iniciales sobre planes fiscales la supervisión será limitada.
Pero, las organizaciones de base y los funcionarios electos que participan de la cumbre –organizada por el Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College– advirtieron que el proyecto presentado en la Cámara hace muy claro que las decisiones últimas estarán en la junta federal.
A los congresistas demócratas boricuas José Serrano (Nueva York), Nydia Velázquez (Nueva York) y Luis Gutiérrez (Illinois), desde el público les plantearon por qué no organizar una movilización nacional de la diás- pora y de Puerto Rico frente al Congreso, en Washington.
Los tres acogieron la idea, aunque Gutiérrez advirtió que para septiembre ya se organiza el “Concierto por la Libertad” frente a la Casa Blanca en reclamo de la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera, cuya petición de clemencia ha sido endosada por los grupos que participan en la cumbre.
En el panel final de la jornada de ayer, los congresistas demócratas boricuas expresaron optimismo de que, aunque el proyecto de ley está en el aire, se logre aprobar una legislación antes del 1 de julio, cuando puede ocurrir un impago masivo de la deuda
“(El speaker Ryan) tiene que hacer una transacción con los demócratas. Creo que va a haber una solución legislativa, aunque no perfecta”, indicó Velázquez, quien comentó el rechazo de los republicanos a permitir la reestructuración de las obligaciones generales y a dar preferencia en el cumplimiento de los pagos de los sistemas de pensiones públicas.
Gutiérrez sostuvo además que llega el momento de que el sindicalismo organizado, que ha contado con el respaldo de demócratas como él, acepte que se exima a Puerto Rico de las normas federales de cabotaje.