Gelpí amenaza con embargar cuentas del Gobierno
El juez citó para el martes, a las 9:30 a.m., una reunión en la que se discutirá el caso
El juez federal Gustavo A. Gelpí emitió ayer una orden de intención de embargo a cuentas del Gobierno de Puerto Rico para que pague a los proveedores que dan servicios a personas con discapacidades en el desarrollo, a raíz de la demanda que presentó en 1999 la División de Derechos Civiles de Justicia federal contra el Estado Libre Asociado para hacer valer los derechos de estos ciudadanos.
“Con mucho disgusto, la moción del Estado Libre Asociado no me deja otra alternativa que no sea emitir una orden de embargo para que se pague a los proveedores de servicio de inmediato. Esta parece ser la única manera en la que los derechos constitucionales de las personas con necesidades especiales en este caso, que data de 1999, pueden protegerse. Si no, el efecto para estos individuos sería devastador y sin arreglo”, expuso Gelpí en la orden emitida esta tarde.
La orden incluye el señalamiento de una reunión en su oficina el próximo martes, a las 9:30 a.m., a la que deberán comparecer el secretario de Justicia, César Miranda; el secretario de Hacienda, Juan C. Zaragoza; la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz; y el director de finanzas, Luis Cruz.
Gelpí agregó que espera que se resuelva la situación en dicha conferencia, pero que de no ser así, abrirá sala para emitir las órdenes a corto y largo plazo “que ameriten”.
La determinación del juez surge luego que el Gobierno estatal informara que pagó a los proveedores hasta enero, pero que entiende que todavía está dentro del término de los 45 días para pagar las facturas de febrero y marzo. La moción informativa incluye una carta de Zaragoza asegurando que, “aunque el Estado Libre Asociado de Puerto Rico atraviesa una situación fiscal sin precedentes, pondremos nuestro mayor esfuerzo en procesar los pagos dentro de los términos”.
El gobierno de Estados Unidos contestó que el Joint Compliance Coordinator (JCC), Javier Aceves, les alertó que el Gobierno estatal no estaba pagando a los proveedores de servicio de manera eficiente y que esto conlleva un riesgo porque algunos tendrían que cerrar sus instalaciones.
Aclararon que los pagos deben ha- cerse mensualmente, pero que se aceptó el acuerdo del pago dentro de un término de 45 días para “ser razonables”.
“Estados Unidos ha repetido por varios años en las vistas de estatus que el pago a tiempo a proveedores es esencial para la salud y viabilidad del sistema comunitario. Pagos a tiempo, regulares y confiables es la línea de vida de los proveedores”, lee el escrito del gobierno federal, que agregó que la falta de pago o pagos tardíos provocaría el cierre de hogares, donde hay personas recibiendo servicios las 24 horas, y tendrían que echarlos a la calle.
Se informó que las facturas de febrero suman alrededor de $733,000, pero que para asegurar que es suficiente, requieren que el tribunal ordene el de- pósito de $750,000 mensuales.
Recientemente, el Departamento de Salud solicitó una prórroga para pagar. La demanda que presentó la División de Derechos Civiles de Justicia federal en 1999 contra el Gobierno estatal para hacer valer los derechos de las personas con discapacidades de desarrollo continúa abierta, a pesar de acuerdos a los que llegaron en 2011.
Los departamentos de Justicia federal y local lograron un acuerdo en octubre de 2011 para que se cumpliera con varios requisitos referentes a personas con autismo y síndrome de Down. Entonces, Gelpí nombró un monitor por tres años para velar que se cumpliera con lo establecido, y designó a Aceves como JCC, que es un mo- nitor judicial oficial independiente.
El acuerdo contemplaba que se aumentaría la disponibilidad de hogares comunitarios, ofrecer empleos a esta población y mejorar la accesibilidad de actividades diurnas para ellos.
Ayer Antonio Pérez López, secretario auxiliar de Asuntos Legales de Hacienda, aseguró que su agencia está haciendo todo lo posible por cumplir con los pagos pendientes según la disponibilidad de fondos. “La situación fiscal es una real y muy seria. El Gobierno tiene una limitación de recursos y está cumpliendo con sus obligaciones según el flujo de efectivo lo permite. Mientras tanto, el Departamento de Justicia está haciendo las gestiones correspondientes en el foro federal para atender esta situación con la diligencia que requiere”, dijo Pérez López.