El plan federal tiene que considerar las pensiones
La crisis fiscal de los sistemas de retiro del gobierno central, de la judicatura y de los maestros, que podría dejarlos insolventes en apenas dos años, dramatiza la urgencia de que el Congreso apruebe legislación dirigida a atender la creciente iliquidez
La legislación congresional debe proveer para la creación de una Junta de Control Fiscal con participación efectiva de Puerto Rico, así como para un proceso de reestructuración ordenada de la deuda que no afecte las pensiones de los retirados del sistema público. Tanto el Tesoro de Estados Unidos como los demócratas del Congreso coinciden en que si se dejan de pagar las pensiones se estaría golpeando duramente, tanto la economía de más de 170,000 individuos, como las posibilidades de recuperación fiscal del gobierno.
Las noticias de que el proyecto de ley presentado por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes federal para crear el organismo de supervisión fiscal podría retrasarse hasta antes del inicio del próximo año fiscal en Puerto Rico, el 1 de julio, colocan al gobierno local en una posición aún más frágil debido a la amenaza de un impago masivo que coincide con esa fecha. Si no logra acuerdos voluntarios con los bonistas, Puerto Rico deberá pagar $480 millones por el servicio de la deuda el 1 de mayo, principalmente a acreedores del Banco Gubernamental de Fomento, y otros $1,900 millones al 1 de julio.
El BGF, que fue declarado en estado de emergencia por el gobernador Alejandro García Padilla haciendo uso de los poderes que le otorga la recién firmada Ley de Moratoria Fiscal, ha alcanzado acuerdos preliminares con cerca de una tercera parte de los acreedores a quienes tendría que pagarles $422 millones en menos de dos semanas. Pero para concretarlos necesita el aval de los demás bonistas con notas a vencer el 1 de mayo.
En este escenario es que este diario informó el viernes que la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) han tenido que liquidar más de $1,100 millones de sus activos en apenas 10 meses para poder desembolsar las pensiones de este año.
Más aún, el Informe Financiero Anual Consolidado para el año fiscal 2014, que se publicará finalmente en dos semanas, consignará que la situación de los sistemas de retiro es tal que en dos años ya no habrá dinero para seguir pagando las pensiones de los ya retirados, ni para el pago eventual a 167,000 empleados públicos y maestros que todavía están activos. La nómina anual combinada para el pago de las pensiones asciende a $2,000 millones.
El panorama le ha sido explicado en detalle al Congreso y al Tesoro, pero hasta ahora la legislación pendiente, que no ha podido llevarse a votación en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal por falta de votos, no incluye remedios para el sector.
Como indicamos antes, tanto el Tesoro como la minoría demócrata impulsan la inclusión de garantías, a través de la renegociación de los bonos de obligaciones de pensiones, como parte de la autoridad para reestructurar la deuda que reclaman para Puerto Rico.
El speaker Paul Ryan busca vías que le permitan a la Cámara enviar un proyecto de consenso al Senado, donde hay otro proyecto radicado, el del también republicano Orrin Hatch, presidente del Comité de Finanzas, que propone una junta fiscal con más poderes pero acompañada de una inyección de $3,000 millones al gobierno de Puerto Rico para evitar la insolvencia.
Urge que el Congreso y el Tesoro se pongan de acuerdo sin más demora, de modo que pueda aprobarse la legislación necesaria para permitir que se ponga en marcha, de una vez, la recuperación fiscal y económica del País. En esta importante ecuación tiene que considerarse el bienestar de los miles de pensionados puertorriqueños, la mayoría de los cuales depende de su cheque de retiro.