Por igualdad y democracia
Puerto Rico es eje de discusión en el Congreso en estos momentos. El presidente estadounidense, el liderato congresional y los medios de comunicación han estado pendientes de nuestra situación. Siempre hemos lamentado la falta de atención que le ha dado el gobierno federal a los asuntos de Puerto Rico. Ahora se enfocan en nosotros, pero por las peores razones: la crisis fiscal, una emigración masiva a los estados y la falta de crecimiento económico.
Esto es muestra de la debacle de nuestra condición territorial actual. Desde que comencé mi gestión en Washington he buscado adelantar la solución permanente a nuestro status, ya que es la raíz de nuestros problemas. Uno de los primeros proyectos que radiqué en el Congreso, el proyecto de plebiscito HR 2499, fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara federal y sirvió de base para la consulta local en la cual la estadidad obtuvo más votos que cualquier otra alternativa de status. Asimismo, he radicado dos proyectos de admisión en el Congreso durante este cuatrienio, el HR 2000 y el HR 727, con considerable apoyo bipartidista, y logré que se aprobara una ley federal que nos permite llevar a cabo un referéndum avalado por el gobierno federal.
En prácticamente toda gestión que realizo resalto la falta de igualdad y democracia que sufre Puerto Rico por culpa de nuestro estatus actual. En los pasados tres años he lle- vado ese mensaje al hemiciclo cameral en más de una veintena de ocasiones, además de discursos, columnas, misivas y testimonios en los que detallo las razones por las cuales nuestra condición territorial afecta la calidad de vida de nuestra gente, nos priva de derechos democráticos y limita nuestras oportunidades de crecimiento económico.
Si el status actual fuera mejor que ser estado, Puerto Rico estaría mejor. Pero la realidad es otra. Por más de cuatro décadas hemos estado rezagados en los índices de actividad económica, y en las cifras de empleo, ingreso per cápita y participación laboral. Las desigualdades que sufrimos y esa falta de crecimiento y de oportunidades, ha desencadenado una crisis sin precedente que pone de manifiesto las deficiencias de nuestro status territorial.
La legislación pendiente en el Congreso, que busca atender nuestra crisis fiscal, es prueba fehaciente de la falta de democracia bajo la cual vivimos. El Congreso, con el aval del Ejecutivo federal, ha dicho claramente que está dispuesto a ejercer los poderes ple- narios que tiene sobre Puerto Rico. Sin embargo, al mismo tiempo, el proyecto de ley reafirma nuestro derecho de celebrar una consulta con el aval del secretario de Justicia de Estados Unidos para resolver nuestro problema del status.
Por eso, llevo todo el cuatrienio recalcando que el próximo paso lógico debe ser efectuar un referéndum, con aval del gobierno federal, para preguntarle a nuestro pueblo si quiere que Puerto Rico sea admitido como un estado. Esa consulta, por diseño, le permitirá a todos expresarse y el resultado estará libre de cuestionamiento. Hawai y Alaska celebraron plebiscitos como el nuestro en 2012, y luego de que la estadidad prevaleció, el Congreso les pidió que celebraran un referéndum Sí o No como condición para su admisión. Si la administración actual no realiza esa consulta, nosotros vamos a hacerlo y el resto será historia.
La mejor manera de presionar al Congreso para resolver nuestro problema del status es mediante un voto claro y libre de impugnación a favor de la admisión de Puerto Rico como un estado. De prevalecer la estadidad en la consulta, como es de esperarse, el Congreso se verá obligado a responder al llamado de los ciudadanos americanos en la Isla. Así lograremos la democracia plena y la igualdad de derechos y oportunidades bajo nuestras dos banderas.