Opacidad: cómplice de muchos males
El debate sobre cómo garantizar la transparencia supone sortear dificultades que van desde la recopilación fehaciente de los datos hasta eliminar trabas que obstaculizan el acceso a la información
En la búsqueda de estimular la participación en eventos electorales, se repite hasta la fatiga que a través del voto se ejerce uno de los poderes principales de las personas en un estado democrático. No obstante, la prédica demócrata de los líderes políticos se torna tímida cuando los ciudadanos reclaman la rendición de cuentas, otro pilar de la democracia. Al menos durante la última década, el Gobierno de Puerto Rico se ha movido en dos caminos paralelos. Por un lado, ha hecho algunos esfuerzos para mejorar o diversificar las formas en que los constituyentes acceden a información gubernamental que estuvo antes vedada, era de difícil acceso o no estaba disponible. Entre esas iniciativas, se pueden mencionar la aprobación de las leyes que crearon el Instituto de Estadísticas y una página con datos gubernamentales, así como la que obliga a las corporaciones públicas a transmitir las reuniones de las juntas de gobierno en sus portales electrónicos.
Por el otro, ejercita prácticas que tienen el efecto de restringir o dificultar el acceso a la información, como cuando se ofrece información policial coartada, cada vez que se incorporan cláusulas confidenciales en contrataciones gubernamentales, así como cuando se suscriben acuerdos judiciales y extrajudiciales secretos, por mencionar algunos de estos ejercicios gubernamentales, entre los que está incluido, por supuesto, negar la información.
Al ser poco riguroso cuando documenta procesos gubernativos, en los registros de datos y en la preservación de documentos, el Gobierno también impide el acceso efectivo a la información.
Numerosos informes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) dan cuenta de almacenes de documentos en municipios y agencias que se asemejan más a un vertedero que a un lugar de registro. De igual manera, son incontables los hallazgos sobre la falta de documentación relacionada con inventarios, subastas, compras, facturación y pago, entre otras. FALLA GERENCIAL. Para el exrepresentante Víctor García San Inocencio, esto ocurre porque, dentro del Gobierno en Puerto Rico, la rendición de cuentas no se ha convertido en un hábito o en una costumbre, y no existe una práctica gerencial que lo facilite.
El abogado, quien exploró el tema del acceso a la información pública en su tesis doctoral, ilustró la gravedad del problema al recordar cómo, en medio de la actual crisis fiscal, uno de los