COORDENADAS DE UN DERECHO FUNDAMENTAL
principales reclamos que le hacen desde diversos frentes al Gobierno puertorriqueño es su falta de transparencia en cuanto a los datos financieros.
El exlegislador advirtió que, para que haya acceso a la información, primero tiene que existir el dato, por lo que debe garantizarse que, con la tecnología existente, se documente cada acto en el que un funcionario empeñe recursos o ejercite autoridad pública.
“Gran parte de las transacciones están solamente documentadas parcialmente; lo que aparece es el documento último y lo que pasa a intervalos no está”, criticó.
EXIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO. La amplia documentación de los procesos gubernamentales, incluyendo los deliberativos, permite fijar responsabilidades, abundó el exrepresentante independentista.
“Si en el expediente lo que aparece es solamente la decisión final, no hay forma de demostrar un caso de negligencia en el cumplimiento del de- ber”, manifestó García San Inocencio en entrevista con El Nuevo Día.
Para una verdadera transparencia en la gestión pública, al acceso a la información, el registro, y conservación de los datos, se les debe añadir otros dos elementos: traducción y divulgación, señaló Alvin Quiñones Avilés, de Abre Puerto Rico, una organización no gubernamental que recopila y publica datos y documentos públicos.
“Nosotros trabajamos (para) coger cosas que son bien complicadas… y traducirlas de una manera más accesible al pueblo”, indicó.
Quiñones Avilés señaló que organizaciones de la Isla como Abre PR y Espacios Abiertos forman parte de un movimiento internacional que se inició para recuperar información como una forma de fiscalización ciudadana y para reivindicar el derecho ciudadano a saber lo que el Estado recopila y por qué.
Este interés se agudizó a partir de las leyes antiterrorismo aprobadas tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y que les dieron mayores poderes a los estados para espiar a los ciudadanos e irrumpir en su privacidad.
Por todas estas razones, entre otras, la transparencia gubernamental es la base para que los individuos puedan tomar decisiones informadas, realizar una fiscalización de su gobierno e incluso para sus determinaciones cotidianas, y por esto el acceso a la información ha sido reconocido como un derecho humano por, entre otras, la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Sin información, se hace más difícil ejercer la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a defenderse de los atropellos del Estado, a solicitarle al gobierno la reparación de agravios y el reclamo efectivo del derecho a la salud, al trabajo, a la educación y otros de similar carácter”, explica el catedrático de la Universidad de Puerto Rico Efrén Rivera Ramos, en su conferencia “Aspectos constitucionales del derecho a la informa-
ción y la confidencialidad de los documentos gubernamentales”.
DEBATE ABIERTO. Los mecanismos para garantizar ese acceso han sido parte del debate en Puerto Rico en este siglo. Hay sectores que promueven una legislación y otros grupos que piensan que la Constitución puertorriqueña y la jurisprudencia ya lo garantizan.
Rivera Ramos y García San Inocencio –ambos colaboradores de la organización Espacios Abiertos– se han expresado públicamente a favor de la aprobación de una legislación que establezca un proceso sencillo que, entre otras cosas, fije términos para la entrega expedita de la información y establezca penalidades ante el incumplimiento.
“Una legislación de este tipo debiera proveer: primero, acceso universal a la información, como principio, y, en segundo lugar, debiera proveerles mecanismos a las personas para que pudieran hacer valer el derecho”, ex- plicó García San Inocencio. “Eso de por sí desalentaría a los que niegan o demoran en dar la información”.
A juicio del exrepresentante, una legislación reduciría los litigios en los tribunales para la exigencia de información, un mecanismo que, a su juicio, lo utilizan principalmente los dueños de los medios de comunicación, pero no los ciudadanos.
“En la práctica, hace falta tantos recursos para reclamar el derecho que casi ningún ciudadano por sí mismo puede ir a tratar de prevalecer en los tribunales aun cuando le asiste el derecho”, señaló.
Ante la Cámara de Representantes hay un proyecto sometido por petición para establecer una ley de acceso a la información. Sin embargo, el proyecto, que fue a vistas públicas, no ha tenido respaldo ciudadano ni gubernamental, dijo el representante Jo
sé “Cony” Varela , presidente de la Comisión cameral de Gobierno, que atiende la medida.
Los grupos que no apoyan este tipo de legislación, particularmente algunos sectores de la prensa, han planteado la preocupación de que una ley podría traer todavía más burocracia al proceso y que, contrario a lo que persiguen quienes promueven la legislación, encarezca y haga más lento el proceso cuando se requieran revisiones judiciales de las determinaciones administrativas.
Mediante la garantía constitucional existente, un ciudadano que no obtiene acceso a la información gubernamental que procura puede acudir al tribunal para presentar un recurso especial que se conoce como mandamus con el que se solicita al tribunal que obligue a un funcionario a cumplir con su deber ministerial.
En Estados Unidos, donde la Constitución no garantiza el acceso a la información, se creó una ley en 1967 que estableció el procedimiento mediante el que los ciudadanos –incluyendo periodistas, medios de comunicación y organizaciones– pueden requerir acceso a datos en poder del gobierno federal.
En enero de este año, la Cámara de Representantes de Estados Unidos emitió un informe sobre la experiencia de los ciudadanos y la prensa con el Freedom of Information Act.
Entre los testimonios recopilados en el informe, se encuentran los de quienes tuvieron que esperar varios años para acceder a la información, la imposición de condiciones económicas y procesales muy onerosas para los solicitantes y, en muchos casos, el fracaso de la solicitud.