La Junta debe ser de progreso, no de castigo

Toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad y eso es precisamente lo que el Congreso de los Estados Unidos le está negando al pueblo de Puerto Rico al no proveerle los mecanismos que le permitan encaminar la solución a la crisis fiscal y el de

El Congreso no ha permitido que Puerto Rico recurra a los instrumentos de ayuda disponibles para los estados en precariedad fiscal y, debido a la condición de territorio, la Isla tampoco tiene acceso a los remedios con los que cuentan los países soberanos. Los estados tienen acceso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal y una nación soberana en crisis puede recurrir a instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, en busca de avenidas de auxilio.

Carente del marco legal y de la autonomía para salir de la crisis, Puerto Rico se encuentra en el limbo, atrapado contra la pared del inmovilismo y la indiferencia de los legisladores estadounidenses. Lo más que el Congreso de mayoría republicana ha propuesto es una Junta de Supervisión Fiscal que no toma en cuenta los mejores intereses del pueblo puertorriqueño.

La cruda realidad es que, debido a la sequía de las arcas locales y la desatención congresional, nuestra Isla está expuesta al caos económico y social.

El impago en el que el Gobierno local incurre hoy es evidencia clara de que Puerto Rico perdió el control y está hundido en su descalabro fiscal y que, además de los impagos que se avecinan, se acelerará el incumplimiento con los servicios esenciales. El pueblo está viviendo los efectos de las arcas vacías en renglones tan sensitivos como la salud y la educación.

Ante este panorama desolador, lo que nuestro País necesita es una Junta que, con la participación efectiva de miembros locales, provea las condiciones para reestructurar la deuda pública y los incentivos que generen actividad económica. La Junta no tendrá éxito en su misión de estabilizar a Puerto Rico si sus funciones se limitan a la reestructuración fiscal y al balance del presupuesto. Reducir su agenda a estas tareas, lejos de ayudar a la Isla, la Junta lo que haría es castigar al pueblo puertorriqueño.

Como sucedió con la intervención del Estado de Nueva York en la crisis de la Ciudad de Nueva York, el plan de reestructuración de las obligaciones necesitará de una disposición que permita que, con el 50% de los acreedores dispuestos a llegar a acuerdos, el restante 50% deberá acatar esas decisiones. Esa disposición daría a la Junta la fortaleza que necesita para alcanzar soluciones concretas al problema de la deuda con la participación de todas las partes.

Debilitado por el egoísmo electoral, tanto local como federal, Puerto Rico necesita la intervención de una Junta que incluya a figuras con la preparación y experiencia que las capaciten para representar los intereses puertorriqueños.

La Junta, a la vez que ejerce una supervisión rigurosa, tiene que autorizar verdaderos alivios a corto y a largo plazo, e impedir que las acciones en los tribunales como consecuencia del impago minen nuestra capacidad de rehabilitación. Es responsabilidad del Congreso proveer los mecanismos para impulsar la economía de la Isla hacia sólidas metas de sostenibilidad y autosuficiencia.

Mientras, una disposición que debe eliminarse del proyecto de ley que está pendiente de acción en el Congreso es el relativo a las tierras de Vieques, las que son expuestas a la especulación en lugar de ser protegidas en estado de conservación.

Es hora de que el Congreso deje de tratar a Puerto Rico como una jurisdicción habitada por ciudadanos de segunda clase, y de que asuma su responsabilidad moral y legal con los puertorriqueños dando paso a una legislación que atienda con seriedad y justicia su apremiante situación fiscal.

La acción rápida y acertada del Congreso es una obligación legal y humanitaria.