“NO PODEMOS ESPERAR MÁS”
Al anunciar que invocó su facultad para retrasar el pago de la deuda que vence hoy, el gobernador Alejandro García Padilla urgió al Congreso de EE.UU. a aprobar un mecanismo de reestructuración de deuda que evite un agravamiento de la crisis
El gobernador Alejandro García Padilla dijo ayer que la crisis fiscal, económica y “humanitaria” que experimenta Puerto Rico empeorará, salvo que el Congreso estadounidense provea un mecanismo para reestructurar la deuda pública de la Isla.
En un mensaje televisado de unos 10 minutos de duración, García Padilla también señaló que ante la inacción de la rama legislativa federal, optó por decretar el primer impago en la historia del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
“Nos hemos visto obligados a tomar medidas de emergencia, en vista de que el Congreso no ha actuado”, sostuvo García Padilla al tiempo que aseguró que decretar un impago que afectará a miles de acreedores del BGF “fue difícil”.
La orden ejecutiva, dijo el mandatario, establece una moratoria “temporera” en parte del pago de $422 mi- llones que el BGF debió efectuar ayer y que, por tratarse de un día no laborable, debía reflejarse hoy en las cuentas de los acreedores. Empero, el mandatario no ofreció detalles acerca de la cuantía del impago o qué bonistas se afectan con la decisión.
Mientras el mandatario hablaba, El Nuevo Día recibió información de diversas fuentes que planteaban que entre los bonistas afectados figuran “cientos de clientes individuales”, aseguradoras y los llamados fondos mutuos cerrados en Puerto Rico.
El impago del BGF es el tercer impago de una entidad de gobierno, pero resulta el más significativo debido a la estrecha relación entre el agente fiscal y el Gobierno central.
En 2014, la AEE incumplió con cuatro bancos comerciales de la Isla, forzando a la renegociación de la deuda de esa corporación pública. En agosto de 2015, la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), también incumplió con los bonistas, en su mayoría, bonistas de Puerto Rico.
Ahora, el impago del BGF surge ante crecientes rumores de que el Tesoro federal advirtió a García Padilla que no cabildearían más a favor de un mecanismo de resolución de deudas para la Isla si se enmendaba la recién aprobada Ley de Moratoria o se pagaba a los acreedores.
“LA GENTE” POR ENCIMA DE TODO. “Hubiera preferido contar con un marco legal que nos permitiera cumplir con todas nuestras obligaciones, incluyendo aquellas contraídas por otros gobernadores, con nuestros acreedores. Pero al enfrentarnos con falta de liquidez para satisfacer, tanto las necesidades de nuestros acreedores como los servicios a nuestra gente, he tenido que elegir. Y elegí. Decidí que tus necesidades básicas van por encima de todo”, esbozó García Padilla con tono lúgubre y pausado.
El primer ejecutivo aceptó que “la situación (económica en el País) es tan difícil” que los servicios de educación especial, salud y suplido de gasolina para la flota pública, entre otros, se han visto afectados. Tales reducciones en la prestación de servicios públicos, así como la acumulación de unos $2,098 millones en pagos atrasados a contratistas del Gobierno, han sido reseñadas consistentemente por El
Nuevo Día en las pasadas semanas.
RECLAMO AL CONGRESO. Según García Padilla, “solo un proceso de reestructuración aprobado por el Congreso o un acuerdo justo con la vasta mayoría de nuestros acreedores sería la solución”.
Recordó que hace casi un año, expuso que la deuda pública de unos $70,000 millones era “impagable” sin la intervención del Congreso.
No obstante, el mandatario sentenció ayer que no aceptará una junta de control fiscal para Puerto Rico -lo que propone el H.R. 4900- porque aparte de la crisis económica y fiscal, Puerto Rico “no necesita una crisis política”.
NO HABÍA NECESIDAD. A juicio del expresidente del BGF, Jorge Irizarry, Puerto Rico no tenía necesidad de entrar en un impago ayer, en especial, porque buena parte de los bonistas que hoy no recibirían su pago son puertorriqueños.
“Esperaba que se dijera algo más específico. Fue un men--
saje muy político”, dijo Irizarry, quien ahora funge como director ejecutivo de Bonistas del Patio. La organización está compuesta por bonistas residentes de Puerto Rico, quienes unieron esfuerzos con la expectativa de ser parte del proceso de renegociación de la deuda pública. En esa dinámica y hasta ahora, las aseguradoras municipales, los fondos institucionales y poco más de una docena de fondos de cobertura de riesgo llevan la voz cantante en la mesa de negociación y en los esfuerzos de cabildeo en el Congreso federal.
“El gobernador dice que su prioridad son los puertorriqueños, que diga cuál es el plan para pagarle a los bonistas de aquí, que somos retirados, que dependemos de nuestros ahorros”, dijo Irizarry.
A preguntas de El Nuevo Día, el banquero de inversiones confirmó que entre los bonistas del BGF afectados con el impago figuran personas con cuentas de inversiones en casas de corretaje local, así como empresas y aseguradoras con operaciones en Puerto Rico.
Irizarry aceptó que el BGF tiene problemas de liquidez, pero también indicó que el resto de los bonistas del agente fiscal pudo haber participado de las negociaciones, como fue el caso de las cooperativas de ahorro y crédito. La semana pasada, el BGF y el llamado G25 acordaron posponer, por un año, el pago de unos $33 millones en principal que el agente fiscal debió pagarles hoy, mientras reciben el pago de principal. El estudio legal Sosa Llórens y la firma de corretaje Samuel Ramírez & Co. encabezaron las negociaciones en nombre del G25.
FALTA TRANSPARENCIA. No obstante, Irizarry manifestó que el principal problema con el impago decretado ayer es que se tomó la decisión sin que el Gobierno haya ofrecido información reciente acerca de las finanzas del BGF.
Además, el impago se produce aun cuando el Gobierno asegura que para este año fiscal, se registrarán recaudos por unos $9,300 millones, señaló Irizarry.
“Nosotros no tenemos objeción a eso, a que se paguen los servicios esenciales, pero de esos $9,300 millones, el Fondo General tiene como unos $5,000 millones asignados a esos servicios de seguridad, salud y educación”, manifestó Irizarry.
“El BGF continúa negociando una transacción potencial relacionada con un intercambio de toda su deuda, lo que requeriría la participación de todos los acreedores del BGF” BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO “El gobernador dice que su prioridad son los puertorriqueños, que diga cuál es el plan para pagarle a los bonistas de aquí, que somos retirados, que dependemos de nuestros ahorros” JORGE IRIZARRY Director ejecutivo de Bonistas del Patio