El Congreso tiene que dejar de castigar al pueblo

En esta hora lastimosa, en la que Puerto Rico entra de lleno a un histórico incumplimiento con sus obligaciones, el Congreso de los Estados Unidos está llamado a demostrar su respeto por la dignidad y el bienestar de los millones de puertorriqueños que ha

Los legisladores estadounidenses no pueden seguir evadiendo su responsabilidad ante el hecho concreto: la iliquidez de las arcas puertorriqueñas impide al gobierno local satisfacer sus compromisos prestatarios y al mismo tiempo mantener la operación de los servicios públicos más esenciales.

Con su reclamo de justicia, Puerto Rico no pretende ignorar los errores y la negligencia de la actual y las pasadas administraciones en el manejo de los recursos públicos, la imprudencia de comprometer la salud fiscal con obligaciones exorbitantes injustificadas, y la evasión de la necesaria reestructuración gubernamental que hubiera prevenido el presente desplome fiscal. Por lo menos, desde el cuatrienio anterior se sabía públicamente que la deuda era impagable.

Pero Puerto Rico no es el único irresponsable. También lo son las casas de corretaje que fallaron en su tarea de estudiar las finanzas puertorriqueñas y alertar para poner alto al endeudamiento colosal. Imprudentes también fueron los acreedores que concedieron los préstamos con conocimiento del camino riesgoso. Inconsciente ha sido el gobierno de los Estados Unidos, y lo sigue siendo ahora, por mantener por más de un siglo a un pueblo desprovisto de las más básicas herramientas de subsistencia, si no propias, por lo menos autorizadas.

No hay razón para que el Congreso de mayoría republicana se comporte como si estuviera ensañado en contra de los puertorriqueños, dando crédito con su inacción ante la crisis fiscal, a la campaña de descrédito y racista que algunos sectores del mercado financiero han lanzado contra Puerto Rico ante las autoridades federales y el mercado de bonos.

Tiene razón el gobernador Alejandro García Padilla con su mensaje explicativo del impago con el que amanecemos hoy y su llamado a los legisladores federales: le toca al Congreso demostrar a nuestra gente su compromiso con la democracia. Nuestros soldados ya han cumplido ese pacto con la sangre derramada en la lucha de los Estados Unidos por la democracia en tierras ajenas, como ocurrió en la frontera entre China y Corea, cuando el Regimiento del 65 de Infantería rescató a infantes de la Marina estadounidense que habían sido emboscados. Si somos buenos para entregar la vida, merecemos también que se nos permita proteger la de nuestras familias.

Cada puertorriqueño sabe que, incluso sin abonar al pago de la deuda de $70,000 millones, las empobrecidas finanzas públicas apenas alcanzan para proveer los cuidados de salud y de educación especial, entre otros servicios de primera necesidad.

Nadie gana con cegarse ante el hecho de que Puerto Rico sufre una crisis humanitaria: la viven buena parte de las miles de familias empujadas al éxodo en busca del pan que no pueden costear y del techo que han perdido aquí.

En esta coyuntura desgarradora, lo que esperamos del Congreso es que proporcione a los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico las herramientas legales para superar este momento de adversidad que sin duda ya es una lección para todos. Para superar esta etapa, y evitar otra peor, Puerto Rico necesita un mecanismo que le permita pagar de forma organizada sus obligaciones, e incentivos que activen la actividad económica. Ello debe ir de la mano del saneamiento de las finanzas públicas y una operación gubernamental costo-efectiva.

El proyecto para la revitalización de Puerto Rico es posible con una Junta de Supervisión federal que provea participación real a representantes de los intereses del pueblo puertorriqueño en la toma de decisiones sobre nuestro futuro. Puerto Rico está dispuesto a rendir cuentas y a defender a su gente.