Marchan en contra de la junta fiscal
Anticipan que, para evitar despidos y otro tipo de amenazas, el movimiento obrero se unirá en desobediencia civil
Q “¿Cómo me voy a retirar sin nada? Lo que me dan (de retiro) es una miseria. No es justo. ¿Qué beneficios vamos a tener si nos quitan los derechos a los trabajadores?”, planteó ayer molesta Ada Alicea, quien labora como maestra hace 28 años en una escuela de Comerío.
Esas mismas inquietudes, junto a otras más, fue lo que llevaron a Alicea a participar ayer, junto a un grupo de colegas maestras, en la marcha que convocó el movimiento obrero en contra de la junta de control fiscal.
Más de 50 uniones y organizaciones obreras, políticas, ambientales, civiles, estudiantiles y religiosas asistieron a la marcha que partió poco después de la 1:00 p.m. del Capitolio y recorrió varias calles del Viejo San Juan hasta llegar a la Plaza La Barandilla.
“Vamos todos a luchar por la justicia social” fue uno de varios estribillos que pronunciaron los manifestantes durante la marcha.
La protesta se le dedicó a las co- munidades del G-8, organización sin fines de lucro que reúne a las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña en San Juan.
También se emitió una Declaración del Movimiento Sindical Contra la Junta de Control Fiscal en la cual se enfatizó que la crisis fiscal responde a un modelo económico agotado que manifiesta la necesidad de “un verdadero desarrollo económico”.
Además de repudiar la imposición de impuestos y de privatizaciones, el documento enfatizó que la junta de control fiscal “no es el camino” sino una auditoría de la deuda pública, una moratoria del pago de la deuda y un plan integral de desarrollo económico, entre otras acciones.
“Aquí estamos, defendiendo la dignidad y futuro de mi pueblo”, indicó el ex preso político Rafael Cancel Miranda, quien participó en la marcha.
Los candidatos a la gobernación, Rafael Bernabe, del Partido Pueblo Trabajador, y María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño, también dijeron pre- sente, al igual que miembros de la Coalición Ecuménica e Interreligiosa.
“La junta fiscal es la aceptación de la situación colonial que vive Puerto Rico. Es quitarle democracia a los puertorriqueños. Es decirle al mundo que nosotros no podemos”, indicó, por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.
“Esto es la respuesta de un pueblo ya cansado de los atropellos por decisiones de muchos gobiernos anteriores, más el gobierno de Estados Unidos, que ha provocado una crisis”, sostuvo Jorge Oyola, líder comunitario de Los Filtros en Guaynabo.
Según Félix Colón Guerra, del G-8, una junta de control fiscal atentaría contra la clase trabajadora ya que provocaría unos 44,000 despidos tanto en el sector público como privado.
“Le advertimos al Congreso de los Estados Unidos que no vamos a dar un paso atrás y volver a la Ley Jones”, dijo Colón Guerra al anticipar que el movimiento obrero recurrirá a la desobediencia civil.
Mirna Conty, de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, también anticipó que no permitirán que se fomenten permisos que pongan en peligro los recursos naturales.
Luis Pedraza Leduc, de la coordinadora sindical SEIU (Service Employees International Union) y uno de los organizadores de la marcha, coincidió en la urgencia de detener la aprobación de una junta de control fiscal para evitar miles de despidos, aún mayores reducciones en las pensiones y efectos adversos en los servicios de educación salud y vivienda, además de una mayor ola migratoria.
“Hay que hacer desobediencia civil. Hay que retar la ley en momentos en que se define el futuro económico y político de Puerto Rico” LUIS PEDRAZA LEDUC Líder sindical