Llamado de urgencia al Congreso
Casa Blanca y el Tesoro advierten que se cierra el cerco para el fisco Jacob Lew prevé nuevos impagos
WASHINGTON.- Por medio del secretario del Tesoro y el portavoz de la Casa Blanca, el gobierno del presidente Barack Obama acentuó ayer la advertencia al Congreso de que, si no aprieta el paso para aprobar legislación que autorice reestructurar la deuda pública, se hace más cercano un rescate financiero de Puerto Rico.
El secretario del Tesoro, Jacob Lew, sin embargo, colocó nuevamente la posibilidad de un rescate financiero de manera exclusiva sobre los hombros del Congreso, que está en receso legislativo hasta la semana próxima.
El liderato de la mayoría republicana de la Cámara baja federal, encabezado por el “speaker” Paul Ryan, no ha podido encaminar su proyecto de ley 4900, que propone imponer una junta federal de control fiscal por encima del Gobierno de Puerto Rico y que tendría facultad para echar hacia delante procesos de reestructuración de deuda pública.
“A menos que el Congreso apruebe legislación que incluya mecanismos de reestructuración y supervisión apropiados, un rescate financiado por los contribuyentes será el único curso disponible para atender una crisis que va en escalada”, indicó Lew, quien estaba ayer en San Francisco (California), en una carta dirigida a los miembros del legislativo federal.
En su carta, Lew advirtió que el Gobierno de Puerto Rico caerá en otro impago masivo de la deuda el próximo 1 de julio si el Congreso no re- suelve “los pocos asuntos extraordinarios” pendientes en el proyecto 4900.
Lew abogó por un proceso de reestructuración de la deuda pública que “funcione y no tenga fisuras”. Aunque la junta persiga primero negociaciones voluntarias, la reestructuración debe garantizar una solución justa y que pueda alcanzarse a tiempo.
Pero, en referencia a los jubilados del gobierno, el secretario del Tesoro hizo una afirmación muy clara de que cualquier reestructuración de la deuda tiene que proteger los beneficios de “330,00 ciudadanos de Puerto Rico que dependen de su pensión”.
“Otros apartados sobre asuntos laborales y de transferencia de tierras deben atenderse también. Unos pequeños cambios en el texto permitirán atender esos asuntos de forma que sea aceptable y justa”, indicó Lew, cuya oficina lleva la voz cantante en las negociaciones con los republicanos, con el respaldo de los demócratas y las autoridades de Puerto Rico.
La Casa Blanca, por su parte, indicó que espera que el impago de $367 millones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) genere un nuevo sentido de urgencia en el Congreso para ayudar a mitigar la crisis fiscal y de deuda pública cuando los legisladores federales regresen a Washington la semana próxima.
La mira está puesta ahora en el servicio de la deuda del 1 de julio, que ronda los $2,000 millones, incluidos $744 millones en obligaciones generales.
“La administración ha estado centrada en esto por más seis meses. Pero, desafortunadamente, no hemos visto el tipo de movimiento en el Congreso, liderado por los republicanos, que necesitamos para hacer un rescate financiero de Puerto Rico menos probable”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, al insistir ayer en que “se han cumplido 194 días desde que la administración presentó una propuesta de legislación para atender la situación”.
Earnest recordó que, desde octubre de 2015, el presidente Obama propuso un plan para tratar de mitigar la crisis fiscal, que incluye una junta de supervisión fiscal, la reestructuración abarcadora de la deuda pública, paridad en los fondos de Medicaid y acceso al crédito contributivo por ingresos devengados (Eitc).
Como ocurre ya en conferencias de prensa de líderes del Congreso, el impago del BGF fue la primera pregunta que se le hizo a Earnest en su sesión informativa de ayer.
“Lo que la administración busca es darle al Gobierno de Puerto Rico el tipo de autoridad de reestructuración que tienen las ciudades, y piensa que esa autoridad debe ser contingente a que el Gobierno de Puerto Rico haga las reformas financieras que se necesitan”, agregó Earnest, al afirmar que “la situación se torna peor cada día”. LOS REPUBLICANOS. En medio del receso legislativo, que mantiene a los miembros del Congreso en sus distritos, la jefatura republicana de la Cámara baja sigue confiada en encontrar las enmiendas que permitan aprobar la legislación 4900.
“Las discusiones continúan entre las partes interesadas”, indicó AshLee
Strong, portavoz del speaker Ryan. El Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, presidido por el republicano Rob Bishop (Utah), frenó el proyecto 4900 ante una rebelión de legisladores conservadores que consideran que la medida no precisa que las obligaciones generales del gobierno central de Puerto Rico deben tener prioridad a la hora de hacer los pagos, como establece la Constitución de la Isla.
Como otros de sus colegas, el boricua Raúl Labrador (Idaho) ha advertido que permitir dar prioridad a otra deuda sobre las obligaciones generales– como las pensiones de los jubilados del gobierno- sentaría un precedente nefasto que pueden reclamar otros gobiernos estatales.
“El único remedio son reformas financieras de largo plazo” implantadas por una fuerte junta federal de control fiscal, indicó el republicano Darrell Issa (California), en un artículo de opinión en la publicación National Review. Como miembro del Comité de lo Jurídico, Issa ayudó a bloquear en julio de 2015 la legislación 870 que impulsa darle acceso al gobierno de Puerto Rico al capítulo 9 de la ley federal de quiebras.
“Puerto Rico enfrenta una crisis económica y la persistente inacción del Congreso es irresponsable. Debemos actuar ya”, indicó, en Twitter, la exsecretaria de Estado y precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, en un mensaje enviado en la víspera de las primarias de Indiana.