Alcaldes velan sus desembolsos

Ejecutivos municipales del PPD y el PNP temen que sus préstamos con el BGF se afecten debido al impago de notas Insisten en que pueden aportar soluciones a la crisis

Ante la realidad de que algunos municipios son altamente dependientes de fondos estatales, alcaldes rojos y azules manifestaron ayer preocupación de que estos desembolsos se afecten tras el impago de $367 millones en notas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), al tiempo que aseguraron que están tomando medidas de control de gastos.

Los alcaldes indicaron que están atentos, en específico, a posibles impactos sobre los préstamos que el BGF les otorga a los municipios y que son pagaderos con los impuestos a la propiedad mueble e inmueble que estos reciben a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), así como el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) municipal a través de la Corporación de Financiamiento Municipal (COFIM).

Dichos préstamos, agregaron, se destinan a obras de infraestructura.

“Estamos a la expectativa de cómo la implementación de la Ley de Moratoria (de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico) puede afectar el flujo de efectivo hacia nuestras ciudades. Los préstamos que los municipios tenemos con el BGF son de proyectos que están en construcción y los pagamos un año por adelantado, pero la realidad es que el BGF pudiera no tener liquidez para hacer los desembolsos a tiempo. Los municipios le sometemos facturas al BGF, pero allá las han puesto en un orden de pago, o sea, no es que no se va a pagar, sino que se va a tardar”, expuso el presidente de la Asociación de Alcaldes y ejecutivo municipal de Cayey, Rolando Ortiz.

Siguiendo la misma línea, el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, afirmó que “el BGF tiene que tener claro” que los préstamos de los municipios están garantizados con los ingresos del CRIM y COFIM.

“Nosotros pagamos un año de adelantado, pero en el caso de COFIM, por ejemplo, que es una subsidiaria del BGF, pudieran incautar ese fideicomiso y usar los fondos para pagarles a los bonistas. Esos chavos los podrían tocar debido al impago”, dijo.

O’Neill advirtió, asimismo, que el BGF pudiera no enviarles a los municipios que les corresponda el exce- dente del cobro de impuestos a la propiedad mueble e inmueble pautado para el 30 de junio. “NO SOMOS EL PROBLEMA”. De otra parte, los alcaldes de Comerío y Bayamón, José A. Santiago y Ramón Luis Rivera Cruz, respectivamente, coincidieron en que los municipios no son responsables de la crisis económica, y en que se quedaron esperando que el gobernador Alejandro García Padilla aprovechara su mensaje de anteayer para convocarlos en la búsqueda de soluciones.

Igualmente, el alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez, destacó que cada vez más municipios están asumiendo “responsabilidades típicas” del Estado, sin necesariamente contar con recursos adicionales para ello, como reparación de carreteras, recogido de basura y mantenimiento de escuelas.

“No somos el problema, sino la reserva que le queda al País en la crisis. Llegó el momento de elaborar un plan coherente”, dijo Santiago.

“Las únicas cuentas que no tienen problemas en el BGF son, precisamente, las de los municipios. El llamado es hacer frente común y trabajar en una definición de lo que son servicios esenciales, para que no se afecten en caso de que siga la economía siga contrayéndose”, agregó Rivera Cruz.

Por último, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, sostuvo que el impago es “el paso correcto para que se protejan los servicios a la gente”, al tiempo que pone al relieve que “vivimos en un régimen colonial que no nos permite tener las herramientas necesarias para controlar nuestro desarrollo económico”.