El Nuevo Día

Incumple con orden judicial

Solicitan se cite a la presidenta de la CEE a vista de desacato en caso de votantes sacados de lista electoral

- Mariana Cobián mariana.cobian@gfrmedia.com Twitter: @mcobian_PH

Q Myrna Colón Marrero y Josefina Romaguera Agrait solicitaro­n a la jueza federal Carmen C. Cerezo que paute una vista para que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García Vélez, explique por qué no debe ser encontrada en desacato al no cumplir con el mandato para que reinscriba a los más de 700,000 electores que quedaron fuera de las listas electorale­s por no votar en los comicios de 2008 y 2012.

Colón Marrero y Romaguera Agrait sometieron una demanda a nivel federal en 2012 al ser desactivad­as para votar por no votar en 2008, y recordaron que en febrero pasado, el Primer Circuito de Apelacione­s de Boston determinó que se sostenía su petición para que se reactivara a todos los votantes que quedaron fuera por no ejercer el voto en la elección anterior.

“La demandada Liza García Vélez no ha descargado su responsabi­lidad de informar a la corte cómo cumplirá con el mandato del Primer Circuito. La primaria, incluyendo para la posición de comisionad­o residente, es el 5 de junio, en menos de cinco semanas”, lee la solicitud.

La posición de la parte demandante es que el Artículo 6.018 de la Ley Electoral de Puerto Rico es ilegal, dado que es contrario a la ley federal Help America Vote Act (HAVA). El estatuto federal impide que se borre del registro electoral a un elector a

“García Vélez no ha descargado su responsabi­lidad de informar a la corte cómo cumplirá con el mandato del Primer Circuito” DEMANDANTE­S

menos que éste haya dejado de votar en dos elecciones consecutiv­as y que la CEE le avise antes de eliminar su nombre del listado.

Al intentar obtener una reacción por parte de la presidenta de la CEE, su oficial de prensa, Griselle López, indicó que refirió el asunto al abogado José L. Nieto y prefería no emitir comentario­s al respecto.

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El Primer Circuito de Apelacione­s también ordenó que el Tribunal Federal en la Isla retenga la jurisdicci­ón del caso.

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