MERCADERES DEL DESTINO
Más de $10 millones invertidos en cabilderos en Washington sostienen la controversia entre las medidas que determinarán el futuro fiscal de la Isla. Conoce las principales firmas tras la trama.
Q WASHINGTON.- Con una inversión millonaria en cabildeo y litigación judicial, firmas de inversiones han logrado bloquear durante los últimos dos años los esfuerzos a favor de que el Gobierno de Puerto Rico tenga un estatuto legal general que le permita reestructurar su deuda de casi $70,000 millones.
Poco a poco, además, esas empresas de Wall Street han logrado avanzar la idea en Washington de que el Congreso imponga una junta federal de control fiscal que arrebate a los funcionarios electos del Gobierno de Puerto Rico el poder que ahora tienen para manejar su presupuesto y sus planes financieros.
La imagen reciente de este forcejeo es la campaña publicitaria de cerca de $2 millones que el Centro para la Libertad Individual (CFIF, en inglés) ha mantenido en las principales cadenas de televisión de Estados Unidos y hasta en canales y emisoras de radio de los distritos de los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que tienen en sus manos la papa caliente del proyecto 4900 que impondría una junta federal de control fiscal por encima del Gobierno de Puerto Rico.
Pero el garrote de una junta federal que asuma el control de las finanzas del Gobierno de Puerto Rico ha sido impulsado por firmas de inversiones, por medio de campañas publicitarias previas y un persistente cabildeo en el Congreso, desde el mismo momento en que se aprobó la ley criolla de quiebras en junio de 2014. En aquel momento, los anuncios de grupos conservadores en medios estadounidenses indicaban que salían en defensa de Doral en su pugna con el Gobierno de Puerto Rico debido a un crédito de $229 millones, pero el argumento de fondo era favorecer que el Congreso impusiera una junta federal de control fiscal.
Las empresas y bufetes que cabildean a favor y en contra de que Puerto Rico tenga autoridad para reajustar sus obligaciones financieras públicas han gastado millones para cabildear en el Congreso sobre la posible quiebra de dependencias del Gobierno puertorriqueño y otros temas.
En algunos casos, por el tema de la quiebra federal ser parte de muchas tareas distintas dadas a cabilderos, no es posible calcular con precisión el costo de las gestiones referentes a la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico. Pero, entre los gastos de puro cabildeo a favor y en contra, junto con las campañas de publicidad, superan fácilmente los $10 millones.
“El cabildeo de los fondos buitre, bajo la cobertura de caras nuestras, ha confundido al Congreso con una narrativa casi racista”, indicó el puertorriqueño Javier Ortiz, socio de Falcon Cyber Investments y director ejecutivo de la Iniciativa para la Recuperación Económica de Puerto Rico, un grupo creado con el propósito de educar sobre asuntos de la Isla y que ha participado en sesiones del Comité de Recursos Naturales.
Entre las firmas de inversiones, la matriz de los fondos Oppenheimer es la que más dinero parece haber gastado en puro cabildeo en el Congreso, según el re- gistro del Senado estadounidense. Pero, los cerca de $3.5 millones que Massachusetts Mutual Life ha destinado a cabildear en contra de los proyectos del capítulo 9 y la nueva legislación 4900, también los han utilizado para presionar en torno a otras muchas iniciativas no relacionadas con la Isla.
Desde el segundo semestre de 2015, la aseguradora de bonos municipales Assured Guaranty –que demandó al gobierno en diciembre después de que activó la cláusula de retención o ‘clawback’ para cumplir con las obligaciones generales– también ha destinado por lo menos $865,000 a combatir que el Congreso ofrezca a Puerto Rico un mecanismo para reestructurar su deuda pública.
Assured Guaranty tiene como cabildero al bufete Steptoe & Johnson, del que es socio el exgobernador Luis Fortuño. El exgobernador –quien ha respaldado el acceso del Gobierno de la Isla al capítulo 9– no está entre los cabilderos que trabajan a favor de Assured Guaranty.
Otro de los principales actores es la firma de inversiones BlueMountain, cuyos cabilderos han reportado haber destinado desde enero de 2015 $450,000 a las gestiones en el Capitolio federal. Blue Mountain ha dependido de los bufetes Gibson, Dunn & Crutcher ($140,000), Venable ($110,000) y la empresa Liberty International Group ($200,000), esta última del excongresista republicano Connie Mack (Florida).
Los cabilderos hasta se comparten. Por un tiempo, BlueMountain, Franklin Advisors, Knighthead, Angelo Gordon, D.E. Shaw y Marathon Asset Management aportaron cada uno $10,000 al cabildeo de Venable.
La batalla de Oppenheimer Funds, BlueMountain y Franklin Advisors en contra de que el Gobierno de Puerto Rico pueda reestructurar su deuda ha tenido lugar desde la misma aprobación de la ley criolla de quiebras, ahora pendiente ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Las firmas de inversiones comenzaron la presión en Washington en contra del acceso del Gobierno de Puerto Rico al capítulo 9 tan pronto el comisionado residente Pedro Pierluisi,
en julio de 2014, sometió el primer proyecto sobre este asunto. En estos momentos, la presión en contra de autorizar un procedimiento de bancarrota para la Isla se centra en la campaña del CFIF, la que la publicación Politico ha calculado que ha tenido un costo de $2 millones.
En los anuncios –que han calado entre los conservadores del Congreso–, el CFIF describe el proyecto 4900 como un “rescate financiero” a costa de los contribuyentes estadounidenses y un precedente que luego podrán reclamar estados en crítica situación financiera como Illinois.
“En mi caso no son anuncios de televisión, como le ha sucedido (en Utah) a (Rob) Bishop como presidente de la comisión, pero sí en la radio”, dijo el congresista republicano Doug Lamborn (Colorado), uno de los con- servadores del Comité de Recursos Naturales que ha frenado el 4900.
Pero, antes que el CFIF estuvieron presentes los mensajes publicitarios de 2014 y 2015 de otros grupos conservadores como American Future Fund (AFF) e Hispanic Leadership Fund –principalmente por medio de anuncios de periódicos– en contra del gobernador García Padilla, el proyecto 870 a favor de la quiebra federal de Pierluisi y/o en defensa de Doral.
Durante los meses de los anuncios de AFF, también estuvieron activos en Washington sobre los asuntos de Puerto Rico la firma de relaciones públicas DCI Group y la empresa de cabildeo Liberty International Group del excongresista Mack, quien ha asesorado a BlueMountain. La firma de abogados que llevó el caso de Doral –Gibson, Dunn & Crutcher– ha repre-
sentado también, en los tribunales y como cabildero, a BlueMountain.
LA RESPUESTA. El cabildeo a favor de que el Gobierno de Puerto Rico tenga acceso a un estatuto de quiebras ha descansado en los bufetes contratados por la administración de Alejandro García Padilla. Pero ha tenido el apoyo de sectores privados, entre estos Empresas Fonalledas, que ha destinado cerca de $1 millón a favor de que Puerto Rico tenga acceso al capítulo 9 de la ley federal de quiebras.
Aunque han tenido otros asuntos entre sus asignaciones, en los pasados dos años, las empresas de cabildeo Podesta Group ($1.23 millones), Miller y Chevalier ($1.13 millones), Prime Policy Group ($908,000), The Toby Roth Group ($608,000) y Smith & Dawson ($390,000) han tenido contratos con el Gobierno de Puerto Rico que rondan los $4.26 millones.
“Si bien los cabilderos de los bonistas han sido efectivos en llevar su mensaje, el mayor responsable para el estado actual del proyecto es el gobernador de Puerto Rico”, dijo el puertorriqueño Carlos Mercader, subdirector ejecutivo de la Alianza Latina Conservadora. Mercader, quien ha colaborado con el precandidato a gobernador por el PNP Ricardo Rosselló –opuesto al acceso de Puerto Rico al capítulo 9 de la ley federal de quiebras– destacó sobre todo la falta del gobernador en entregar al Congreso los estados financieros auditados de los años fiscales 2014 y 2015.
Cuando la Cámara baja federal recesó casi tres semanas entre finales de marzo y abril pasados, fue cuando más fuerza cobró la campaña de televisión y radio del CFIF en contra de que Puerto Rico cuente con un mecanismo para reestructurar su deuda. En momentos en que el Congreso disfruta de otro receso legislativo, el propio secretario del Tesoro, Jacob Lew, advirtió que no actuar con premura “da a aquellos que buscan evitar que el Congreso apruebe un proyecto, más tiempo para continuar haciendo alegaciones inciertas y engañosas”.