La reforma municipal es vía para la recuperación

Que los alcaldes hayan comenzado a atender de manera proactiva los efectos negativos que enfrentan los municipios ante la congelación de desembolsos dictada por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) es una señal alentadora, pero ciertamente insuficiente

Seguramente los ciudadanos recibirán con beneplácito las medidas de austeridad anunciadas esta semana por algunos ayuntamientos, como el control de gastos, la maximización del uso de los equipos existentes, la reducción del consumo de luz y agua, la congelación de plazas y la cancelación de eventos especiales.

Pero las medidas voluntarias no son suficientes para aliviar la crisis. Más bien lo que procede es una reforma municipal abarcadora que incluya, pero vaya más allá de la concertación de alianzas para proveer servicios municipales como el recogido de basura.

Razones de peso para llevar a cabo la reforma son la recurrente deficiencia presupuestaria y el endeudamiento de los ayuntamientos – condiciones que se complican con la crisis financiera del BGF y del gobierno central en general.

Una alternativa que debe colocarse sobre la mesa de discusión del futuro de las estructuras municipales es la regionalización de muchas de las funciones adjudicadas a los municipios y que podrían realizarse de forma más eficiente y económica mediante la consolidación. Ejemplos son el manejo de los presupuestos, los recursos humanos y los desperdicios sólidos.

Si es cierto, como señalan algunos alcaldes, que el gobierno central delega cada vez más en los municipios la ejecución de funciones, entonces la propuesta de regionalizar tareas tiene sentido.

Iniciar ahora una reforma para reducir el número de municipios –aun cuando muchos coinciden en que 78 alcaldías en la Isla de 3.5 millones de habitantes resultan demasiadas—tendrá pocas posibilidades de éxito en el año electoral debido al poder de los alcaldes para movilizar a votantes.

Pero el año electoral proporciona una gran oportunidad para que los ciudadanos les hagan saber a los ejecutivos municipales y otros candidatos su descontento con el malgasto de fondos públicos que surge de mantener 78 municipios a un costo exorbitante que ellos mismos no pueden sufragar, y la conveniencia de que se canalice la reorganización de las estructuras municipales.

Mientras tanto, la actitud de cautela adoptada por los alcaldes, aunque obligada, debe resultar en un uso mucho más conservador y juicioso de los fondos municipales depositados en el BGF, que esta semana incurrió en el impago de $377 millones a tenedores de notas de 2011 con vencimiento a cinco años debido a su falta de liquidez.

Tras enfrentar la crisis de fondos del BGF con incredulidad y en actitud de reclamo, esta semana los funcionarios municipales expresaron preocupación de que el impago afecte el desembolso, por parte del Banco, de fondos comprometidos con proyectos municipales de infraestructura en progreso.

La situación crítica del BGF podría tener impacto negativo sobre los préstamos que otorga a los municipios y que se pagan con los impuestos a la propiedad mueble e inmueble que se reciben a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y de la Corporación de Financiamiento Municipal, que recauda el 1% municipal del Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU).

Recalcamos lo positivo de que los municipios hagan ajustes para manejar sus finanzas en la crisis, pero lo que Puerto Rico necesita a largo plazo es una estructura municipal costo-efectiva y eficiente.

El beneficio ciudadano, la recuperación fiscal y el desarrollo económico del País deben ser los objetivos centrales.