IMPAGO QUE ESTREMECE LA ECONOMÍA
El incumplimiento de Puerto Rico con su deuda constitucional limitará el acceso a crédito de los negocios, aumentará la incertidumbre y afectará la reputación internacional de la Isla El hito y la llegada de la junta de control fiscal federal propiciará
Para Austria, el 1 de julio de 2016 pasará a la historia como el día en que su tribunal supremo anuló la elección de un presidente.
Para Turquía, la fecha evocará los días de dolor que siguieron un mortífero ataque terrorista en su aeropuerto internacional y que al cierre de esta edición, había cobrado la vida de 44 personas y dejado otras 238 personas heridas.
En este territorio estadounidense, el 1 de julio de 2016, podría anotarse en los libros de historia como el día de la declaración de insolvencia de Puerto Rico.
Partiendo del estado en que se encuentra la economía de Puerto Rico, si el impago de la deuda de $1,073 millones registrado el viernes pasado -incluyendo $780 millones en Obligaciones Generales (GOs, en inglés)- fuera un huracán, este habría llegado sin que los puertorriqueños instalaran tormenteras en sus hogares o negocios. Si el impago de la deuda constitucional fuera como en el cuento infantil del ropaje transparente del que hace gala el vanidoso emperador, Puerto Rico se presentaría ante al mundo con una economía al desnudo.
“Estamos haciendo lo que es correcto para Puerto Rico”, aseveró el gobernador Alejandro García Padilla el pasado viernes, cuando su administración divulgó el informe auditado para el año 2014 y en el que el auditor externo KPMG estableció que existen dudas acerca de la capacidad del Gobierno para continuar operando. Hace 24 meses, el déficit acumulado del Gobierno se calculó en $50,000 millones.
“Hoy los acreedores no nos pueden demandar para cerrar nuestro Gobierno”, agregó el mandatario, haciendo referencia a la suspensión de litigios provista en la controversial Ley federal para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés).
Para acreedores consultados por Negocios y quienes prefirieron el anonimato, el impago era innecesario. Ello porque la semana pasada, antes del fracaso definitivo de las negociaciones, el grupo Ad Hoc-GO hizo una última contraoferta que nunca recibió respuesta. De igual forma, plantean los bonistas consultados, las partes pudieron llegar a un acuerdo de indulgencia.
A juicio de García Padilla, sin embargo, el impago era indispensable para asegurar la continuidad de los servicios públicos. UN IMPAGO EN EL PEOR MOMENTO. Empero, de acuerdo con tres entrevistados, el impago en la deuda constitucional de Puerto Rico, así como la radiografía auditada de las finanzas públicas se consuma en momentos en que la mayoría de los indicadores económicos en la Isla exhiben su mayor debilidad.
El impago se produce al cabo de un sobregiro acumulado de $21,800 millones entre los ingresos y gastos con cargo al Fondo General. Ello, al cabo de casi dos décadas de sobregiros presupuestarios; de una crisis financiera y una burbuja inmobiliaria, de una reducción de 7% en el tamaño de su población (que a su vez, se vuelve más vieja con una mediana de edad de 40 años, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico) y de un des-
plome de las estructuras de producción y del marco jurídico político que ha achicado la economía en un 14%.
Ahora, según los entendidos en el tema, el impago supone un punto de inflexión que afectará más el presupuesto de las familias; encarecerá el costo de hacer negocios en Puerto Rico y también afectará en mayor grado los servicios ciudadanos y la infraestructura.
De otro lado, el impago, así como la llegada de la junta de supervisión que provee Promesa, puede servir como punto de partida para comenzar la consolidación fiscal y trazar, en definitiva, una tesis de desarrollo que permita acrecer la economía y frenar la ola migratoria.
EFECTO DOMINÓ EN LAS EMPRESAS. A juicio del economista y experto en el mercado financiero, William Lockwood,
el impago rebotará en el sector empresarial que atestiguará una reducción en la disponibilidad de líneas de crédito de fuentes del exterior, por lo menos, hasta que haya “acciones concretas” de parte de la junta de control fiscal.
El Nuevo Día reportó antes que la junta -integrada por siete miembros y el gobernador de Puerto Rico como miembro exoficio- debe iniciar sus trabajos para septiembre próximo.
Hasta entonces, el incumplimiento por parte del Gobierno también incidirá adversamente en la valoración de las empresas que operan en Puerto Rico.
Hace unos cinco años, el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Lockwood, planteó que la emisión de deuda para cuadrar el presupuesto, así como los llamados fondos ARRA y la intervención de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, en inglés) durante el colapso bancario de 2010, representó para la economía de Puerto Rico una entrada de dinero similar al paquete de rescate que recibió Grecia entonces del Fondo Monetario Internacional.
De igual forma, Lockwood alertó entonces del riesgo que encaraba el Gobierno de Puerto Rico al depender de fuentes de recaudos que emanan de una base contributiva reducida. Ese es el caso de la dependencia del Departamento de Hacienda en los recaudos del arbitrio del 4%. El impuesto aplica a menos de una treintena de multinacionales industriales en la Isla, pero representa casi una quinta parte del dinero que entra al erario.
Ahora, el siguiente gobernador tomará las riendas teniendo ante sí la expiración del arbitrio, que evolucionaría hacia un impuesto que ni el propio Hacienda sabe cómo cobrará.
“Lo crítico aquí es ver cómo se van a pagar las cuentas a suplidores, si va a haber una línea de crédito interina para operar el Gobierno durante el año fiscal 2017, la concesión de crédito
bancario a actividades que no sean de consumo y si se dará un aumento en la inversión en actividades de exportación”, dijo Lockwood.
Agregó que en los próximos meses, también quedará por verse si los eventos de reestructuración en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) redundan en inversión para modificar las plantas generatrices para la quema de gas natural, lo que podría ayudar a reducir los costos operacionales de las empresas en Puerto Rico. INESCAPABLE LA AUSTERIDAD. De acuerdo con el economista Vicente
Feliciano, el cargo de transición en la AEE -que es equivalente a un impuesto al consumo de 3.5%- es el primer ajuste de varios que verán los consumidores y los negocios en los próximos meses.
“El impago y la crisis se ha visto como un asunto que impacta a otra gente. Una vez se retrasaron los pagos a suplidores y las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro comenzaron a perder fondos es que se ha entendido mejor”, indicó.
“Pero lo cierto es que esto (la crisis fiscal) afecta la cotidianidad como poca gente internaliza. La partida del hijo que se fue a buscar mejores oportunidades, la condición de un retirado”, subrayó el socio fundador de Advantage Business Consulting.
A preguntas de Negocios, Feliciano reconoció la existencia de riesgos externos. Entre ellos, un alza en los tipos de interés por parte del banco central estadounidense y la salida del Reino Unido de la Eurozona.
No obstante, esos factores tienen poco peso en relación al impacto del ajuste fiscal y aquellos de corte estructural para reducir costes laborales, energéticos y de transporte terrestre.
MÁS CARGAS PARA TODOS. “Todavía, los pensionados no se han dado cuenta de que son acreedores del Gobierno. Ellos están convencidos de que se les pagará 100% y se van a llevar una sorpresa”, ejemplificó Feliciano.
“Habrá una carga repartida, habrá ajustes de tipo fiscal, a las pensiones, ajustes en los pagos a los bonistas. A todo mundo lo deben tocar”.
Según Feliciano, la incertidumbre, así como una perspectiva pesimista de la actividad económica continuará hasta que se complete la renegociación de la deuda.
No obstante, Feliciano aceptó que Promesa no exime a Puerto Rico de disputarse con sus acreedores.
“Al menos, habrá un mecanismo claro para ese proceso contencioso”.
FOCO A LO ECONÓMICO. “Atiendes el tema económico o el efecto será más migración. Atiendes el tema económico, o los bonistas se atienen a mayores recortes”, indicó Feliciano.
En ello coincidió el economista José Alameda.
Alameda ve impactos inmediatos en la pérdida de ingresos de bonistas locales, lo que incidirá limitadamente en los niveles de consumo.
Pero las consecuencias del impago en el macro podrían ser más adversas para toda la ciudadanía.
“Al próximo gobernador le esperan retos muy serios, dijo el catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.
“A nivel internacional, el impago nos coloca en una situación difícil porque no se restablecerá el crédito fácilmente”, manifestó Alameda.
Recordó que el impago acontecido el viernes solo es “una posposición temporal” que tendrá que honrarse parcial o totalmente después del proceso eleccionario. “Esa posposición solo nos gana tiempo para tomar acción”.
“Reestructurar la deuda va a seguir siendo difícil bajo Promesa”, opinó Alameda al plantear que la coyuntura exige un cambio en la psiquis de los puertorriqueños.
“Se piensa que esta junta fiscal llega porque somos una colonia. En Estados Unidos ha habido 119 juntas de estas y allí no hay colonias. El problema es quién administra, porque hay una cultura política que continúa pegada a la fórmula de hacer promesas a la población”, indicó el economista.