Ni PREXIT ni independencia
El referéndum en el Reino Unido para decidir su relación con la Unión Europea sirve para demostrar diferencias entre Puerto Rico, un territorio con ciudadanos americanos con una mayoría aspirando a integrarse como estado de la nación, y los 28 países de Europa que crearon una comunidad de naciones independientes.
EE.UU. es una federación en la que cada estado retiene poderes no delegados al gobierno federal; una nación de ciudadanos nacida de las aspiraciones de democracia, libertad e igualdad, vertidas en una Constitución que garantiza los derechos del ciudadano por encima de los poderes de los estados y que limita los poderes del gobierno federal.
La U.E. es una organización internacional creada para promover una integración entre 28 naciones que surge de tres acuerdos comerciales y acuerdos económicos que se expande con el Tratado de Lisboa de 2009 para incluir política exterior común y la cooperación policíaca y jurídica que establece una personalidad jurídica. Es un sistema híbrido de gobierno “transnacional” y de cooperación multilateral.
Entre las razones que han motivado la salida de Gran Bretaña sobresalen el control de las fronteras y los refugiados que han impactado los servicios de salud, educación, empleos y negocios y que la nación tenga que aportar $16,000 millones para gastos de la Unión Europea. En Puerto Rico hay quienes abogan por la independencia y utilizan la Junta Fiscal Federal como excusa para promover su ideología con una especie de PREXIT.
No es cierto que “el ELA sea un status de gobierno propio como entidad política autónoma” como alega el gobernador Alejandro García Padilla. El status colonial no cuenta con el respaldo del pueblo de Puerto Rico, ya que una mayoría le revocó su consentimiento, el PPD admitió que “está incapacitado de servir de cara al futuro y el Tribunal Supremo concluyó que el ELA no tiene soberanía propia.
En 2011, el Grupo de Trabajo de Casa Blanca confirmó que la “libre asociación es un tipo de independencia” que no cabe bajo la Constitución americana. Sería un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente en cualquier momento; y que la ciudadanía americana no se garantiza permanentemente y no se confiere a las generaciones sucesivas.
Aunque la Ley del Gobernador Electo estableció que “los derechos, privilegios e inmunidades de Estados Unidos se respetarán en el territorio de Puerto Rico hasta el mismo grado que si fuese un estado”, la Cláusula Territorial le otorga al Congreso el poder de gobernar los territorios.
Esta condición política inferior evita que los ciudadanos en Puerto Rico disfruten plenamente de todas las garantías constitucionales, los derechos y libertades civiles, y las oportunidades de desarrollo personal y colectivo que le corresponden a todos los ciudadanos americanos.
No podemos ignorar que Puerto Rico no tiene la riqueza de Gran Bretaña. Casi la mitad de la población vive por debajo de los niveles de pobreza y Puerto Rico depende de $23 mil millones de ayudas y transferencias federales. En 2009, se recibieron $7.7 mil millones para Seguro Social, retiro e incapacidad, Medicare, vivienda y Sección 8 y Becas Pell y $4.4 mil millones por desempleo; $7.5 mil millones para ayudas federales; $600 millones para contratos y servicios; y $1.2 mil millones para empleados federales, la mayoría puertorriqueños. Un informe detallado para 2010 confirma que el gobierno federal concedió ayudas por $1.4 mil millones para educación; $1.4 mil millones para salud, $800 millones para vivienda, y $2.2 mil millones para asistencia nutricional y mujeres, infantes y niños.
PREXIT no es una opción para romper los lazos con nuestra nación y declarar la independencia. Solo la estadidad garantiza la protección constitucional de la soberanía estatal, permanencia de la ciudadanía americana, igualdad, progreso económico, la estabilidad de la unión permanente y devuelve la dignidad al pueblo de Puerto Rico poniéndole fin a siglos de colonialismo.