Reclaman el veto del gobernador
García Padilla tiene hasta hoy para decidir si le da paso al proyecto sobre La Parguera
A un día para que venza el término que tiene el gobernador Alejandro García Padilla para firmar o vetar el proyecto que legitimaría las casas enclavadas en aguas de La Parguera, casi una veintena de opositores llegaron ayer hasta La Fortaleza para reclamarle que se mantenga fiel a su programa de gobierno y rechace la legislación, y que no ceda a presiones políticas ni económicas.
Al mismo tiempo, anticiparon que si el Proyecto del Senado 1621 llega a convertirse en ley, la lucha de los oponentes se trasladará a los tribunales.
“Esto hay que verlo como un problema de planificación, no solamente de La Parguera, sino de toda la costa, cómo vamos a manejar el desorden que hay en el uso de los recursos costeros en forma planificada. Si usted coge un proyecto de ley para este sector, y después coge un proyecto de ley para este otro sector, eso es pedazo a pedazo, y pedazo a pedazo vamos a terminar entonces entregando los recursos”, manifestó a El Nuevo Día el abogado ambientalista Pedro Saadé.
“Lo que conlleva esto es la exclusividad. Exclusividad quiere decir que, entonces, otras personas no pueden disfrutar esos recursos”, abundó.
El grupo, que incluyó también al biólogo Arturo Massol, al planificador José Rivera Santana y al ambientalista Juan Camacho, se reunió posteriormente
planificador
con Javier Rivera, asesor auxiliar en La Fortaleza, quien no les anticipó si el primer ejecutivo firmaría o no la pieza legislativa. García Padilla tiene hasta hoy para tomar una determinación.
“Lo importante es que no se firme, podrán consultar, ir allá a La Parguera, escuchar las presiones económicas y políticas que se puedan dar en ese lugar, en Lajas. Lo importante es no firmarlo y hacer lo correcto, lo que se supone que haga un gobernante, que tiene que proteger los haberes naturales del país como patrimonio de todos”, subrayó Massol.
La semana pasada, el secretario de Estado, Víctor Suárez, viajó a Lajas para reunirse personalmente con algunos de los propietarios de las casas enclavadas en el agua que están en controversia.
Camacho, por su parte, afirmó que durante la evaluación de la medida en la Legislatura, y luego de su aprobación en ambas cámaras, se han presentado argumentos científicos y jurídicos suficientes como para justificar el veto.
“El gobierno ha tenido ante sí toda la información de manera responsable, y le toca al gobernador entonces tomar una decisión a base de esos elementos, que sería no firmar ese proyecto, y proceder a sacar esas personas que están allí ilegalmente”, señaló.
El proyecto crearía una zona de planificación especial turística en beneficio de los dueños de las casetas y muelles que se encuentran sobre el agua y en terrenos de dominio público, en La Parguera. Si se convierte en ley, les daría a estas personas un permiso para utilizar esa superficie, a un plazo de 40 años, a cambio del pago de un canon por ese derecho.
Tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como el Departamento de Justicia han emitido opiniones adversas sobre el proyecto de ley.
“Se trata de un acto de corrupción, que lo inicia la Legislatura cediendo a las presiones de esos sectores... y el gobernador se estaría sumando si lo firma” JOSÉ RIVERA SANTANA