Demandan a la AEE por aumento en tarifa
Organizaciones empresariales alegan que el cargo de transición afectará seriamente a negocios y hogares
El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE) y otras ocho organizaciones empresariales solicitaron al tribunal de primera instancia que declare inválida la Orden de Reestructuración que aprobó la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) y que dio paso al aumento tarifario que entró en vigor este mes.
En un reclamo de 14 páginas, el ICSE solicitó a la corte que no dé paso a la orden de reestructuración porque la CEPR aprobó un alza tarifaria sin tener evidencia de cómo esa decisión afectará a miles de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Asimismo, según el ICSE, el establecimiento del cargo de transición se aplicará a los productores de energía renovable en la Isla, no solo por la energía que puedan consumir sino por aquella que estos generan utilizando los mecanismos de medición neta.
El pasado 21 de junio, la CEPR dio el visto bueno a una orden de reestructuración que radicó la Corporación para la Revitalización de la AEE (CRAEE). La CRAEE cobró vida en febrero de este año, cuando la Legislatura dio paso a la Ley 4, estatuto que autorizó el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE y a que, para lograr una rebaja en el principal adeudado por la corporación pública, se creara un cargo de transición con el cual se pagaría a los bonistas y bancos comerciales que financian la compra de combustible.
Entre otras cosas, el estatuto estableció que la CEPR debía examinar el cargo de transición y aprobar o rechazar la estructura financiera en la mesa.
Empero, la CEPR se creó a través de la Ley 57 de 2014 –que se conoce como reforma energética– con el propósito de regular el mercado de energía en la Isla, promover la competencia a fin de abaratar el costo de la energía a empresas e individuos, así como fomentar el uso de fuentes de energía renovable. Esta última actividad figura como parte de la política pública del gobierno desde el año 2007.
A juicio del ICSE, a la hora de descargar sus funciones, la CEPR se alejó del fin para el que fue creada y su decisión sería contraria a la política pública en favor de la energía renovable.
“El rol de la Comisión era balancear esos poderes de forma que se garantice a Puerto Rico y sus residentes energía generada de forma segura, al menor costo posible, limpia, de forma competitiva con fuentes renovables, que ayuden a un desarrollo económico sostenible, que ponga en balance la realidad (de la AEE), mientras hace una transición a un modelo de operaciones más competitivo. La Comisión no lo hizo”, reza la demanda radicada en la tarde del miércoles.
Ayer, la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), el Centro Unido de Detallistas (CUD), la Asociación de Hospitales (AHPR), la Asociación de Contratistas y Consultores de Energía Renovable (ACONER) y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), así como las organizaciones cívicas El Puente y la Red de Acción Climática y el Instituto de Economía y Análisis Financiero en Energía (IEEFA) se unieron al reclamo del ICSE ante el tribunal.
Al tiempo que las principales organizaciones empresariales radicaban su reclamo en el tribunal, el presidente de ACONER, Edward Previdi; así como el presidente del comité de Energía de la AIPR, Tomás J. Torres Placa; el vicepresidente ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes; y el director de Finanzas de IEEFA, Tom Zanzillo, aseguraron que si se da paso al aumento tarifario que impulsa la AEE, ello podría tener consecuencias funestas tanto para la actividad empresarial como para los hogares puertorriqueños.
“Vamos a pelear estos cargos”, indicó Previdi al plantear que si bien se entiende la necesidad de reestructurar la deuda de la AEE, ello no puede darse dejando de lado la política pública de fomentar el uso de fuentes limpias para generar energía, porque ello a la larga representará un peso mayor para la sociedad puertorriqueña.
De acuerdo con Reyes, el mayor escollo con la orden de reestructuración aprobada por la CEPR es que esta inserta un alto grado de incertidumbre en las operaciones de los negocios en Puerto Rico, lo que es altamente dañino para el sector de alimentos por los estrechos márgenes de ganancias con los que opera.
“Vamos a pelear estos cargos”" EDWARD PREVIDÍ Presidente de la Asociación de Contratistas y Consultores de Energía Renovable (ACONER)
UN CARGO VARIABLE Y SIN LÍMITES. La orden aprobada por la CEPR permitió que este mes entrara en vigor un alza de 1.3 centavos por kilovatio hora (kvh). En enero de 2017, entrará en vigor una segunda alza por 2.9 centavos el kvh.
Sin embargo, a partir de ese momento, la AEE tiene la potestad de revisar el cargo de transición trimestralmente y aumentarlo de ser necesario.
Según Torres Placa, aunque se entiende la necesidad de un cargo de transición por el proceso de renegociación de la deuda, la falta de un tope o de restricciones a la AEE a la hora de determinar aumentos sucesivos puede resultar en una estructura tarifaria inmanejable que agravará el estado actual de la economía y continuará frenando la inversión.
En su reclamo, las organizaciones alegan que la CEPR dio paso a una estructura de aumentos automáticos, sin analizar la demanda futura de energía en Puerto Rico y sin tomar en consideración “el patrón de reducción” en consumo de electricidad que se ha dado en la Isla por los pasados 10 años.