Pasos de avance para transformar a la Policía

El adiestramiento y nuevo equipo que se está proveyendo a los miembros de la Policía, para que puedan responder enérgica, pero moderadamente, a los distintos desafíos que surgen para mantener el orden público, son parte de una transformación que se comien

Es evidente que se han producido avances importantes y un cambio sustancial de actitud, lo mismo en los agentes que trabajan el día a día en la calle, como en la filosofía que emana de la alta jerarquía policíaca. En ese contexto, la labor directa con los ciudadanos y las comunidades, y con los grupos de defensa de los derechos civiles, ha experimentado una notable mejoría.

Comparado con la preocupante desconfianza que inspiraba la Uniformada en los años recientes, la valoración hoy es más positiva.

Para julio de 2013, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Gobierno de Puerto Rico firmaron el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía, la situación se había salido de cauce. Varios factores contribuían al desprestigio del cuerpo de seguridad civil que, paradójicamente, estaba lleno de gente íntegra y con deseos de trabajar. No obstante, abundaban y se hacían notar las manzanas podridas.

A tal punto llegaba el caos, que en octubre de 2010 se produjo el operativo anticorrupción más grande realizado en la historia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), cuando quedaron bajo arresto 94 oficiales de ley y orden. Un año después, aparecía aquel devastador informe en que el Departamento de Justicia federal concluía que la Policía de Puerto Rico violentaba los derechos constitucionales de amplios sectores de la población, mantenía un patrón de uso indebido de la fuerza y acusaba un grado intolerable de corrupción policial.

Los resultados que estamos viendo ahora, y que son parte de la implantación de medidas destinadas a promover prácticas policíacas constitucionales, tienen también, más allá de los factores de adiestramiento y equipo que hemos mencionado, una serie de repercusiones éticas, de tolerancia social y sensibilidad humana. Por eso es importante asegurar, a pocos meses de que finalice el cuatrienio, la continuidad de una Reforma que contiene alrededor de 300 requerimientos y que debe estar alejada de toda sombra de contaminación partidista.

El superintendente José Caldero se ha mostrado confiado en que la ruta de cumplimiento mantenga el ritmo actual más allá de los avatares electorales y el período de ajustes que traiga la Junta de Supervisión Fiscal. Pero sobre los hombros del asesor de Cumplimiento Técnico, Arnaldo Claudio, y del juez federal Gustavo Gelpí, recae la responsabilidad de que, con el cambio de gobierno, y aun con la transformación presupuestaria que implica la Ley PROMESA, la Reforma de la Policía siga adelante.

La labor fiscalizadora, pero a la vez colaborativa, de las organizaciones que han llevado la voz cantante en el rechazo a las prácticas inconstitucionales y de violación de derechos a los ciudadanos, debe ser más objetiva que nunca. Se está viendo un esfuerzo de la Policía que representa, aparte de todo, una gran inversión económica. Véase simplemente el costo de equipar a los agentes con armas menos letales, a fin de dosificar el nivel de la fuerza que se va a usar, dependiendo de la circunstancia: alrededor de $5,000 por oficial, parafernalia con la que ya cuenta más del 60 por ciento de los agentes activos.

Cambiar la percepción del trato que se les prodiga a los inmigrantes y a otros miembros de la sociedad civil, como las personas de la comunidad LGBTT, así como a los que ejercen por un motivo u otro acciones de desobediencia —que nunca deben ser de castigo al ciudadano, cuyos derechos la Policía también tendrá que proteger— es un desafío mayor en estos tiempos de especial crispación.

Con voluntad de unos y otros, el equilibrio puede ser posible.