En debate los límites de la expresión pública
Manifestantes escenificaron ayer una protesta en el hotel del Centro de Convenciones
Q ¿Dónde se traza la línea entre una manifestación lícita y una ilícita? ¿Qué diferencia hace protestar en un espacio público como una calle y uno privado como el vestíbulo de un hotel?
La protesta que durante la mañana de ayer escenificaron varios activistas en contra de la Junta federal de Control Fiscal, en el Hotel Sheraton, en el Centro de Convenciones, trae de nuevo esas interrogantes a la discusión. La manifestación se efectuó en momentos en que se celebraba en el lugar el evento empresarial Ecosistema 20/22 dirigido a empresarios e inversionistas locales e internacionales.
Aunque no existe una norma jurídica específica que aplique a las protestas en los hoteles, el abogado constitucionalista Carlos Ramos advirtió que, como espacio privado, en las hospederías no se reconoce el derecho a la libertad de expresión, como podría garantizarse en una plaza, calle o acera.
“La libertad de expresión, como regla general, no se tiene en los espacios privados, salvo que sea en una especie de lugar o espacio privado donde, de alguna manera, exista porque esté presente el Estado, que haya convertido ese espacio en cuasi público”, indicó el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
“Como regla general, el vestíbulo de un hotel privado no es un espacio público donde tú puedes ejercitar tu libertad de expresión, para eso tienes las aceras y las calles, u otros medios para llevar tu idea”, acotó.
Durante la protesta de ayer, los activistas utilizaron un altoparlante y entonaron consignas y portaron pancartas en contra de Ley para Fomentar la Exportación de Servicios (Ley 20-2012) y de la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico (Ley 22-2012), y en reclamo de que se garantice el bienestar de la ciudadanía antes del pago de la deuda pública.
Ramos explicó que el derecho a la libre expresión garantizado por la Constitución es oponible frente al aparato gubernamental, y no así ante las entidades privadas. Recalcó, sin embargo, que existen otros derechos, como la intimidad y la dignidad del ser humano, que sí pueden hacerse valer frente a entes y personas privadas.
Precisó que, a pesar de que la regla general es que la libertad de expresión cede ante el derecho a la propiedad, existen precedentes jurídicos en que se han validado las protestas en espacios privados como los centros comerciales.
No obstante, aclaró que esa norma no aplica de manera automática a todos los espacios de ese tipo, pues hay que evaluar elementos como la función que ejerce esa entidad privada y los “nexos de beneficio mutuo” que tenga con el gobierno. “Eso hay que analizarlo caso por caso”, alertó.
Ramos dijo que a pesar de que, en estos casos, el dueño de la propiedad privada puede tener al Estado de “aliado”, el gobierno tiene que ser sumamente riguroso y cauteloso al intervenir con los manifestantes. “Cuando hay desobediencia civil, a los manifestantes, hay que respetar su dignidad humana, su integridad física, y se tiene que respetar estas personas”, enfatizó.
La licenciada Ariadna Godreau, abogada de derechos humanos y movimientos sociales, subrayó igualmente que es necesario evaluar las circunstancias caso a caso cuando se aquilata este tipo de controversia.
“Ciertamente, el que tiene que garantizar la libertad de expresión es el Estado.
“Los límites de la intervención varían de caso a caso. El Estado nunca va a suprimir el mensaje de una protesta” ARIADNA GODREAU Abogada de derechos humanos “El gobierno tiene que tener cuidado de cómo actúa porque está por el medio el derecho a la dignidad humana” CARLOS RAMOS Abogado constitucionalista
El gobierno funciona a través de la Policía, y el Estado tiene que tener cuidado cuando va a intervenir en estas protestas, tiene que velar por que se respete el interés propietario del dueño del lugar, y tiene que velar por que se respete ese derecho fundamental de la libertad de expresión”, señaló.
Godreau precisó que es crucial que se respeten los intereses de ambas partes. “El Estado nunca va a suprimir el mensaje de una protesta, hay momentos en que va a poder reglamentar la forma en que se hace, pero una de las cosas que tiene que velar es que se mantenga la seguridad de ambas partes, que no se torne violenta, y una de las preocupaciones de la Policía es que no se rompa la propiedad privada”, indicó.
Destacó que la naturaleza de las protestas es “incomodar”, y que uno de los criterios medulares al seleccionar el espacio en el que se realizan es que sea estratégico para que el mensaje que se transmite sea efectivo. No obstante, recalcó que la respuesta del Estado tiene que ser proporcional a la conducta de los manifestantes y la manera en que se lleva la protesta, pues ha habido casos en que no se ha respetado esa premisa, y han desembocado en actos de abuso policíaco.