Repudio total a los ataques contra la prensa

Los Acuerdos de Paz firmados por el gobierno de El Salvador en 1992 que abolieron la censura oficial y otras restricciones coercitivas a la libre expresión están sufriendo un serio revés en estos días ante las presiones de intimidación que el Estado está

Las repulsivas prácticas a las que está recurriendo el Ministerio de la Defensa Nacional bajo la dirección de David Munguía Payés, resultado de una investigación del periódico La Prensa Gráfica, debe entenderse, y combatirse, como una agresión a toda la prensa salvadoreña y de toda la región, toda vez que la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados constituyen un valor indivisible.

Cuando esos derechos están en peligro en un lugar, están en peligro en todo el mundo.

Atacar y poner escollos al ejercicio del periodismo libre no puede ser la fórmula para tratar de esconder la corrupción oficial, en esta ocasión, a través del tráfico de armas con vínculos oficiales.

Este inaceptable y peligroso episodio de atropello a los medios de comunicación que se registra en El Salvador tiene su epicentro en un trabajo investigativo de La Prensa Gráfica a través del cual el país centroamericano se enteró de un faltante de 1,545 armas que formaban parte de muchas miles más que el Ministerio de la Defensa Nacional anunció que fueron destruidas por considerarlas inservibles. No obstante, la investigación del periódico halló numerosas discrepancias, que se fueron sucediendo a la vez que el Ministerio modificaba inexplicablemente en cuatro ocasiones el decreto ejecutivo para la destrucción de las armas.

Las contradicciones oficiales han evidenciado claramente una falta de transparencia en el proceso de la supuesta destrucción de tales armas, como anunciar originalmente que el propósito del decreto era destruir las armas para luego, tras el trabajo investigativo de La Prensa Gráfica, señalar, como lo ha hecho el ministro Munguía, que “aquí no hay que investigar nada porque no está haciendo falta nada”. El ministro ha atacado sin razón al periódico, alegando que el ejercicio de periodismo investigativo que éste realiza convierte al Estado en “una víctima de ataques a su moral”.

Como parte de su rigor investigativo, el periódico ha revelado que la Corte de Cuentas de la República (CCR) no ha certificado la veracidad de las armas supuestamente destruidas, como lo ordenan los manuales oficiales.

Se trata de un diferendo que es susceptible de resolver tan solo con la presentación de las pruebas en contrario a lo publicado, pero el Estado, a través de su Ministerio de la Defensa Nacional, ha optado por lanzar duras acusaciones contra el medio, inclusive durante una intimidatoria conferencia de prensa en la que el ministro Munguía apareció rodeado de varios altos jefes militares, mientras exigía al periódico una “aclaración” de sus investigaciones y le urgía a hacerlo a grandes titulares, cosa que está vedado en el artículo 7 de la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta.

Es urgente que el gobierno de El Salvador regrese a la voluntad y el compromiso de respetar los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que parecieron poner punto final a la dictadura militar de 1931 a 1979, época durante la cual el Ejército tuvo al Estado civil bajo su control, etapa que dio paso a la guerra civil de los años de 1980, que a su vez abrió el camino al regreso de la libertad de prensa en esa nación.

El deber de la prensa de informar adecuadamente es un derecho del pueblo que todos los gobiernos tienen que respetar y honrar.