Va a vista suspensión automática de litigios bajo PROMESA
El juez Besosa celebrará vista para saber si pone fin a la suspensión bajo PROMESA
Tras consolidar tres demandas de bonistas y aseguradores municipales contra el Gobierno de Puerto Rico, el juez federal de distrito Francisco A. Besosa se propone celebrar una vista para determinar si debe poner fin a la suspensión automática de litigios que entró en vigor con la aprobación de la ley federal PROMESA.
La audiencia para que el Gobierno puertorriqueño y firmas demandantes como Brigade Capital y Fir Tree Partners, bonistas individuales como Dionisio Trigo y Guillermo L. Martínez y la aseguradora municipal National Public Finance presenten sus argumentos podría llevarse a cabo durante la semana del 19 de septiembre. Esto, partiendo del período de tiempo señalado por Besosa y que aparece anotado en el registro de documentos judiciales de la corte federal de Puerto Rico. PREVALECE LA SUSPENSIÓN. Será hasta entonces que permanezca en vigor una orden emitida por Besosa esta semana y que dio cierto aire al Gobierno puertorriqueño al mantener vigente la suspensión automática de litigios en el contexto de la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilización de Puerto Rico (PROMESA, en inglés).
En una orden de 14 páginas con múltiples referencias judiciales, Besosa concluyó que la suspensión automática de litigios bajo PROMESA prevalece, pues la naturaleza de las reclamaciones de bonistas y aseguradores contra el Gobierno puertorriqueño quedan bajo el alcance de la suspensión automática provista en PROMESA y que cobró vigencia el pasado 30 de junio.
Sin embargo, según Besosa, a diferencia de otros litigios en que se plantearon restricciones al poder judicial para revisar decisiones administrativas del gobierno federal, las disposiciones de PROMESA “no prohíben” un proceso de revisión judicial “porque (el estatuto) da a esta corte el poder de ofrecer alivio de la suspensión automática a las partes y para revisar sus reclamos por justa causa o para evitar un daño irreparable”.
Desde finales del 2015 y una vez el presidente Barack Obama convirtió en ley a PROMESA, sobre una docena de fondos de inversión y bonistas individuales han acudido a la corte federal pidiendo que se declare inconstitucional la Ley de Moratoria de Emergencia de Puerto Rico, así como varias órdenes ejecutivas que permitieron al Gobierno central tomar dinero de corporaciones públicas por la vía del “claw back”; la suspensión del pago de la deuda pública y la trans- ferencia de fondos a cuentas de reservas para bonistas.
También han solicitado a la corte que prohíba a entidades como el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) utilizar dineros o disponer de activos que podrían servir para pagar a los bonistas.
En síntesis, los demandantes plantean que al disponer de fondos que deben dirigirse al pago de la deuda pública en primera línea, el gobernador Alejandro García Padilla y otras dependencias como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) han lacerado sus derechos como acreedores y que las acciones del Gobierno puertorriqueño también contravienen la prioridad de pagos establecida en la Constitución de Puerto Rico y que se sugiere honrar en PROMESA. MUTIS CON EL PLAN FISCAL. Los eventos en el despacho del juez Besosa transcurren al tiempo en que el Gobierno de Puerto Rico y oficiales del Tesoro estadounidense –que llevan casi dos años participando de la toma de decisiones en materia fiscal y visitando la Isla– continúan actualizando el plan de ajuste fiscal y económico bajo un manto de secretividad.
El plan, dijo anteriormente García Padilla, debe completarse para el tiempo en que Obama designe a los integrantes de la Junta de Control Fiscal que se creó con PROMESA.
Según fuentes de este diario, el presidente estadounidense podría nombrar al primer directivo de la Junta de Control Fiscal esta semana.
Mientras eso sucede, el Gobierno puertorriqueño y los demandantes tienen hasta mañana para decirle a Besosa cuándo –durante la semana del 19 de septiembre– estarán listos para resolver la controversia de suspensión de litigios bajo PROMESA. Si ello no sucediera, la suspensión de demandas o procesos judiciales contra Puerto Rico continuaría hasta el 15 de febrero de 2017.
“La corte programará una audiencia en la materia para determinar si hay causa para conceder a los demandantes remedios por la suspensión automática y temporal de PROMESA” FRANCISCO A. BESOSA juez federal de distrito