Trascender el control y la sanción para lograr paz

Combatir la criminalidad en Puerto Rico, como en cualquier parte del mundo, requiere una estrategia nacional salubrista fundamentada en la integración de la justicia social a medidas de ley y orden apropiadas, para lograr que la seguridad se traduzca en v

Concientes de la importancia de articular una estrategia de seguridad basada en la solidaridad, los ciudadanos miembros de la Mesa de Seguridad de la Fundación Agenda Ciudadana exponen que resolver el problema de la inseguridad es una responsabilidad de toda la sociedad y que la prevención es un componente esencial del plan para crear una cultura de paz.

Recomendación vital de este grupo de trabajo cívico es evitar que el control y la sanción sean los ejes principales de la estrategia de seguridad. Ese enfoque ha fracasado, no solo en Puerto Rico, sino a través del mundo. En ese sentido, para que sea exitosa, la visión estratégica para combatir los síntomas de la inseguridad debe contemplar también el acceso a la información, la prevención, la rehabilitación y reinserción social, la asistencia a víctimas y la equidad social y económica.

Erran aquellos candidatos a gobernador que insisten en mantener el aspecto punitivo como la herramienta principal de la lucha contra el crimen, apostando una vez más a la vertiente de mano dura que tan pobres resultados ha tenido y que malgasta los recursos públicos. Puerto Rico gasta anualmente sumas astronómicas en los presupuestos de la Policía y de los departamentos de Justicia, y Corrección y Rehabilitación, así como en las asignaciones para las administraciones de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, y de los Tribunales.

Entre los candidatos a la gobernación, la independentista María de Lourdes Santiago coincide en la estrategia de sustituir la mano dura y la guerra contra las drogas por un acercamiento salubrista al tema de las drogas.

El candidato del Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Bernabe, y la independiente Alexandra Lúgaro abogan por la legalización del cannabis y la educación dirigida a disminuir la desigualdad social. El candidato independiente Manuel Cidre advierte contra la ineficacia del sistema correccional, en cuya reforma cree la senadora Santiago como parte de una transformación policial completa.

Mientras, el candidato novoprogresista a la gobernación, Ricardo Rosselló, anunció un plan para crear un departamento sombrilla de Seguridad Pública y no descartara aumentar las penas para ciertos delitos.

Hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que la denominada Guerra contra las Drogas, enfocada básicamente en el castigo, ha fracasado a nivel mundial porque ha dejado intacto el problema del narcotráfico y castiga más al adicto que al narcotraficante. En un paso de avanzada, la ONU está abordando el problema de las drogas como un asunto de salud pública.

Invertir en el tratamiento del adicto implica apostar a controlar la demanda por las drogas, lo que resulta en ahorros significativos para el Estado, según se desprende de datos provistos por la Mesa de Seguridad. La prevención y la intervención temprana son inversiones a largo plazo que salvan de las garras del crimen a niños y adolescentes, evitando que sean víctimas o victimarios, o ambos.

La guerra entre pandillas por el control de los puntos ha cobrado miles de víctimas en Puerto Rico, muchas directamente relacionadas con el narcotráfico y otras que quedaron atrapadas en fuegos cruzados de esas batallas deshumanizantes.

Es una realidad también que los delincuentes caídos en esa guerra fueron en su momento niños a los que el País les falló al no proveerles educación y cuidados de salud física y mental apropiados, al no protegerlos del maltrato ni brindarles oportunidades reales de progreso social y económico.

La prevención y la intervención temprana son elementos esenciales del modelo salubrista que debe sostenerse sobre la educación, la salud y las oportunidades que llevan a la paz.