Ineludible atención a la agenda del Task Force

Planteados de manera preliminar los puntos sobre los cuales se empezará a forjar un plan de ayuda para Puerto Rico, todos los sectores del País deben estar pendientes al Grupo de Trabajo del Congreso (Task Force), colaborando con propuestas y comentarios,

En términos de nuestro futuro, en Puerto Rico no hay nada que sea más importante que ese consenso que se está gestando en el Congreso, entre otras cosas, porque de ello dependerá que a la Isla se le otorguen alivios, asignaciones o incluso medidas de emergencia antes que termine el año, sin lo cual sería imposible levantar cabeza.

El pasado jueves, se reunían por primera vez los miembros del Grupo de Trabajo del Congreso, en el que participan legisladores de ambas cámaras y ambos partidos estadounidenses, y que está presidido por el senador republicano Orrin Hatch. Entre sus miembros también figuran los puertorriqueños Nydia Velázquez y el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.

Ha quedado claro, en el primer tanteo, que las finanzas de Puerto Rico, al borde de un colapso que podría afectar servicios esenciales, tiene su talón de Aquiles en el insostenible sistema de salud, sobre todo porque, según reconoció uno de los miembros del Grupo, la lucha contra el zika contribuye a drenar los fondos asignados por el programa Obamacare.

Es lógico que al tener que realizar controles, laboratorios y estudios especializados a las embarazadas, se esté invirtiendo una gran cantidad de dinero adicional. Es un gasto imprevisto que disloca lo presupuestado, pues cuando se hicieron los cálculos de lo que duraría la asignación, no se tomó en cuenta un evento de la naturaleza de este virus, con varias vías de contagio y graves consecuencias. De ahí que sea esencial que cuando por fin se apruebe la ayuda de al menos $1,100 millones que se está tramitando en el Congreso para combatir el zika en todas las jurisdicciones afectadas, Puerto Rico pueda beneficiarse en una proporción razonable al alto número de contagios que se han reportado.

El senador Hatch insiste en reducir el pago por nómina de los trabajadores de Puerto Rico al Seguro Social, una alternativa que de momento aumentaría el dinero que circula en la calle, pero cuyo impacto a largo plazo, cuando el trabajador vaya a reclamar sus beneficios, puede ser contraproducente, por lo que debe ser analizado.

En torno a todo esto debe girar el debate prioritario en la Isla. Es inevitable que, a dos meses de las elecciones, el discurso de los candidatos políticos tienda a enfocarse en los temas tradicionales de la gobernanza y corrupción.

Pero lo responsable en un período preelectoral atípico, como lo es el actual, es tomar en cuenta las repercusiones inmediatas de una Junta de Supervisión Fiscal, que ya ha sido nombrada y que se reunirá este mismo mes, y en especial poner el ojo en el Grupo de Trabajo del Congreso, cuyas recomendaciones van a ser puntal y guía de las políticas que más tarde se adopten bajo la Ley federal PROMESA. Hay una relación estrecha entre ese Grupo de Trabajo y la manera en que se encaminará la reestructuración de la deuda y se transformará la estructura del gobierno.

Las recomendaciones del Task Force estarían listas antes del 31 de diciembre y, presumiblemente, antes de Navidad. En la medida en que funcionarios y candidatos de la Isla se eleven sobre sus diferencias ideológicas, y sean efectivos al persuadir a los miembros del Grupo de Trabajo sobre la idiosincrasia y el panorama real de Puerto Rico, podrán incidir en los resultados finales y la filosofía con que la Junta acometa su misión.

En plena efervescencia de una etapa que nos concierne a todos, el País y sus líderes tienen que volcarse en participar, en hacerse oír y en conseguir lo mejor de este proceso para el desarrollo económico y social de Puerto Rico.