Necesitamos ayuda de la Junta
PROMESA llega cuando el pueblo ha perdido la confianza en el gobierno y los funcionarios responsables del desastre que ha paralizado el desarrollo económico y provocado un éxodo masivo de la población.
La Junta de Supervisión Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) resulta de una secuencia de eventos que llevaron a la Isla al precipicio fiscal que requieren intervención federal. A pesar de que la clasificación crediticia de Puerto Rico mejoró durante la administración Fortuño, el gobernador Alejandro García Padilla sembró desconfianza en el mercado de bonos.
La desconfianza, generada por la ausencia de posturas serias por parte del régimen actual, obligó a las casas acreditadoras a pautar con degradaciones del crédito de Puerto Rico. García Padilla reaccionó irresponsablemente con el “me vale” y el reto de que “si querían tener poder que formaran un partido político y vinieran a participar”.
Luego de innumerables desaciertos, AGP cerró las posibilidades de dialogar cuando, a espaldas del pueblo, afirmó que la deuda pública era impagable. Desesperadamente aprobaron una “ley de quiebra criolla”, que fue declarada inconstitucional por la Corte Federal.
Perdimos el buen crédito y la confianza de los mercados, nos convirtieron en una isla degradada económica, fiscal y moralmente. Para ocultarlo, AGP planteó el tema de una crisis humanitaria como una estrategia política que resultó en una investigación congresional. Cuando el senador Hatch solicitó estados financieros auditados e informes sobre las finanzas de Puerto Rico, el Gobernador le contestó que a él nadie le establecía un “ultimátum”, seguido por la trágica expresión separatista de que “Puerto Rico es un país latinoamericano”, “No somos parte de ustedes.”, y “Tenemos su ciudadanía por conveniencia”.
El régimen alega que no ha pagado la deuda por falta de recursos, pero asignan fondos para contratos con políticos acusados de corrupción, reclutan miles de empleados y convierten empleados gerenciales transitorios en permanentes “atornillados”.
Hacienda informa que los ingresos por contribuciones podrían ascender a $25,000 millones, cuando el presupuesto general es de solo $9,100 millones. El balance de unos $15,000 millones se destina a partidas que son aprobadas por la “presión de los que guisan con las exenciones y los legisladores que empujan y aprueban las mismas”. O sea, que hubieran podido tomar acciones correctivas revisando los incentivos, subsidios, donativos y leyes de exenciones según sugiere el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y controlando los gastos y la corrupción para pagar las deudas.
Si existen dudas sobre el impacto que ha tenido la corrupción, una mayoría apoya la creación de la Junta Federal. Basta con leer los testimonios del caso federal en contra de varios exfuncionarios públicos “que colaboraron en eventos de recaudación de fondos para campañas políticas”.
El principal testigo relató cómo los líderes políticos lo visitaban antes de las elecciones y cómo se fueron de viaje a Europa a celebrar el triunfo electoral. Sobresale el esquema llamado la “pirámide” que levantó entre $700 mil y $800 mil de donantes que aportaban 75% en efectivo y 25% en cheques, a todas luces ilegal.
La Fortaleza se convirtió en el centro de operaciones para que el convicto de catorce casos de corrupción, cabildeara por nombramientos y obtuviera contratos privilegiados en agencias del gobierno.
Esa es la realidad con que se encontrará la Junta Fiscal federal: un gobierno que oculta los estados financieros auditados, que se negó a contestarle al Presidente del Comité que atiende los asuntos de Puerto Rico en el Senado; un partido que subsiste del “inversionismo político” y se convirtió en la base de una pirámide de corrupción.
Puerto Rico requiere la ayuda de la Junta Fiscal. El pueblo desesperado clama por un mejor gobierno que saque a Puerto Rico de la crisis fiscal. La mayoría ideológica seguirá luchando por la igualdad que nos abrirá el camino a un mejor futuro y que nos brindará las herramientas y el poder político para lograr un desarrollo económico sostenible.