Bonistas ante la Junta
●●●Alegan “trato discriminatorio” a cooperativas y muestran preocupación sobre el BGF
Q La representación legal del grupo de bonistas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) envió una carta a los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reiterando que el grupo de acreedores interesa continuar las negociaciones con Puerto Rico al tiempo que expresó preocupación por “las acciones inconstitucionales y discriminatorias” que habría tomado el Gobierno en favor de otros acreedores.
En la misiva, con fecha del 21 de septiembre, el abogado Brian M. Resnick de la firma legal DavisPolk, expresó a los miembros de la JSF la preocupación de los integrantes del grupo Ad Hoc-BGF en torno al estado de situación del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y señalan que han solicitado información al otrora agente fiscal sin recibir respuesta definitiva de parte de los asesores de la institución.
De igual forma, en la carta se indica que luego de que el grupo Ad Hoc-BGF llegara a un acuerdo acerca de los términos indicativos para un intercambio de bonos, que a su vez, sería parte de la renegociación general de la deuda pública de Puerto Rico, las negociaciones entre los bonistas y el Gobierno fracasaron luego de una enmienda a la Ley de Moratoria que buscaba alterar de manera retroactiva los derechos de los acreedores.
“El 5 de mayo de 201(6), en clara violación de las leyes federales y de Puerto Rico, la Legislatura de Puerto Rico enmendó la Ley de Moratoria y Emergencia Fiscal (Ley 21 de 2016), con la aprobación de la Ley 40 para supuestamente permitir la priorización de derechos de ciertos bonistas del BGF sobre otros”, reza la misiva en la que se deja entrever que tal legislación habría detonado la demanda de ciertos miembros del grupo Ad Hoc contra el BGF y que entre otras cosas, busca se declare inconstitucional la Ley de Moratoria. INQUIETOS POR SUPUESTA PREFERENCIA CON COOPERATIVAS. En mayo pasado, luego de que la Ley de Moratoria se aprobara de manera expedita, la Legislatura, ante los señalamientos del sector cooperativo de la Isla, enmendó el estatuto para establecer que cualquier decisión que se tome no debe ser en perjuicio de instituciones financieras en la Isla, lo que sería parecido a las provisiones que se tomaron durante la crisis financiera de 2008.
“El deseo del Gobierno de preferir a ciertos bonistas sobre otros ha continuado a pesar de la aprobación de (la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Financiera de Puerto Rico) PROMESA. En o cerca del 11 de septiembre de 2016, el G25, un grupo de cooperativas grandes de Puerto Rico, anunció que ellos habían logrado un acuerdo con la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) en relación a un acuerdo para intercambiar aproximadamente entre $350 y $390 millones de deuda dispar del Gobierno por acciones preferidas de Cossec”, indica la carta en la que destaca que solo las cooperativas de Puerto Rico participarían del intercambio. “El grupo Ad Hoc se siente aliviado por el hecho de que el intercambio del G25 será revisado por y requerirá la aprobación de la JSF bajo la sección 207 de PROMESA”, se agrega en la carta. El pasado 8 de septiembre, la junta de directores de Cossec dio paso al intercambio de acciones en un proceso de votación confuso, según reveló El Nuevo Día. La medida, según el regulador cooperativo, busca atender las posibles pérdidas en los bonos de Puerto Rico en el sector cooperativo, con un enfoque integral y tendría un carácter provisional hasta que se complete la renegociación de la deuda pública, según plantea el G25. EN LA LÍNEA, LA SUSPENSIÓN DE LITIGIOS BAJO PROMESA. En la carta, Resnick también agrega preocupación con el estado de situación del BGF y señala que en agosto pasado, pidieron al otrora agente fiscal que este indicara si está en cumplimiento con la Ley de Moratoria y con las órdenes ejecutivas.
En abril de este año, cuando la fragilidad del BGF se hizo evidente, varios fondos de inversión demandaron a la institución, a fin de que se protegieran los activos del banco. Dado a que la Ley de Moratoria establecía límites y directrices para los desembolsos en el BGF tras ser declarado en emergencia, los demandantes entendieron que la legislación era cónsona con su interés de proteger los activos hasta la resolución de la deuda del BGF.
Sin embargo, según la carta de Resnik, a la fecha, el BGF no ha indicado si en efecto, cumple con los límites y restricciones del uso de fondos y tampoco con qué recursos cuenta el otrora agente fiscal.
La carta de Resnik a la JSF salió a la luz ayer durante una audiencia en la corte federal, cuando el abogado del Gobierno, Michael Williams, dijo a la corte que en lugar de que los demandantes procuren levantar la suspensión de PROMESA, los bonistas hacían lo correcto en llevar sus preocupaciones a la JSF. Ello, según Williams, porque la JSF es la entidad creada por el Congreso para lidiar con el caso “único” y las circunstancias “sin precedente” que experimenta Puerto Rico.
La audiencia es parte del proceso que preside el juez federal Francisco A. Besosa, quien debe dirimir si procede o no la suspensión de litigios bajo PROMESA en cuatro demandas incoadas a la fecha.
Durante la audiencia, el asesor del grupo Ad Hoc-BGF y ejecutivo de Ducera Partners, Bradley Meyer, explicó que sus clientes siempre han mostrado interés por dar estabilidad al BGF y que en todo momento, partiendo de la documentación y las demás consideraciones vinculadas al BGF, los depositantes y los acreedores del banco gozaban de iguales protecciones, lo que en latín y en la jerga legal se identifica como “pari passu”.
Empero, esa realidad de trato igual, dijo Meyer, cambió una vez se confirió el supuesto trato preferencial a las instituciones financieras de Puerto Rico en la enmienda a la Ley de Moratoria.
“El deseo del Gobierno de preferir a ciertos bonistas sobre otros ha continuado a pesar de la aprobación de PROMESA” BRIAN M. RESNICK Abogado de la firma DavisPolk