Pierluisi pide celeridad con el plan fiscal
El comisionado Pedro Pierluisi pide a la Junta fiscal y al gobernador aprovechar las negociaciones voluntarias Para ello, solicita al Gobierno de Puerto Rico que someta ya al nuevo organismo su plan fiscal a largo plazo
Por ser el documento que va a guiar todo el proceso de reestructuración de la deuda pública, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quiere ver un sentido de urgencia en la elaboración del plan fiscal a largo plazo del Gobierno de Puerto Rico.
Por ley, una vez se constituye oficialmente el viernes la Junta de Supervisión Fiscal –creada por la ley PROMESA para controlar los asuntos financieros de la Isla–, sus miembros deben presentar al gobernador de Puerto Rico el calendario con el que debe cumplir para la elaboración del plan fiscal.
Pero, debido a que la Junta federal ha tardado un mes en llevar a cabo su reunión de organización, Pierluisi indicó que el gobernador Alejandro García Padilla debe publicar lo más rápido posible el plan fiscal de por lo menos cinco años que exige la ley.
“Si el gobernador tiene ya un plan fiscal con el apoyo del Tesoro de EE.UU., que lo someta a la Junta para ir ganando tiempo. Tanto la Junta como el Gobierno de Puerto Rico tienen que actuar con sentido de urgencia. El tiempo pasa y la situación fiscal del Gobierno está igual o peor. El plan fiscal es lo que le va a dar credibilidad al Gobierno”, dijo Pierluisi, en una entrevista en su oficina del Congreso.
La Junta federal requiere del plan fiscal para emprender el proceso de análisis de la deuda de cada dependencia del Gobierno de Puerto Rico y entonces poner en marcha las negociaciones voluntarias con los acreedores. A pesar de no tener el plan fiscal, la Junta anunció este fin de semana que en su reunión del viernes señalará las primeras dependencias del Gobierno que entrarán bajo su jurisdicción directa.
El plan fiscal que presente el gobernador a la Junta –una vez aprobado por sus miembros– tiene que ir luego a la Legislatura, antes de que la autoridad federal dé su visto bueno final.
“Esta ley busca estabilizar el Gobierno, que pueda cuadrar presupuestos y tener nuevamente acceso a los mercados de capital. La única manera en que eso se va a lograr es si tenemos un plan fiscal adecuado y logramos reducir el costo de la deuda", dijo Pierluisi.
El plan fiscal debe estimar los gastos y recaudos del Gobierno conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Pero, además, tiene que precisar los recursos para los servicios esenciales del Gobierno, “para que los sistemas de pensión puedan cumplir con sus obligaciones e identificar los fondos para obras de capital que promuevan el crecimiento económico”, agregó el comisionado, miembro del Grupo de Trabajo del Congreso que analiza posibles iniciativas para impulsar la economía de Puerto Rico. Las negociaciones voluntarias, por su lado, demandan el consenso de acreedores que tengan por lo menos dos tercios del valor de los bonos de una entidad gubernamental, antes de sellar un acuerdo de reestructuración frente a un juez federal. La ley permite que tanto el Gobierno como los acreedores puedan llevar ante la
PIERLUISI: “La ley exige que cualquier reestructuración de deuda sea consistente con el plan fiscal que aplique”
Junta una petición de reestructuración de deuda.
Las negociaciones consensuadas son, por mucho –advirtió el comisionado Pierluisi–, un mejor escenario que procesos de reestructuración judiciales contenciosos, los que la Junta puede poner en marcha con el voto de por lo menos 5 de sus 7 miembros.
“Tenemos que aprovechar el procedimiento para negociaciones voluntarias. Es más rápido y menos costoso. Hay que llegar a esos acuerdos antes de que expire la paralización de los pleitos que establece PROMESA, que vence inicialmente a mediados de febrero y en su máxima extensión, el 1 de mayo de 2017. Si llegamos a ese momento, caemos en el caos y la única alternativa son planes de ajuste de deuda bajo el título 3 de la ley, que es básicamente el capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras”, indicó Pierluisi. LA REUNIÓN DE LA JUNTA. Después de sesiones informativas con el Tesoro, los siete miembros con derecho al voto en la Junta federal y el re presentante del gobernador de Puerto Rico –que solo tiene voz– tienen previsto celebrar su reunión de nización orga el viernes, en Nueva York. El representante del gobernador, Richard Ravitch, no estuvo en los cuentros en con el Tesoro. lugarLa reuniónjusto cuandode organizaciónvencen los 30 tendrá días otorgados por la ley para los bros miem con derecho al voto –designados el pasado 31 de agosto por el presi dente Barack Obama– seleccionar al presidente de la Junta. En la primera reunión ofi cial, los miembros de la ta Jun precisaron que acordarán las primeras dependencias del Gobierno que colocarán bajo su control y establecerán el proceso hacia la selección del director ejecutivo.Más adelante, deberán reco- mendar al gobernador nombres para el puesto de oficial de revitalización.
Los miembros de la Junta recomendados por los republicanos son Carlos García, presidente del Banco Gubernamental de Fomento bajo el gobierno de Luis Fortuño; José Carrión, experto en seguros y cuñado de Pierluisi; el profesor de Derecho Corporativo en la Universidad de Pensilvania, David Skeel; y el experto en pensiones del grupo conservador American Enterprise Institute (AEI), Andrew Biggs. Los tres demócratas son José Ramón González, expresidente del BGF bajo el gobierno de Rafael Hernández Colón; la exdirectora de Finanzas del gobierno de California, Ana Matosantos; y el exjuez federal de quiebras Arthur González. “Es crucial que los miembros de la Junta ejerzan su criterio independiente, que hagan caso omiso de quien los recomendó para el puesto que tienen y tomen sus decisiones a base de su conciencia y su peritaje. Espero que los miembros no estén pendientes a si vinieron de las filas republicanas o demócratas”, sostuvo Pierluisi. Cabilderos han indicado que el favorito de los republicanos para presidir directorque la Junta Carrión ejecutivoha quieresido al recientemente Carrión III, experto en seguros. Y dicenproponeractual jefe como de Recursospersonal Representantes,A nombre del Mineralesdel subcomité presidentede la de Cámaradel Energía Comité de y Bill Cooper. de Recursos Naturales,(Utah), Cooperel republicanotuvo a Rob Bishop su proyecto cargo coordinarde ley que la terminó redacción siendo del PROMESA y que contó con colaboración de técnicos del Departamento del Tesoro. Líderes del Partido Popular Democrático (PPD) –que desde el primer momento cuestionaron el nombramiento de García a la Junta, ante el hecho de que en fecha cercana, de 2009 a 2011, coordinó la emisión de sobre $10,000 millones de la deuda– impugnan a Cooper como director ejecutivo, por su previa cercana relación con la industria del gas natural, y haber sido clave en la redacción de un proyecto que incentiva que la diversificación de las fuentes energéticas en Puerto Rico dé paso al gas natural y fuentes renovables.
Cooper, sin embargo, no es el único candidato para la dirección ejecutiva. El profesor Skeel es visto en Washington como un posible candidato de consenso para presidir la junta.
Pierluisi piensa que tienen que haber ocurrido ya conversaciones informales entre los miembros de la Junta en torno a un posible presidente y director ejecutivo. Pero, insistió en que el director ejecutivo debe ser una persona que “tenga amplio conocimiento en administración pública y excelentes destrezas de comunicaciones”. Antes ha dicho que sería ideal que fuera bilingüe.
“Como mínimo (el director ejecutivo) tiene que estar accesible y comunicar las decisiones y el resultado de los trabajos de la Junta”, dijo el comisionado Pierluisi.
El hecho de que para todos los efectos la Junta federal comenzará a actuar en octubre, a solo un mes de las elecciones generales de Puerto Rico, ha generado también preocupación, pues el próximo gobernador querrá influenciar en las decisiones.
“Al paso que vamos, el plan fiscal del Gobierno y de cualquier corporación pública va a tener el visto bueno de la Junta luego de las elecciones. Espero que el gobernador electo esté en comunicación con la Junta durante el proceso de transición”, sostuvo.
El sentido de urgencia para echar hacia adelante posibles procesos de reestructuración de deuda toma en cuenta no solo que entre mediados de febrero y el 1 de mayo vencerá el freno decretado en demandas judiciales de cobro contra el Gobierno de Puerto Rico, sino que las posibilidades de convencer al Congreso de hacer cambios a la ley PROMESA son escasas.
“Nadie debe estar esperando que el próximo Congreso va enmendar la ley PROMESA. Ya deberíamos saber lo difícil que es aprobar leyes en el Congreso. Hay que arar –acentuó Pierluisi– con los bueyes que hay”.
PIERLUISI: “Si el gobernador tiene un plan fiscal con el apoyo del Tesoro, que lo someta a la Junta para ir ganando tiempo”
Pierluisi: “Es el interés del Gobierno y los acreedores principales evitar que este asunto termine en procesos de quiebra contenciosos”