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Q La Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) modificó sustancialmente el Plan Integrado de Recursos (PIR) que presentó la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ante la incapacidad de la corporación pública de producir un documento que cumpliera con las disposiciones legales que requiere el proceso.
Las versiones del PIR ofrecidas por la AEE y elaboradas por un equipo liderado por la oficial de reestructuración Lisa Donahue, no contemplaron la incorporación de fuentes renovables de energía al sistema, las iniciativas para el cumplimiento ambiental, ni asuntos como eficiencia operacional y confiabilidad en el servicio. Esto, a pesar de que el PIR se suponía que marcara la evolución que tendrá la AEE en los próximos 20 años, explicó ayer el presidente de la Comisión, Agustín Carbó.
Del mismo modo, las proyecciones y los escenarios contemplados en el documento original sometido por la corporación pública enfrentaban serias dudas en torno a la metodología usada y la certeza de los datos.
“El Plan (que sometió la AEE) no cumplía con las expectativas de la Comisión y no se podía dejar a Puerto Rico sin un PIR, y más a la luz de lo que ha pasado en estos días con el apagón y con todos los desarrollos de la Junta (de Supervisión Fiscal). Todo esto hace que se tenga que tomar con mucho rigor la necesidad de presentar un PIR Modificado y aprobarlo”, dijo Carbó a El Nuevo Día.
El funcionario relató que se optó por elaborar y aprobar un plan de cinco años distinto al que propuso la AEE y revisable para el 2019, que contiene las metas a corto y algunas de mediano plazo de la AEE.
En teoría, de ahora en adelante este plan regirá los proyectos que podrá realizar la corporación pública, especialmente si se trata de inversiones de capital o asuntos que afecten la operación de producción y distribución de electricidad.
Es decir, para que la AEE pueda desarrollar un proyecto, como la construcción de una planta de generación de electricidad, el mismo debe estar contenido en el PIR. De lo contrario, la AEE no tendrá la facultad para llevarlo a cabo.
Este tipo de protección también se extiende a los proyectos críticos que se determinen bajo el dominio de la Junta de Supervisión Fiscal. Esto, porque la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés) provee para que la CEPR pueda detener aquel proyecto energético que no esté en el PIR.
“Esto es importante a la luz de PROMESA. La ley le da a la Comisión de Energía la facultad de evaluar proyectos que se entienden como críticos de energía, y le permite a la Comisión objetar aquellos proyectos que no cumplan con el PIR. Por eso se necesitaba tener el Plan y no dar margen a proyectos que no estén analizados y contemplados con anticipación”, dijo Carbó. PROYECTOS CONTENIDOS. Para la zona de Aguirre, en Salinas, la CEPR incluyó la obtención de los permisos del Aguirre Offshore Gasport, la “repotenciación” de las unidades 1 y 2 de la planta de ciclos combinados y la creación de una nueva unidad.
Por otro lado, para las instalaciones en Palo Seco, ubicadas entre Toa Baja y Cataño, se planteó iniciar el proceso para cambiar tres de las unidades pequeñas (con capacidad menor a 100 megavatios) para que puedan usar diferentes tipos de combustibles.
También se ordena el retiro de las unidades 1 y 2 de Palo Seco, las 3 y 4 de Costa Sur, y las 7 y 8 de la Central San Juan. Todas estas usan derivados de petróleo como combustible.
Por otro lado, la CEPR contempló en el PIR el inicio de una serie de procesos, entre los cuales está realizar una auditoría independiente sobre los contratos de energía renovable aún sin comenzar, y estudios sobre el potencial de eficiencia, demanda y almacenamiento de energía que tiene la AEE.
El ente regulador también estableció un itinerario para una serie de informes que tendrá que someter la AEE en temas como los litigios ambientales y la transmisión y distribución de electricidad.