Poco adelantado el análisis sobre La Parguera
A dos meses del veto, no hay avances para darle paso a nueva normativa
Cuando vetó en agosto el proyecto que hubiera creado una zona de planificación especial turística en La Parguera, el gobernador Alejandro García Padilla ordenó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) buscar una solución por la vía administrativa al conflicto que, hace décadas, rodea a las casas enclavadas en el agua que caracterizan la popular comunidad de Lajas.
Sin embargo, casi dos meses después, es muy poco el trabajo que ha adelantado el DRNA, aunque el secretario Nelson Santiago Marrero se mostró confiado en que podrá encaminar el proceso durante los pocos meses que restan de la presente administración.
“Estamos al tanto de la encomienda del gobernador… Es un asunto que, a nivel administrativo, el Departamento debe atender. El llamado que tenemos es, en estos meses, ser más activos y diligentes en cualquier asunto. No porque queden tres meses vamos a bajar la guardia”, enfatizó Santiago Marrero en entrevista con El Nuevo Día.
“Nos encontramos en el análisis sobre los mecanismos en ley, las alternativas dentro del marco legal para atender la situación”, añadió el secretario.
El Proyecto del Senado 1621 hubiera enmendado la “Ley Orgánica del DRNA” para legitimar las residencias que existen en la zona marítimo terrestre en La Parguera, al establecer un sistema de cobro por el uso de la superficie en los terrenos públicos ocupados por las estructuras.
Al confirmar su veto, García Padilla afirmó que la legislación hubiera creado “un precedente peligroso”, y dijo que no atendía “adecuadamente” el problema con las estructuras sobre pilotes. Fue entonces que puso el asunto en manos del DRNA.
Para el abogado Pedro Saadé, uno de los principales opositores del derrotado proyecto, sería inaceptable que el Gobierno mantuviera la inacción que lo ha caracterizado por décadas con relación a las casas en el litoral de Lajas. “Los instrumentos legales, el DRNA los tiene, tiene la facultad para imponer multas por todos los años que se ha venido ocupando esa zona costera, tiene instrumentos para dar órdenes de remoción de estructuras, tiene la facultad de recibir solicitudes porque puede haber un uso de la costa que esté contemplado en el reglamento”, enfatizó Saadé.
“Si no se hace nada, vamos a caer en lo mismo, y vamos a tener otro proyecto de ley en el panorama próximamente” PEDRO SAADÉ Abogado ambientalista