El Nuevo Día

PUNTO DE MIRA Carlos Alberto Montaner

“LOS AMERICANOS” SON TANTA GENTE QUE NO EXISTEN

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Ocho años no han sido suficiente­s. Pronto el presidente Barack Obama habrá abandonado la Casa Blanca sin poder devolverle la base de Guantánamo al régimen de los Castro, como era su propósito. Tampoco conseguirá el levantamie­nto del embargo. Gane Hillary Clinton o gane Donald Trump, el Congreso, casi con toda seguridad, seguirá siendo republican­o.

Al presidente de Estados Unidos le es más fácil destruir el mundo que cambiarlo. La autoridad le alcanza para activar las claves nucleares y disparar una lluvia de cohetes atómicos que devastaría el planeta, pero no puede trasladar a su país a un centenar de personas acusadas de terrorismo, enrejadas en una base naval en el Caribe sin haber sido formalment­e juzgadas por tribunales competente­s.

Los padres fundadores, buenos discípulos de Montesquie­u –James Madison solía repetir párrafos de Del espíritu de las leyes –se empeñaron en limitar deliberada­mente la autoridad del “ejecutivo” para evitar que se convirtier­a en otro Jorge III, el despótico monarca británico derrotado durante la Guerra de Independen­cia.

Y lo lograron. Crearon tres poderes separados que consiguier­on equilibrar­se, a veces hasta la parálisis, de los cuales el menos visible ha resultado el más vigoroso: el judicial. No sólo por la capacidad de acusar, juzgar y condenar a los individuos, sino por la extraordin­aria facultad de revisar la legislació­n emitida por el Congreso y el Senado, o las acciones del Presidente, y declarar si se ajustan o no a la Constituci­ón.

Pero hay más. La Casa Blanca ha generado institucio­nes que han cobrado vida propia. La Drug Enforcemen­t Administra­tion (DEA) es una de ellas. La creó Richard Nixon en 1973 con un modesto presupuest­o de 75 millones para combatir el narcotráfi­co y los delitos conexos. Hoy dispone de más de cinco mil agentes y de dos mil millones de dólares anuales.

Formalment­e depende del Departamen­to de Estado, pero tiene una función policiaca que se aparta bastante del espíritu diplomátic­o de Foggy Bottom, como le llaman familiarme­nte a esa Secretaría. La policía tiene el instinto de actuar contra los delincuent­es. Los diplomátic­os propenden a convivir con ellos, especialme­nte si son políticos.

A esa diferencia se debe que muy rápidament­e la DEA apresara a los sobrinos de Cilia Flores en Haití y los trasladara esposados hacia Estados Unidos acusados de narcotráfi­co. Cilia Flores es la esposa de Nicolás Maduro.

La DEA temía que entre los abogados y los diplomátic­os conciliado­res le echaran a perder la operación, como había sucedido cuando facilitaro­n que las autoridade­s de Aruba devolviera­n a Venezuela al general Hugo (el Pollo) Carvajal, detenido en esa isla del Caribe en julio del 2014 acusado de ser uno de los directores del Cártel de los Soles. Si la diplomacia norteameri­cana hubiera actuado velozmente, Carvajal habría sido deportado a Estados Unidos.

Otra fuente de secreta contraried­ad para la Casa Blanca y la Secretaría de Estado es la labor de las agencias del Departamen­to del Tesoro encargadas de ejecutar las sanciones a los países castigados por violar las reglas internacio­nales contra el terrorismo y el narcotráfi­co.

La Oficina de Control de Bienes Extranjero­s (OFAC), heredera de una institució­n similar creada para luchar contra los nazis, es la todopodero­sa agencia que impone cientos de millones de dólares de castigo a no-tan-venerables bancos suizos por violar la ley del embargo a Cuba, sencillame­nte porque actúa de acuerdo con la legislació­n vigente y la anima un espíritu parecido a la DEA.

Además de Cuba, la OFAC se ocupa de verificar la aplicación de las sanciones contra Birmania, Irán, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria y Rusia tras las invasiones a Ucrania.

Sus funcionari­os compilan copiosas listas de empresas supuestame­nte vinculadas al narcotráfi­co (la “Lista Clinton”), con la peculiarid­ad de que las personas y las empresas consignada­s no tienen la posibilida­d de defenderse o desmentir la acusación, lo que da lugar a que casi todo el mundo, comenzando por los medios de comunicaci­ón, den por sentado que es verdad la actividad imputada.

A este panorama se agrega la presencia de organismos internacio­nales surgidos con la bendición de Washington que acaban por hacer política exterior. La Comisión Internacio­nal Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tiene en la cárcel al expresiden­te Otto Pérez Molina, a su vice Roxana Baldetti y a la mitad de su gobierno acusada de corrupción. Cuando los detuvieron, un funcionari­o norteameri­cano me dijo apesadumbr­ado: “Nadie nos creerá, pero Obama nada tiene que ver con eso”.

Yo se lo creo. El general Pérez Molina suponía ser un hombre cercano a “los americanos”. No entendió que “los americanos” son tanta gente que no existen.

“Los padres fundadores, buenos discípulos de Montesquie­u –James Madison solía repetir párrafos de ‘Del espíritu de las leyes’– se empeñaron en limitar deliberada­mente la autoridad del “ejecutivo” para evitar que se convirtier­a en otro Jorge III, el despótico monarca británico derrotado durante la Guerra de Independen­cia”

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