Junta, negación y fantasía “Ni el Congreso ni el Presidente de los Estados Unidos, creadores del embeleco, jamás han prometido acabar con la corrupción en Puerto Rico...”
El estado de negación respecto a los poderes y las funciones de la Junta de Control Fiscal, no es que esté atacando solamente el discurso de los candidatos políticos, que flotan en su propia nube. Es que está por todas partes, cala en lo más hondo de las instituciones y las mentalidades, y distorsiona el análisis desde el principio.
La Junta no viene a combatir la corrupción. Claro que no. Repetirle hasta el cansancio a la gente esa frase de que “no se crean que la Junta va a acabar con los corruptos”, es persuadirla de que alguien en algún momento lo estableció así, lo cual es falso.
Ni el Congreso ni el Presidente de los Estados Unidos, creadores del embeleco, jamás han prometido acabar con la corrupción en Puerto Rico mediante un grupo de siete tecnócratas que vienen a manejar un presupuesto. La corrupción la deben atajar los tribunales locales y federales, y el Departamento de Justicia. ¿A santo de qué la va a combatir la Junta? ¿A ellos qué más les da meter preso a un mequetrefe con suerte, un “Forrest Gump”, que eso es lo que es Anaudi, que compra carteras y lo anota en una listita?
Pero se sigue repitiendo y machacando que no nos creamos que la Junta viene a combatir la corrupción, sino a apoyarla. Incluso se está hablando de que los miembros de ese organismo estarían reuniéndose en cuartos oscuros con contratistas, y entrando en chanchullos con los inversionistas políticos para que les hagan regalos. Se está pensando en chiquito, reduciendo un proceso de grandes ligas como ése, a la batalla campal de los partidos locales.
La Junta viene a disponer de los presupuestos y a poner en marcha medidas dolorosas, pero tengo la sospecha de que esos siete, que se podrían supervisar los unos a los otros, no van a arruinar sus carreras, que más que nunca dependen de lo que hagan aquí, por un estúpido soborno. Responden al Congreso y al Presidente, que no es poca cosa. Ninguno viene a morir en esta orilla, ni se va a dejar el pellejo por favorecer a un contratista que les puede prometer qué, ¿siete millones de dólares, uno por cabeza?
El único elemento que podría mitigar la corrupción, es un elemento indirecto y matemático: ellos van a mangonear y a disponer de los dineros que entran y salen. Quedará poco, tal vez centavos, para que los alcaldes (los que sobrevivan a la consolidación de municipios) y los legisladores puedan tocar con limón a sus amigos. Todos esos candidatos a la Legislatura que vemos peleándose por mantenerse en ella, o por llegar como próceres de nueva ola, se conforman ya con el sueldo (generoso), los beneficios del plan de salud, los del carro y otras misas sueltas, y con la comodidad del trabajo suave, que les permite ausentarse cuando quieren. Del lobo un pelo. Pero todo ese dinero que manejaban antes, para sus movidas y sus barrilitos, ya no lo van a tener.
La Junta tampoco fue creada para rendirnos cuentas y tener la aprobación del pueblo, ¿de dónde se han sacado eso? De la distorsión deliberada. Es como si nos hubiéramos caído de la mata ayer.
Nunca pasó esa idea por la cabeza de Orrin Hatch ni de Paul Ryan, ni de ninguno de los funcionarios que han estado cortando el bacalao en el Tesoro. Nunca dijeron que iban a consultar “con el pueblo” sus decisiones, ni a darle participación “al pueblo”. Todo eso es parte de la ficción colonial, y a base de esa misma ficción se persuade a la gente de que pueden y deben “exigir”, o de que pueden y deben “fiscalizar” a la Junta. No es cierto. Nadie está en posición de exigir ni de fiscalizar nada.
Decía Malraux que los intelectuales “suelen ser incapaces de abrir un paraguas”. Aquí algunos suelen ser incapaces de ver el panorama tétrico. Y les apagan la luz, les apagan el País completo para que se den cuenta, y ni siquiera así.
La auditoría a la deuda, que francamente era algo de rigor, de la más pura y legítima necesidad, ahora ya no puede hacerse. O podría hacerse, pero no a tiempo para detener el proceso de la Junta. ¿Cuánto toma realizar esa auditoria, a ver? ¿Meses? No tenemos meses. ¿Un año? Ni soñarlo. El momento de auditar era hace cinco o seis años, o hace cuatro, cuando llegó esta administración. Pero se fueron a París con Anaudi.
Si se ha hecho tarde, se ha hecho tarde. Ese concepto tan sencillo de lo irremediable no se asume todavía. Y eso es mortal. No por este momento histórico, que éste ya se perdió, se destarró por completo, sino por los que vengan. Aquí lo de la Junta se sigue enfocando desde la lógica y la filosofía del ELA. De ahí que resbalemos en los mismos espejismos y hasta en la misma semántica de la politiquería de siempre.
Oí esbozar el otro día una pregunta, que sería interesante que los expertos y los candidatos a la gobernación la respondieran: si el Gobierno de Puerto Rico sigue negándose a someter la información que se le requiere; si se llega al punto en que se obstaculiza de manera rotunda la operación del Grupo de Trabajo o “Task Force” que debe presentar su informe en diciembre, y se complica, por las buenas o las malas, la labor de la Junta, al punto que se hace inoperante, ¿qué impediría a los jueces federales abrir las compuertas para que los acreedores pasen a congelar los fondos públicos? Más aún: ¿qué impedimento legal podrían tener los Estados Unidos para que, con la sola excepción del Seguro Social y el Medicaid, disparasen una moratoria temporal en las transferencias de fondos federales a la Isla?
Ese sí que no es un panorama de fantasía. Juro que no. O, como dicen en las novelas turcas, “Por Alá que no”.