Urge una nueva estructura contributiva federal para reactivar la economía local
●●●Sector empresarial plantea la importancia de que la empresa nativa sea centro de la estrategia económica venidera con PROMESA
Aunque reconocen que el ambiente político en la capital federal es extremadamente complejo, el liderato empresarial de Puerto Rico está convencido de que se necesita una nueva estructura contributiva federal para reactivar la economía local.
En esta ocasión, sin embargo, quienes abogan por una nueva enmienda al Código de Rentas Internas federal aseguran que la llamada “propuesta de crecimiento” ha sido diseñada cuidadosamente para que su implementación redunde en mayor inversión y creación de empleos, pero también en vínculos estrechos con la empresa local y el suplidor minoritario e incluso, en una fuente de ingresos al propio Estados Unidos.
Eso dijeron en una mesa redonda con El Nuevo Día, el vicepresidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Francisco García, el presidente del comité de Asuntos Gubernamentales de la AIPR, Carlos Serrano, el economista Juan Lara, la vicepresidenta ejecutiva del Concilio de Suplidores Minoritarios de Puerto Rico (PRMSC), Jacqueline Matos y el presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico (APPR), Ramón Pérez Blanco, y quienes coincidieron en la necesidad de que todos los sectores aúnen esfuerzos para lograr cambios en la política pública federal hacia Puerto Rico.
“Aquí hay un asunto de lección aprendida. El empresario local lleva 10, 11 años en este marasmo”, dijo Pérez Blanco al plantear que en esta nueva coyuntura, la empresa nativa y el capital local tienen que estar al centro de la estrategia económica que se trace para la Isla. LECCIÓN APRENDIDA. Según Pérez Blanco, luego de la experiencia adversa con la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, Puerto Rico debe asegurarse de que las estrategias que implemente a largo plazo vayan dirigidas al fortalecimiento de la empresa nativa y el capital local, pues urge quebrar la tendencia de “discrimen” que siempre ha prevalecido desde la institucionalidad a la producción local.
Pérez Blanco y sus homólogos han integrado esfuerzos a través de la Coalición del Sector Privado (CSP), la entidad que por el pasado año, se ha convertido en el principal vehículo de cabildeo para el sector empresarial de la Isla en la capital federal. En especial, la CSP adquirió relevancia durante la discusión de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económico de Puerto Rico (PROMESA, en inglés). El estatuto creó el llamado Task Force para la Economía de Puerto Rico, en parte, a sugerencia de la CSP.
El líder de la APPR reconoció que el contexto para aprobar una nueva enmienda al Código de Rentas Internas federal está plagado de obstáculos, pero destacó que de aprobarse la iniciativa, el Gobierno de Puerto Rico “tiene que exigir” que los incentivos contributivos federales que se aprueben estén condicionados a que se inserte al empresario local como parte del ciclo de actividad económica que se crearía en la Isla. Ello, de concretarse una enmienda a la sección 245 y otras secciones a fin de atraer inversión de multinacionales estadounidenses a la Isla.
“Eso que indica Ramón es algo que todos fomentamos y que ya hemos integrado”, indicó, por su parte, García haciendo referencia a la propuesta presentada al grupo congresional bipartita que examina la situación económica de Puerto Rico.
De acuerdo con Matos, con el paso del tiempo, ha quedado demostrado en múltiples regiones del mundo que el verdadero impacto de la atracción de multinacionales reside en la capacidad para crear un ciclo de actividad fuerte si en este se incluyen a suplidores establecidos en la jurisdicción, pues estos suelen crear un número mayor de empleos.
En Puerto Rico, según Matos, existen unos 500 suplidores minoritarios que prestan servicios a multinacionales, y en conjunto, estos emplean unas 49,000 personas. UNA PROPUESTA “DISTINTA”. “Esta propuesta, a diferencia de otras, se diseñó de manera muy distinta. Esto no es otra 936”, indicó categóricamente Serrano, uno de los creadores de la estructura que conferiría un trato contributivo especial a empresas con operaciones en la Isla bajo ciertas condiciones.
Serrano reconoció que Puerto Rico encara el lastre de la sección 936.
Para mediados de la década de 1990, el Congreso procuró la eliminación de la sección, bajo la creencia de que al derogar el régimen que libraba a las multinacionales de repatriar sus ingresos, redundaría en más ingresos para el Tesoro federal.
Para Puerto Rico, según Serrano, el efecto de la derogación de la 936, junto con la aprobación de tratados de libre comercio, fue colocar a Puerto Rico como una plaza de producción internacional que compite directamente con Irlanda y Singapur, los otros dos enclaves de manufactura en biociencias más importantes del mundo.
Informes congresionales apuntan a que la 936 le costó unos $86,000 millones al fisco federal.
Empero, según Serrano, el verdadero efecto de la eliminación de la sección 936 para Estados Unidos, fue perder en definitiva la oportunidad de que las multinacionales repatrien sus ingresos devengados fuera suelo estadounidense.
De acuerdo con Serrano, ahora que se estima que las multinacionales estadounidenses tienen sobre unos $3 trillones en ingresos sin repatriar a Estados Unidos, hay un cierto nivel de consenso en la capital federal en torno a modificar el régimen contributivo de la primera economía del mundo.
Según Serrano, ese es el telón de fondo que dio paso a la 245A, pues si bien la propuesta confiere una exención
Esta propuesta surge por la necesidad y viabilidad de facilitar que ciertos negocios de alto impacto puedan tener un mecanismo para transferir sus dividendos a Estados Unidos, mientras crea una oportunidad para las empresas en Puerto Rico” Carlos Serrano presidente del comité de Asuntos Gubernamentales en la AIPR
del 85% de los ingresos que se generen en Puerto Rico, la medida establece que la empresa que se acoja al incentivo tendrá que pagar impuestos al Servicio de Rentas Internas federal sobre el restante 15% de los ingresos que genere en la Isla, aunque a la mitad de la tasa corporativa actual.
ESTRATEGIA DE ESCALA. “Si tuviéramos que dar la batalla por una sola estrategia sería esta”, indicó Lara, quien asesoró al grupo que creó la propuesta de crecimiento.
De acuerdo con Lara, en la actualidad, no hay nada en el panorama económico de Puerto Rico que tenga la capacidad de reactivar la economía local, cuyo producto bruto se ha achicado entre 14% y 15% desde 2006.
“Hay un consenso en Estados Unidos, también los demócratas han entendido, que se necesita un sistema contributivo territorial”, indicó Lara haciendo referencia al sistema de tributación que prevalece en prácticamente el resto del mundo.
En esencia, un régimen contributivo territorial significa que el país tributa a la empresa por lo que esta genera en su territorio. El sistema estadounidense busca que las empresas registradas en ese país paguen impuestos por lo que generan en suelo estadounidense y por el ingreso que devenguen en cualquier otra parte del mundo.
“Sabemos que para la economía se estabilice, necesitamos una inversión sustancial”, dijo Lara.
Al presente, el volumen actual de inversión en Puerto Rico ronda unos $8,000 por año, dijo Lara al agregar que Puerto Rico necesita unos $12,000 millones por año y recordar que el Gobierno carece de recursos para impulsar dicha inversión.
En ese sentido, según Lara, la propuesta contribuiría a un crecimiento anual del producto bruto entre 1% y 2%y crearía unos 50,000 empleos.
Aunque ambos estimados se quedarían cortos en relación a lo que necesita Puerto Rico, según Lara, la estructura diseñada ha despertado interés en la capital federal y también en varias multinacionales. Ello, porque la tasa efectiva de la propuesta, en el orden de 2.63%, dista considerablemente de la tasa estatutaria estadounidense y que ronda 35%.
“Necesitamos frenar y revertir el proceso de desindustrialización que experimenta Puerto Rico”, subrayó el economista al insistir que se necesita una estrategia de escala para revertir la contracción que experimenta la Isla.
En ese sentido, García explicó que al presente, Puerto Rico encara el reto de mantener su infraestructura industrial. Ello, porque existe un exceso de capacidad y porque, a medida que se agota la línea de producción de fármacos y otros dispositivos en la Isla, no se invierte en las instalaciones, propiciando su obsolescencia.
ESTRATEGIAS MULTIPLICADORAS. El efecto de la 245A podría ampliarse, a juicio de Matos, si el Task Force incorpora en sus recomendaciones de política pública la creación de una “zona en deterioro económica”.
De acuerdo con Matos, al presente, los suplidores que en Puerto Rico cumplen con los estándares de calidad para prestar servicios o proveer bienes a multinacionales, generan unos $5,000 millones en ventas al año.
“Las compras a empresas minoritarias puede ser un factor que movilice la economía”, dijo Matos.
Según Matos, en lugar de que los incentivos se aten a la creación de empleos en la multinacional, si la 245A se vincula a la compra o contratación de empresas minoritarias o globales, ello tendrá múltiples efectos en la economía de la Isla y que van desde un alza en las ventas de estas empresas que se estima en unos $2,000 millones por año, hasta la transferencia de conocimiento entre la multinacional y la empresa suplidora.
Según Matos, la designación especial, aunque sería parecida a las zonas empresariales, permitiría que Puerto Rico, así como a cualquier otra jurisdicción en problemas financieros, gozar de beneficios específicos.
En el caso de Puerto Rico, dijo Matos, el parámetro para la designación especial podría ser una tasa de desempleo superior al 9% y que la jurisdicción esté bajo una junta supervisora como la que provee PROMESA.
Esa alternativa podría complementarse, dijo Pérez Blanco, si también se legisla para que una parte de las compras federales tenga que hacerse a empresas en Puerto Rico.