Puerto Rico no aceptará otra traición a sus empleos
El sector empresarial puertorriqueño ha presentado ante el gobierno federal un modelo de negocios que puede lograr una importante inyección de capital de inversión en Puerto Rico, en beneficio tanto de la Isla como de Estados Unidos, al crear aquí empleos
La propuesta para establecer la Sección 245A en el Código de Rentas Internas Federal, u otro incentivo con cualidades similares, cuenta con el respaldo de manufactureras estadounidenses que buscan llevar a Estados Unidos el fruto de sus negocios en el exterior, en condiciones aceptables para el Departamento del Tesoro.
La propuesta, un impuesto especial reducido para las corporaciones establecidas aquí, causaría el mayor impacto en la economía de Puerto Rico a corto y largo plazo, entre todas las propuestas que están sometidas ante el Task Force del Congreso, creado por la Ley federal PROMESA para recomendar iniciativas para el desarrollo económico de la Isla.
Contrario a la desaparecida Sección 936, que se diseñó como una herramienta exclusiva para Puerto Rico, de la 245A podrían beneficiarse todos los estados y territorios de Estados Unidos, lo que desprestigia cualquier argumento de que se trata de una ley de privilegio.
Mientras tanto, al sector industrial le aplica la Ley 154 de 2010, que estableció un impuesto especial de 4% a las corporaciones foráneas que adquirieran propiedad mueble en Puerto Rico y cuya vigencia fue extendida hasta 2017, la que ha representado ingresos multimillonarios al Erario local.
Es indispensable aprobar una nueva extensión a la Ley 154 para evitar que Puerto Rico pierda cerca de $2,000 millones de su presupuesto. Para ello, los candidatos a la gobernación deben expresarse claramente a favor de ese incentivo aprobado en 2010 por la Legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista y extendido en 2013 por la controlada por el Partido Popular Democrático.
La propuesta que contiene la 245A cuenta con receptividad en la Casa Blanca y de importantes líderes del Congreso, como el senador republicano Orrin Hatch.
Es vital que los candidatos a la gobernación cierren filas con los trabajadores puertorriqueños, respaldando la única iniciativa que puede lograr que la manufactura cree los empleos que acabarán con el éxodo masivo e incentivarán el regreso de nuestra gente.
Es preciso que Ricardo Rosselló y Jenniffer González, candidatos para gobernador y comisionada residente por el PNP, no afecten con sus intereses electorales e ideológicos la oportunidad de que el gobierno federal dé paso al incentivo contributivo que permitirá que el trabajador puertorriqueño provea alimento, abrigo y techo a su familia.
Es inadmisible que el actual liderato del PNP repita el juego ideológico que en la década de 1990 provocó la muerte de la Sección 936 porque sectores estadistas la etiquetaron como un impedimento para la estadidad. La falta de apoyo del entonces gobierno de Puerto Rico a la 936 facilitó lo que el Congreso no hubiera logrado de otra manera: erradicar el incentivo que movía la rueda de toda la economía puertorriqueña.
Alrededor de dos décadas después, el resultado de esa guerra ideológica ha sido que Puerto Rico perdió cerca de 100,000 empleos de alta calidad, además de empleos indirectos, lo que ha contribuido a la peor crisis de nuestra economía, sin haberse logrado la estadidad.
Es preciso que el PNP tome conciencia de que, en este momento tan crítico para nuestro pueblo, las luchas ideológicas que tanto daño han hecho a la economía y la sociedad puertorriqueñas, tienen que dar paso al consenso político, empresarial y social a favor de los empleos de nuestros trabajadores y de la recuperación de Puerto Rico.
El Task Force, que rendirá su informe en diciembre, tiene la Sección 245A sobre la mesa. Corresponde a los candidatos, al gobierno y al sector privado, formar el consenso que conseguirá el apoyo de Washington que Puerto Rico necesita.