Figuras públicas y privadas en la mirilla de Justicia
Como secuela del caso federal por corrupción e inversionismo político en el que fue convicto Anaudi
El secretario de Justicia, César Miranda, adelantó que se presentarán cargos contra empleados públicos y personas privadas como secuela a nivel estatal del caso por corrupción y venta de influencias en el que resultó convicto el otrora recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez y otros acusados.
No descartó que algunas de estas acusaciones -por violación al Código Penal y al Código Electoral- se produzcan antes de que finalice el año.
“Puede ocurrir con empleados públicos y con personas que aún no hayan sido mencionadas. Nosotros además de estar trabajando coordinadamente con lo que ocurrió con las vistas de este juicio, también hemos estado trabajando, mirando muy de cerca, el aspecto electoral. Entonces, ahí nos hemos integrado con el contralor electoral, (Manuel Torres) y también estamos mirando par de asuntos coordinadamente”, dijo Miranda a preguntas de El Nuevo Día.
“Estamos en una investigación mirando a ver si toda la gente que se ha mencionado (en el juicio federal) ha cumplido con la Ley Electoral de Puerto Rico, por ejemplo, porque hay muchas que se han dicho y hay otras que han quedado al resguardo, y no se han dicho. Estamos haciendo esa investigación y estamos mirando más allá de lo que acontenció en el tribunal (federal). Otros asuntos que han ido surgiendo con personas que no fueron mencionadas anteriormente”, agregó.
Durante el juicio federal, un jurado encontró culpable a la exjefa de la Administración de Desarrollo Laboral Sally López Martínez; la exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Ivonne Falcón Nieves; su hermana, Marielis Falcón Nieves y el exayudante especial de la Cámara de Representantes, Glenn Rivera Pizarro.
Durante el juicio surgieron los nombres de otros dos socios de Hernández Pérez como el excomisionado electoral del PPD, Eder Ortiz y Ramses Maldonado, así como el oncólogo Rolando Jiménez, entre otros nombres. Jiménez, según los testimonios, supuestamente dio un donativo de $80,000 por encima de la Ley Electoral. Maldonado y Ortiz supuestamente se las ingeniaron para crear corporaciones fantasma y así lograr contratos en el Gobierno, trascendió en el juicio.
El abogado Harry Anduze no descartó ni rechazó que haya asesorado legalmente a Ortiz. “Eder Ortiz no está imputado de nada. A mí mucha gente viene y me consulta, y yo no puedo hacer pública las personas que vienen a consultarme. Las comunicaciones entre personas y abogados son confidenciales y eso incluye el que alguien venga a ver a alguien”, dijo el abogado.
La senadora popular Mari Tere González se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos cuando la fiscalía le preguntó por un donativo o pago de $2,000 de Hernández Pérez.
El exadministrador de la Administración de Servicios Generales, Luis Castro, por su parte, renunció tan pronto comenzó una pesquisa en su contra por presuntamente recibir un préstamo de $5,000 de parte de Héctor Vargas Soto, uno de los socios de Hernández Pérez en sus múltiples empresas.
“Hay otros casos en proceso", advirtió Miranda.
En las postrimerías del juicio federal, el Departamento de Justicia comenzó una investigación contra la senadora y Castro. Ambas pesquisas no han concluido, dijo el secretario.
Destacó que, por el momento, el Departamento de Justicia transcribe los testimonios vertidos en el pleito federal.
“Hemos ya llevado a cabo la transcripción de distintos testimonios que son de interés. Los más importantes: el de Vargas, Anaudi y el de los otros testigos. Los tenemos todos, pero hemos ido transcribiéndolos porque se hacían revelaciones hacia personas que podían constituir delito local. A base de eso, iniciamos una investigación que dio curso a que notificáramos al FEI sobre una investigación abierta para la senadora Mari Tere González. La declaración (de ella) en el tribunal la hemos ido complementando con otros datos, resultados de investigación directa, con otros testigos”, explicó Miranda.
Ahora bien, Justicia tiene el reto de deslindar el juicio federal de lo que puede ser el pleito estatal , sobre todo, tomando en consideración que la fiscalía federal ya ha anunciado que habrá una segunda ronda de acusaciones por actos de corrupción. Además, deben hacerlo sin pisar el espacio de los federales a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos (caso Sánchez Valle) que determina que el Estado Libre Asociado no tiene soberanía para juzgar a una persona por un delito por el que ya haya sido juzgado en el ámbito federal.
“Esto lo que conlleva es una coordinación. Esto no es nuevo, en los casos de Ley de Armas muchas veces hacíamos esta coordinación. Lo que demanda es un trabajo coordinado de manera que nuestra investigación no irrumpa en posibles causas de acción que ellos puedan llevar o que la de ellos no interfiera con algunas que nosotros podamos llevar”, dijo Miranda.
“Estamos en una investigación mirando a ver si toda la gente que se ha mencionado (en el juicio federal) ha cumplido con la Ley Electoral” CÉSAR MIRANDA secretario de Justicia