Piden más tiempo para reclamar
Plazo para unirse a reclamo por daños en caso Rosa Lydia Vélez vence el día 31
A solo diez días para que venza el plazo otorgado por el tribunal para que individuos con impedimentos que no recibieron servicios adecuados de Educación Especial o sus familiares se unan a la reclamación de daños como parte del caso Rosa Lydia Vélez, solo una ínfima cantidad de las familias que podrían cualificar para el pleito contra el Estado han formalizado su interés de unirse al recurso judicial.
Ante esto, los representantes legales del pleito pidieron al tribunal que extienda el término más allá del próximo 31 de octubre, de modo que más personas puedan ser orientadas sobre los requisitos para ser parte de esta fase en la que tendrán oportunidad de reclamar una indemnización por los daños que ha sufrido ante la negligencia que reconoció el Estado.
Al momento, se han presentado 1,300 solicitudes para reclamar daños, confirmó vía telefónica el comisionado del pleito, Carlos Rivera Martínez.
Esto es un porcentaje bien pequeño del universo de individuos que cualifican para presentar una reclamación, argumentó el abogado José Torres Valentín. Actualmente, hay 146,985 estudiantes matriculados en Educación Especial, de acuerdo a datos provistos ayer por el Departamento de Educación.
“Entendemos que el factor principal es el desconocimiento generalizado entre la población. Nos sorprende el desconocimiento entre los padres, madres y encargados de los estudaintes activos, pero se agrava más entre los padres de los estudiantes inactivos, los que ahora son adultos”, expresó Torres Valentín.
El Comité Timón de Padres de Niños con Impedimentos ha celebrado varias asambleas en toda la Isla, en las cuales ha quedado en evidencia la falta de información y las dudas entre los posibles reclamantes. Entre los requisitos, los padres, encargados o individuos con impedimentos deben llenar una solicitud disponible en internet y además llenar un documento para pedir el expediente del estudiante ante el Departamento de Educación. No están obligados a tener el expediente a la mano cuando presentan la solicitud, pero sí evidencia de que se pidió.
En muchos casos de adultos con impedimentos severos, estos dependen de sus padres, quienes son adultos mayores que no necesariamente tienen los conocimientos tecnológicos para conseguir los documentos y llenarlos, señaló la directora ejecutiva de la entidad Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos (APNI), Celia Galán.
“Nosotros hemos recibido cientos y cientos de llamadas de personas pidiendo ayuda y recibimos aquí a las personas para ayudarlos a llenar los documentos. Si nos dicen que no tienen internet, que no saben usar la computadora, le asignamos a uno de nuestros empleados para que le asistan”, indicó Galán, quien destacó que ha notado resistencia entre los padres cuando se les informa que hay unos costos en los que tendrían que incurrir cuando avance el proceso, como el pago de peritos.
En junio se autorizó la publicación de un edicto para informar los pasos que se debían tomar para que los in- dividuos con impedimentos afectados por la falta de servicios de Educación Especial se una al reclamo. La fase de daños del caso Rosa Lydia Vélez no está certificada como pleito de clase, a diferencia de la fase conocida como “interdictal” y bajo la cual en el 2002 se firmó una sentencia por estipulación.
No obstante, se autorizó que todos los individuos que componen la clase demandante se unan al reclamo de daños, lo que significa que pueden presentar la solicitud todos los estudiantes de Educación Especial a quienes el Estado no les está proveyendo los servicios educativos o relacionados que necesita, así como todos los individuos con impedimentos que estaban en edad escolar cuando se radicó el pleito en 1980 y posterior a eso.